La violencia se ensaña con el Pacífico colombiano

Una mujer negra con la mirada nublada por el llanto y el rostro sumergido en el desconsuelo se asoma al féretro donde yace el cuerpo de Elmer Abonía Rodríguez, el alcalde de Guachené (Cauca), asesinado nueve días antes de terminar su mandato, el 22 de diciembre de 2023. Abonía resultó herido en un cruce de disparos, en medio de un aparente intento de robo a uno de sus escoltas. Horas más tarde, murió en un hospital cercano a donde había sido trasladado en un intento por salvarle la vida. La imagen de aquella mujer anónima y desolada pronto quedaría en el olvido en un país donde un hecho de violencia desplaza fácilmente al anterior.

Al asesinato del alcalde de Guachené, quien había pedido ayuda del Gobierno por la inseguridad desbordada en el municipio de 20.000 habitantes, lo sucedió una cadena de crímenes: el homicidio del concejal de Tuluá (Valle), Eliecid Ávila, a pocas horas de posesionarse; el secuestro del delegado de la Registraduría, Jefferson Murillo y el funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Blyderson Arboleda, en carreteras del Chocó; y el atentado contra el alcalde recién posesionado de Tumaco (Nariño), Félix Henao. Ninguno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano estuvo a salvo de los violentos en el cambio de año.

La realidad de esa zona del país, desde donde el presidente Gustavo Petro despachará entre el 22 y 27 de enero e históricamente golpeada por acciones de grupos armados que se disputan el control de negocios ilegales como la extorsión y el narcotráfico, sigue anclada. Cauca, por ejemplo, concentró el mayor número de asesinatos de lideres sociales y defensores de derechos humanos en 2023. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 188 casos a nivel nacional, 38 fueron en ese departamento con presencia de disidencias de las extintas FARC y del ELN, la guerrilla activa más antigua en Colombia. El primer asesinato de un firmante de paz en 2024, ocurrió en el municipio caucano de Sucre. Cauca también fue el departamento con más excombatientes asesinados el año anterior, con siete de 44 víctimas.

Eduin Capaz, líder indígena de la región, explica que el asesinato se emplea como una forma de mostrar poder territorial. “A eso se suman reclutamientos y amenazas a líderes y voceros, que no permiten tener una tranquilidad o sensación esperanzadora”, agrega. Ese sentimiento empeora en un contexto de negociaciones con grupos armados en el que las comunidades interpretan los ataques como hechos contradictorios con los acuerdos de cese al fuego.

Los cuatro departamentos del Pacífico fueron determinantes en la elección del presidente Gustavo Petro en 2022. El 80% de los votos a su favor en segunda vuelta fue el reflejo de la esperanza de cambio que despertó en campaña. En un gesto inusual, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que ha sido sostén del Gobierno, lanzó recientemente un llamado público al mandatario para que tomara medidas concretas para detener el recrudecimiento del conflicto.

Human Rights Watch, la oenegé internacional de derechos humanos, también planteó advertencias en su reciente informe mundial 2024. “En el departamento del Cauca, los indígenas Nasa que se oponen a los abusos cometidos por grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, han dejado más de 6.500 personas desplazadas o confinadas”, señala el documento.

Los brazos de organizaciones armadas ilegales se extienden hacia el norte, al Valle del Cauca, el departamento con más masacres el año pasado. De las 94 que reportó Indepaz, 13 – que suman 41 víctimas – sucedieron allí. Dos de las cuatro que van en los primeros días de este año, tuvieron lugar en Toro y Candelaria, también en el Valle. La gobernadora Dilian Francisca Toro cita como ejemplo del alcance de estas estructuras a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central, que delinque en el norte del Cauca y llega hasta municipios vallecaucanos como Jamundí, vecino de Cali.

“Tiene que haber una solución más integral desde el suroccidente colombiano para la seguridad del Pacífico. Ese es el llamado que le hemos hecho al Gobierno nacional, que tiene que ser algo muy articulado entre estos departamentos”, sostuvo Toro en una entrevista con Caracol Radio.

