Una modelo erótica demanda por abusos laborales a un estudio: “Tienen miedo de que las chicas no callen más”

La pandemia dejó a Lina*, que por entonces tenía 28 años, sin empleo. Durante la búsqueda de una nueva fuente de ingresos, una amiga la persuadió de probarse como modelo webcam en un estudio ubicado en Bogotá. Si bien la propuesta le despertaba reparos, no los suficientes para descartarla. El estudio suministraba la locación, con las cámaras de video, micrófonos y demás utilería. Lina se conectaba diariamente a una plataforma, conversaba con los usuarios que ingresaran a su room —como se denomina a la transmisión individual de una modelo— y realizaba una presentación, por la que recibía pagos en dólares. El 60% de los ingresos eran suyos, que alcanzaron a ser de 600.000 pesos (cerca de 150 dólares) por semana, y el restante del estudio. Todo iba bien hasta que una emergencia familiar tocó su puerta y tuvo que renunciar. Volver a trabajar no fue fácil.

Intentó regresar al estudio, pero no había cupos. Acudió a internet con la esperanza de encontrar alternativas. “Abrí Google y averigüé en cuál otro sitio podía hacer webcam. El primer enlace que me apareció redirigía a una página que contaba con el sello de la Federación de Comercio Electrónico para Adultos (Fencea). Eso me dio tranquilidad y llamé”, comenta. Para unirse a Fencea, que agremia y representa a diferentes actores de la industria ante las entidades gubernamentales, los estudios deben superar varios filtros, incluyendo evaluaciones de calidad.

Recuerda que programó una cita y puntualmente llegó al lugar, en el barrio Patria, al norte de la capital colombiana. Le impactó que un hombre la atendiera, porque en el anterior estudio solo había mujeres. Fue entrevistada y casi todas las preguntas giraron alrededor de sus preferencias sexuales, una práctica común en la industria, según cuenta a EL PAÍS, para saber con qué tipo de audiencia se puede perfilar a una modelo para obtener mejores réditos. Hizo un recorrido por las instalaciones y notó que las paredes de algunas habitaciones contaban con cámaras de seguridad: alguien diferente a los usuarios de las plataformas podía verla desnuda. En todo caso, en febrero de 2021, firmó un contrato de mandato —que excluye el pago de prestaciones sociales y otros derechos laborales— con el estudio, Digitech Media SAS.

De su primer día la marcó lo estricto del horario. El tiempo no resultaba suficiente para maquillarse antes de iniciar sus labores ni para lavar sus juguetes sexuales después de usarlos. El alto número de modelos obligaba a compartir las habitaciones, llevándolas a retrasar el regreso a sus casas porque debían limpiar —con elementos de aseo que costeaban de sus propios bolsillos— el espacio antes de cederlo. Lina narra que preguntó qué debía hacer para tener una habitación propia y que Raúl Ardila, gerente de Digitech Media, contestó que, como mínimo, trabajar nueve horas diarias, con un solo día de descanso a la semana. Ella accedió.

El acuerdo tuvo buena acogida y otras compañeras quisieron replicarlo. Al ver esto, Ardila y Eduardo Sarmiento, socio del estudio, crearon un programa de incentivos para aumentar la productividad. “Si trabajábamos nueve horas por seis días, nos garantizaban un 3% adicional sobre nuestras ganancias. En caso de trabajar los siete días de la semana, nos daban otro 3%. Y así sucesivamente. Había un bono de superación por el que nos reconocían un porcentaje importante si superábamos nuestra mejor marca. Eran muchas las posibilidades de agrandar las ganancias”, evoca Lina.

Ella se propuso apuntarle al mayor de los estímulos: transmitir 12 horas diarias por seis días, para recibir 12% más. Cumplió la meta y rebasó sus propios números, pero relata que al momento del pago le entregaron menos dinero del esperado. Elevó el reclamo y logró que algunos de los recibos fueran ajustados, mas nunca le consignaron la totalidad de lo que alega que le correspondía. Varias de sus compañeras compartían su descontento. “Las vi muy frustradas. Me decían que si esas injusticias las cometían conmigo, que era la que más rendía, qué otros atropellos no podían sufrir ellas”.

Los agravios crecieron. Lina sostiene que a las pocas semanas descubrió que el estudio contaba con un software que regularmente tomaba capturas de pantalla de sus transmisiones para llevar un registro de cuántas horas trabajaba. No sabe todavía a dónde fueron a parar dichas imágenes. Asevera que, a raíz de sus quejas, Raúl Ardila se esforzó por entorpecer su trabajo. Constantemente la llamaba a su oficina, dejándola sin otra opción que detener su transmisión, para formularle cuestionamientos sin fundamento, como recriminarle por no trabajar durante su día de descanso o interrogarla por supuestas llegadas tarde que, dice, nunca ocurrieron.

