El Gobierno colombiano le retira las condecoraciones al general que dirigió la retoma del Palacio de Justicia

Atrás han quedado los días de gloria para Jesús Armando Arias Cabrales, quien como comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército de Colombia dirigió el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. La reacción militar a la toma de las instalaciones judiciales por parte de la guerrilla del M-19 fue interpretada inicialmente como una victoria castrense. Pero las cuatro medallas que le dieron a Arias Cabrales en los años siguientes se fueron destiñendo a medida que se conocían nuevos detalles: pruebas, testimonios y videos evidenciaban que algunas de las personas dadas por muertas habían salido con vida del Palacio y nunca aparecieron. Arias Cabrales dejó de ser considerado un héroe, y este miércoles el Gobierno de Gustavo Petro ordenó el retiro de sus condecoraciones.

Un decreto del Ministerio de Justicia establece que la decisión se debe a que el general en retiro fue condenado por delitos dolosos —cometidos con ánimo de causar daño—. En 2011 un juez sentenció a Arias a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de cinco personas, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia. El documento establece que, debido a que el delito de desaparición forzada constituye una grave violación a los derechos humanos, implica “una clara obligación del Estado de adoptar, de forma inmediata, todas las medidas para garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por la privación arbitraria de la libertad y las torturas cometidas en contra de cuatro personas, y por la desaparición forzada de otras 11, una de las cuales era el ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, quien también se comprobó que había sido ejecutado extrajudicialmente. Su hija, Helena Urán Bidegain, quien tenía 10 años al momento de su muerte, fue una de las tres personas —junto con los periodistas Diana López Zuleta, colaboradora de este medio, y Gonzalo Guillén—, que presentaron un derecho de petición, en enero de 2023, ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para “retirarle de manera inmediata, oficial y pública la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, y todos los demás reconocimientos que haya recibido como militar después de la retoma Palacio de Justicia en 1985″.

“No es una venganza”, le aclara Urán a este diario luego de que se conociera el decreto. Para la autora del libro Mi vida y el Palacio, en el que cuenta cómo este episodio impactó su vida y la de su familia, esta es una “decisión histórica” porque viene del Estado, “que antes siempre lo negó”. Lo define, más bien, como “un asunto propio de una democracia, algo que debe seguir sucediendo en Colombia y en cualquier parte del mundo cuando la Fuerza Pública abusa de su poder o comete crímenes de guerra o de lesa humanidad, y es una medida claramente de no repetición y de democratización del país. Y solamente puedo pensar en mi papá y en todos aquellos que murieron por las acciones u órdenes de este señor”.

López, quien también promovió el retiro de medallas al exgobernador de la Guajira Kiko Gómez, responsable del asesinato de su padre en otras circunstancias, asegura que este tipo de decisiones son “medidas restaurativas”, pues era “una afrenta para las víctimas y para la institucionalidad misma que a Arias Cabrales se le hayan otorgado condecoraciones oficiales, incluso después de la toma del Palacio de Justicia. El retiro de las medallas, además, es un mensaje para todo el país: no se les puede otorgar reconocimientos a quienes han abusado de su poder y cometido crímenes bajo el abrigo de sus cargos oficiales”.

El decreto donde se le despoja de sus reconocimientos militares, sin embargo, fue firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien fue nombrado por el presidente Petro como ministro de Defensa ad hoc para resolver este derecho de petición en concreto, luego de que Velásquez se declarara impedido por haber ejercido en el pasado como abogado de Helena Urán.

La JEP y la solicitud de la desclasificación de archivos

Justo hace un año, en enero de 2023, las víctimas de las desapariciones del Palacio de Justicia, que todavía buscan saber qué pasó en esas 48 horas, por qué nunca volvieron a ver a sus familiares que salieron con vida, y quién dio la orden de desaparecerlos, se encontraron frente a frente con Arias Cabrales, hoy de 87 años. Lo hicieron por petición del mismo general en retiro, quien había solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional nacido del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que otorga condenas más favorables a los responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto a cambio de hacer aportes a la verdad.

Las víctimas en la sala guardaban la esperanza de que Arias aclarara lo sucedido. Pero durante los dos días de audiencias el militar no dijo nada nuevo: repetía lo que habían dicho otros acusados o reiteraba viejos argumentos. “No cuento con los elementos de juicio”, “no sabía”, “no sé”, “me enteré a posteriori”, fueron algunas de sus afirmaciones. Sostuvo que, a pesar de haber comandado la operación, no tenía conocimiento directo porque fueron sus subordinados los que estuvieron en el Palacio. Finalmente, dijo que también se consideraba una víctima.

El 16 de marzo de 2023, al encontrar que Arias no había hecho un aporte extraordinario a la verdad, la JEP decidió expulsarlo del mecanismo de justicia. Perdió la libertad transitoria que había obtenido desde 2020 y las víctimas se quedaron sin conocer lo sucedido. Aseguran que entre los militares hay un “pacto de silencio”. Débora Anaya, quien tenía dos años cuando su madre desapareció, le ha pedido a la JEP que desclasifique y les permita acceder a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permanecen protegidos por esa jurisdicción.

Por su parte, Helena Urán Bidegain ha instado al presidente Petro para que le solicite al Gobierno de Estados Unidos que libere los archivos clasificados sobre lo ocurrido. “Yo había encontrado en mi investigación la participación directa de Estados Unidos y por lo tanto consideraba que era importante que se le pidiera la desclasificación completa de todo lo que tenía, sobre todo a la CIA”, asegura Helena. Pero fue la JEP la que, con base en lo que ella les contó sobre estos indicios en una audiencia, le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que realizara “todas las labores diplomáticas necesarias tendientes a obtener del Gobierno de Estados Unidos la desclasificación de los archivos preservados relacionados con hechos del Palacio”.

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