Colombia le pide perdón a Raiza Isabela Salazar, mujer trans discriminada e ignorada por el Estado
Es la primera vez que un Gobierno, en el sistema interamericano de derechos humanos, pide perdón a una mujer trans sin que una condena le obligue
![Raiza Isabela Salazar](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZT6WO6HOU5HUFDHWLJPPWGWQF4.jpeg?auth=4453ab72855310b6a0f760be25591195e6ebaab28ea7752a11c49a876f22280d&width=414)
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El 8 de agosto de 2022 una mujer trans llamada Raiza Isabela Salazar, quien vive en el pequeño municipio de Dagua, en el occidente colombiano, llegó a un acuerdo legal con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ganó una petición de perdón. “El Estado colombiano autónomamente reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” de Raiza, dice un comunicado sobre el caso. Raiza Salazar sobrevivió a la violencia del conflicto armado y a la discriminación contra la población LGBTI+, pero la instituciones de justicia no investigaron la violencia contra ella, ni intentaron protegerla. Por eso, en pocas palabras, el Gobierno de Colombia ahora le pide perdón.
“El perdón es algo que se saca del alma”, dice Salazar en un video preparado para este martes, día en que el Estado le pide perdón. “El Estado siempre nos ha tenido en un desprecio absoluto”, añade, e incluye a otros grupos discriminados: los indígenas, los afrocolombianos, los gays. En Colombia hubo más de 50 transfeminicidios en 2022, y al menos 24 reportados en 2023. “Un perdón general, un perdón a todo el universo que no debe ser discriminado”, termina.
“Muchas, como Raiza, siguen sintiendo que el Estado está llegando tarde”, dijo una hermana de Salazar en la ceremonia, que tuvo lugar en la ciudad de Cali. “El que hoy esté acá el Estado pidiendo perdón a Raiza es resultado de nuestra lucha”, añadió. “Entendemos la importancia de pedir perdón, aunque ello no sea transformador”, dijo uno de los abogados de Salazar.
El caso de Salazar arrancó cuando ella se mudó en 2001 a Dagua, cerca a la capital departamental y donde había comprado una propiedad. Pero allí “fue víctima de reiteradas amenazas por parte de vecinos y posteriormente fue atacada con balas de salva”. Balas que, dice ahora el Gobierno, venían de grupos paramilitares. Salazar sobrevivió pero, en 2005, decidió abandonar Dagua para salvar su vida. Alertó entonces a las autoridades que ella era desplazada de la violencia.
En un intento de obtener justicia, regresó en 2009. Volvió a ser amenazada, pero esta vez decidió denunciar los hechos violentos en su contra ante la Fiscalía. De acuerdo al caso legal actual, Salazar dijo entonces, en su denuncia, “que en el mes de octubre de 2009 recibió amenazas e insultos, y que los hechores arrojaban basura y heces de caballo, así como rocas a su casa, y que los denunciados ingresaron a su propiedad subiéndose al techo, ordenándole salir, indicando que la matarían”.
La denuncia fue remitida a la Oficina de Contravenciones de la Policía de Dagua, pero no hubo ningún avance durante años. Salazar llevó entonces su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012. Y, antes de un fallo condenatorio, el Estado colombiano decidió llegar a un acuerdo con ella.
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“En el caso específico de Raiza Isabela Salazar, al Estado le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, dijo Jhon Camargo, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Es la primera vez que un Gobierno, en el sistema interamericano de derechos humanos, pide perdón a una mujer trans sin que una condena le obligue. La petición de perdón ocurre en el mismo día en que el Estado sí fue condenado por la persecución a la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
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