Colombia: medalla de oro a la improvisación
Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos Panamericanos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe
Comenzó 2024 con un escándalo olímpico que despertó del letargo navideño a los colombianos y zarandeó al Gobierno nacional, ante la dura reacción de la opinión pública y la oposición por la decisión de Panam Sports de retirar a Barranquilla la organización de los próximos XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, por el incumplimiento del Estado de un contrato suscrito desde 2021, y, en especial, el no pago de cuatro millones de dólares antes de finalizar 2023. El 30 de enero de 2024 debería cancelar una cifra igual.
Se trató de una bofetada a Colombia, que evidencia la improvisación de dos administraciones nacionales que no dimensionaron lo que estaba en juego y las graves consecuencias de su parsimonia. También, de un duro golpe al Caribe colombiano, que le ha cumplido al deporte y ha honrado su palabra. Tan solo en julio del año pasado Santa Marta, gracias a la gestión del entonces gobernador, Carlos Caicedo, y la alcaldesa, Virna Johnson, recibió la visita de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, en el proceso de validación de su aspiración de ser sede de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025. Y lo logró en el marco de la exitosa realización de los V Juegos Suramericanos de Playa, liderados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), en los que participaron 14 países y cerca de 1.000 atletas.
Ante la gravedad de lo acontecido con Barranquilla, el presidente Petro ha reaccionado y ha mostrado un liderazgo y celeridad que era necesaria unos meses atrás, quizá unos días antes, en noviembre o diciembre, cuando se debía presionar al Ministerio de Hacienda o sacudir al ineficiente Ministerio del Deporte ―cuya existencia se cuestiona con fuerza― para girar los dineros acordados y evitar este desastre político, diplomático y deportivo que nos avergüenza ante el mundo.
En este momento ya no se trata de quién tiene la culpa, sino cómo y con quiénes se encuentra una solución al problema y se le devuelve la esperanza a Barranquilla de que recuperará lo que perdió en los vericuetos de la burocracia nacional, con funcionarios hiperpolitizados que esgrimen argumentos pueriles sin hacer un mea culpa, que viven de espalda a las regiones y no entienden que su ineficiencia condena a Colombia en el escenario internacional y priva al Caribe de una posibilidad de bienestar y desarrollo.
Como no se trataba del incumplimiento del pago de un recibo de servicios públicos, y de un trámite de reconexión, el escándalo lo ha tenido que asumir el presidente Gustavo Petro, pagando un alto costo político que se medirá en los próximos estudios de opinión. Este escándalo demuestra, una vez más, que el primer mandatario no tiene fusibles y las descargas de altísimo voltaje, ocasionadas por sus subalternos, las soporta con el autoconvencimiento de que no puede darle cabezas de su equipo a la oposición, que él siempre sale ganando, y que aún tiene el suficiente teflón para resistir la crisis permanente, porque en algún momento encontrará la veta política, la lámpara mágica, que le permitirá superar todos los errores y salir victorioso, imponiendo su sucesor.
Diez días después de conocerse la decisión de Panam Sports, la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, sigue muy deportiva en su puesto, y si el presidente no la cambia en la tan anunciada crisis ministerial, podría estrenar la moción de censura en el Congreso de la República, donde 32 senadores ya firmaron una petición en ese sentido, acusándola de negligente, incapaz e ignorante. Mientras tanto, el ministro de Hacienda dice que Colombia está lista para pagar de manera inmediata los ocho millones de dólares acordados, que hace apenas 10 días no aparecieron.
Y el presidente alista una próxima visita a Chile ―un viaje más en su larga lista de países recorridos― para pedirle al presidente Boric y a Panam Sports que reconsidere su posición, luego de enviarle una carta ratificando la voluntad de Colombia de realizar las justas deportivas. Pero que los Juegos vuelvan a Barranquilla no depende de la decisión de un solo hombre, ni una sola nación, sino de una asamblea de 41 miembros, que se reunirá en febrero próximo, luego de que el 30 de enero se cierren las postulaciones de los países que quieran ocupar el lugar de Barranquilla. Entre estos están México, Paraguay y Brasil.
La estrategia de salvamento incluye al canciller Álvaro Leyva, a quien muchos analistas daban como seguro recambio en el esperado remezón ministerial de fin de año. Es arduo el camino trazado. Embajadores gestionando para que países amigos retiren sus aspiraciones. Lobistas internacionales gestionando ante Panam Sports para que dé reversa. Diplomacia directa del presidente Petro ante sus pares de Chile, Brasil, México, para superar el error de un burócrata ineficiente que no tramitó un desembolso pactado.
En política todo es posible. Milagros se han visto. Ojalá la estrategia funcione y esta novela macondiana tenga un final feliz. Pero no hay mucho espacio para el optimismo. Hasta el momento lo que hay es especulación y bastante escepticismo. Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe, potencia deportiva y un lugar deseado para vivir sabroso.
El escándalo ha servido para que los colombianos vuelvan a preguntarse si el modelo político administrativo que tenemos es el que nos merecemos. El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, fueron invitados a la Casa de Nariño a ser parte de la estrategia de solución a la crisis. Su asistencia ratificó su disposición de trabajar en las malas y en las buenas con el presidente Petro, con espíritu conciliador, compromiso patrio y pensando en intereses colectivos y no individuales.
Este episodio ratifica, además, la urgencia de superar la hipercentralización que agobia a las regiones. Hay que dejar atrás episodios como estos, en los que unos pocos funcionarios del Gobierno central afectan con su negligencia al futuro de toda una región. ¿Qué hubiera pasado si la responsabilidad de los Juegos Panamericanos 2027 hubiera dependido exclusivamente de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico? Quizá estaríamos celebrando un ambicioso programa de inversiones millonarias que transformarían, aún más, a una de las ciudades más pujante del Caribe y de Colombia, y no suplicando, con el presidente de la República a la cabeza, que nos perdonen la improvisación y nos devuelvan la organización de los Panamericanos que teníamos ganada.
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