La captura de alias Pipe aviva la violencia en Tuluá
Más de 400 uniformados llegan al municipio vallecaucano tras un fin de semana en el que los ataques de una banda criminal paralizaron la ciudad
Tuluá amaneció este lunes militarizada. Tras un fin de semana de violencia, en el que hubo dos asesinatos, la quema de nueve carros y de un supermercado, y que dejó una docena de heridos ―incluyendo un bebé de un año y una mujer embarazada―, han llegado unos 160 militares y 250 policías al municipio vallecaucano de 300.000 habitantes, ubicado a una hora de Cali. El alcalde Gustavo Vélez decretó un toque de queda este sábado, que duró dos noches. Además, las autoridades del departamento han anunciado recompensas de hasta 400 millones de pesos (alrededor de 100.000 dólares) para dar con los responsables. Vélez empezó la semana explicando en W Radio que la banda La Inmaculada estuvo detrás de los ataques, ordenados desde la cárcel, según él, por uno de sus máximos cabecillas, Andrés Felipe Marín Silva, Pipe.
“Lo que pasó en Tuluá es una orden de alias Pipe como retaliación a la captura de su hermano”, declaró en la mañana de este lunes. Las autoridades detuvieron el pasado viernes a Mauricio Marín Silva, Nacho, quien además de ser hermano de Pipe es otro de los cabecillas de La Inmaculada. La banda reaccionó rápidamente. Al día siguiente, repartió panfletos en los que advirtieron que se venía una respuesta contundente. “A partir del día de hoy tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno con nuestros líderes, los cuales piden que sean escuchados y en un buen gesto de paz se les hizo entrega del mortero para mostrar la disposición que se tiene para llegar a fin con toda la problemática y llevar una tranquilidad en paz”, se lee en el comunicado.
Las retaliaciones empezaron poco después. El sábado pasado se vivió una noche de terror. Imágenes de carros quemados, casi todos taxis, llenaron las redes sociales. Las llamas se apoderaban de las calles. Esa misma noche, unos sicarios llegaron en moto a la casa de César Augusto Hernández, un agente de tránsito de 51 años. Subieron las escaleras, entraron a la vivienda, ubicada en la carrera 22A con la calle 7A, le dispararon y se fueron. Hernández murió. Sus asesinos siguen libres.
Otro hombre, el mecánico de 53 años Jairo López Escobar, también fue baleado. El atentado, en el que una mujer resultó herida, ocurrió en el corregimiento de Aguaclara. En el barrio Sajonia, unos sicarios atacaron a otro agente de tránsito, Johnny Alexánder Castaño Gómez. Llegaron en moto y le dispararon mientras caminaba. El funcionario municipal, de 34 años, sobrevivió y se encuentra en un centro de salud del municipio. Vélez ―”el alcalde más amenazado del país”, según su esposa― decretó esa noche el toque de queda.
La mañana siguiente, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a La Inmaculada de la violencia. “La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”, declaró en X. Unas horas después, tras salir de un concejo de seguridad, Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, se mostró de acuerdo con Petro. “Tenemos claro que desde las cárceles los cabecillas de la delincuencia que pretenden controlar la ciudad se han planeado y ordenado todos los ataques terroristas en contra de la ciudad y de su ciudadanía”, dijo en un video difundido por redes sociales. Además, anunció la amplificación del toque de queda y la militarización de la ciudad. “No vamos a permitir más actos violentos”, sentenció.
La banda la inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje. https://t.co/GyVeGMdHqw
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2024
La Inmaculada
La Inmaculada nació hace 16 años en el barrio tulueño del mismo nombre. A lo largo de los años ha crecido, pese a que la Policía ha ido arrestando y encarcelando a sus cabecillas; muchos de ellos siguen delinquiendo desde la cárcel. En mayo de 2022, Pipe fue condenado a 30 años de prisión por haber ordenado, desde la prisión la Picaleña en Ibagué (Tolima), 39 asesinatos y 7 tentativas de homicidios. William Salamanca, director de la Policía Nacional, aseguró este lunes que Marín ha sido trasladado a otra prisión tras los acontecimientos de este fin de semana. También afirmó que ha recibido un “reporte de tranquilidad” desde el municipio vallecaucano.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desmintió este lunes que haya habido acercamientos entre el Gobierno y la Inmaculada en el marco de la paz total, como habían informado varios medios de comunicación. “He conversado varias veces durante la semana pasada con el Alto Comisionado para La Paz, Otty Patiño. Definitivamente no hay ningún acercamiento, ninguna conversación con La Inmaculada (...). No hay ninguna posibilidad en curso de [discusiones sobre la] paz total con esta estructura”, declaró. La política gubernamental de la paz total, que busca desmontar en diálogos paralelos los distintos conflictos que enlutan el país, ha abierto diálogos con bandas locales en otras ciudades como Buenaventura, Medellín o Quibdó.
La violencia no es un fenómeno nuevo en Tuluá, donde varias bandas criminales se disputan ferozmente el territorio. Por su ubicación en el corazón del Valle del Cauca, la ciudad es apetecida por casi todas las formas de delincuencia posible: narcotraficantes, pandillas o disidencias de las Farc. El municipio es catalogado como de riesgo extremo por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Paz y Reconciliación. La ciudad empezó el año con la noticia del asesinato del concejal Eliecid Ávila. La noche del 31 de diciembre sicarios entraron a su casa y le dispararon mientras celebraba el fin de año con su familia. Murió al día siguiente.
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