En junio de 2021 dio positivo para coronavirus y se ausentó por dos semanas del estudio. Al volver se enteró de que habían desactivado su cuenta en Streamate —plataforma desde la que transmitía—, impidiendo que sus seguidores compraran el contenido que allí tenía habilitado, y que falsificaron su firma para afiliarla como trabajadora independiente a la seguridad social. “Me perjudicaron porque, si bien estaba enferma, tenía la posibilidad de hacer algo de plata. Lo de la afiliación no sé por qué lo hicieron”, confiesa.

Cansada del ambiente, pidió un traslado a otra sede del estudio, ubicada en Teusaquillo, cerca al centro de Bogotá. Admite que su principal motivación era evitar a Ardila. No obstante, cinco meses más tarde, él fue nombrado administrador de aquella sede y, entre sus primeras decisiones, estuvo eliminar los red days, dos días de licencia que se le otorgaban a las modelos por su menstruación. Desde entonces, si una modelo se tomaba estos días, posteriormente debía reponerlos.

Lina asegura que su estado de salud decayó. Padeció episodios de ansiedad y acudió a un psicólogo. “Estaba exhausta, vuelta nada. Una noche, después de muchas horas de transmisión, decidí recostarme un rato. Me desperté a las 24 horas. Nunca en mi vida había dormido un día de corrido”.

Su debilidad, sumada a multas arbitrarias que vinieron después, la convencieron de buscar asesoría legal. Solicitó una copia del contrato de mandato que había firmado meses atrás, pero se lo remitieron incompleto. Un asunto no le cuadraba, dice: aunque firmó el contrato con Digitech Media, en las instalaciones y documentos del estudio veía el logo de otra empresa, MVC Studios. Indagó y encontró una página web con testimonios de decenas de modelos que acusan a Eduardo Sarmiento y MVC de desconocer sus derechos laborales. Lina presentó su renuncia y demandó a MVC.

Angélica Valencia, su abogada y miembro de la Red Jurídica Feminista, señala que el derecho a la dignidad de Lina fue vulnerado. Agrega que, a pesar de que el estudio le hizo firmar un contrato de mandato para intentar evadir responsabilidades a futuro, había una relación laboral. “Aunque las modelos webcam tienen un margen de autonomía porque deciden qué hacen para satisfacer las peticiones de sus clientes y tienen flexibilidad en el horario, para la mayoría de estas personas, y en el caso concreto de Lina, esto no pasó. Si incumplía un horario, corría el riesgo de que no le pagaran o la multaran, condiciones que no estaban en el contrato de mandato que firmó. Había subordinación porque recibía órdenes y debía cumplirlas. Los elementos de trabajo y las habitaciones los otorgaban los dueños de estos estudios”, recalca.

EL PAÍS contactó a Fencea, que envió una respuesta a través de su equipo de comunicaciones. El gremio niega conocer el caso y manifesta que en las próximas semanas llevará a cabo su asamblea de asociados, en la que iniciará el respectivo proceso de investigación. Por su parte, Eduardo Sarmiento, socio de Digitech y MVC, explica que no está dando entrevistas a los medios por “la ausencia de regulación y al oportunismo de muchas personas para afirmar realidades que no están sustentadas”, y Raúl Ardila no contesta llamadas ni mensajes.

La discusión sobre el modelaje webcam y los derechos de sus trabajadores no es novedoso ni marginal. En el Congreso cursa un proyecto de ley, apoyado por la bancada de Gobierno, para regular este oficio y dotar a Fencea con la capacidad de inspeccionar, vigilar y controlar a los estudios. Cifras de la Latin American Adult Business Exposition (Lalexpo) indican que en el país hay más de 5.000 estudios, que emplean a 150.000 personas, entre modelos y personal administrativo, y mueven alrededor de 600.000 millones de dólares al año.

Lina optó por conciliar la demanda que instauró. “Preferí que me dieran algo de dinero, en vez de alargar esto. Decidí contar mi experiencia”. Hoy se desempeña en otro estudio webcam, administrado por una amiga, y reconoce que ha recibido apoyo y expresiones de solidaridad de otras modelos. A ellas las invita a dar un paso adelante y denunciar cualquier abuso. “Los estudios tienen miedo de que las chicas no callen más”, advierte.

*Nombre cambiado para preservar la intimidad.

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