A ese panorama se suma la presión de bandas criminales urbanas como ‘La Inmaculada’, a la que se le atribuye el homicidio de Eliecid Ávila, el concejal de Tuluá, y amenazas contra el alcalde actual del municipio, Gustavo Vélez. “Son grupos de delincuencia común multicrimen que delinquen desde las cárceles: extorsionan, manejan el microtráfico y tienen el control de actividades como bares, restaurantes y hasta la venta de cebolla”, denuncia Vélez. La ciudad portuaria de Buenaventura, que arrastra décadas de pobreza y abandono, también ha tenido que soportar los enfrentamientos entre grupos de mafias como los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.

Algo similar ocurre en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, ubicado en el extremo norte del Pacífico colombiano, en límites con Panamá. La Red de Madres y Cuidadoras denunció que 170 jóvenes fueron asesinados el año pasado. Según el diario El Espectador, la red atribuye esas muertes, principalmente, al cruce de fronteras invisibles o al no pago de extorsiones. Los Locos Yam, los Palmeños y los Mexicanos son algunos de los grupos que actúan en el municipio donde seis de cada diez personas viven en condiciones de pobreza.

Además de las redes urbanas, la violencia echa raíces en los intereses económicos del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, considerada la mayor banda del narcotráfico en el país, que domina el tráfico de migrantes por la espesa selva del Tapón del Darién, por donde el año pasado 520.000 personas arriesgaron su vida, el doble de las de 2022.

Andrés Preciado, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, explica que la ubicación estratégica que tiene el Pacífico colombiano para las economías ilícitas ha impedido romper con la violencia. “Lo que vemos es una disputa por la relevancia que han tomado las rutas de drogas. Además, han crecido los cultivos ilícitos. Es el escenario perfecto de consolidación de la economía criminal de narcotráfico”, apunta. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, para 2022 los cuatro departamentos del Pacífico colombiano produjeron el 41% de toda la coca del país.

El presidente Petro ha prometido como respuesta una estrategia de oxígeno a favor de los campesinos para reducir su dependencia a la economía de las drogas y de asfixia contra los eslabones más fuertes de las mafias.

Según el mismo estudio de la ONU, Nariño, en el sur de la región, tiene la mayor área con cultivos de coca de los 32 departamentos de Colombia, más del 25% del total. Fronterizo con Ecuador, es el departamento con más desplazamientos forzados con 35.024 casos en 2023, seguido de Valle del Cauca y Cauca con 25.731 y 16.390 hechos de este tipo, respectivamente. La mayoría de ellos afectan a población indígena, negra, raizal y palenquera en zonas rurales.

La situación no ofrece señales de mejora. El Consejo Noruego para los Refugiados denunció que en Olaya Herrera y Samaniego, precisamente en Nariño, más de 3.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en los primeros días de enero. Y en Chocó, más de 9.000 personas han sido confinadas desde noviembre debido a enfrentamientos armados y amenazas de muerte a civiles. “La situación también es preocupante en el municipio de Juradó (Chocó), donde más de 1.000 personas permanecen confinadas en su propio territorio”, indicó la organización.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, advierte que el Pacífico colombiano sigue siendo un punto crítico de la violencia. “Concentra cerca del 30 por ciento de las masacres y asesinatos de líderes sociales en Colombia y una parte importante de los desplazamientos y confinamientos. Frenar la violencia allí exige una política sólida de seguridad territorial y avances para garantizar la presencia estatal a través de la implementación de los PDET. Sin ello la “paz total” será solo una aspiración”, asegura.

La identidad de la mujer que expresaba su dolor abrazada al féretro del alcalde de Guachené no se hizo pública. Pero su imagen encarna a millones de víctimas y habitantes del Pacífico – y del resto de Colombia – agotados de una historia de violencia que no sana y, por el contrario, se repite; de un país que sigue mirándose al espejo como aquella mujer al alcalde asesinado. “Hay una deshumanización alrededor de todo lo que estamos viviendo”, lamenta Eduin Capaz, el líder indígena del Cauca.

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