La Contraloría declara “de impacto nacional” la negativa de Cruz Verde a vender más medicamentos a Sanitas

La Contraloría ha puesto lupa en el lío entre la cadena de farmacias Cruz Verde y la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, que tiene en riesgo la entrega de medicamentos e insumos médicos que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud a casi 6 millones de personas. El contralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha declarado este miércoles como de “impacto nacional” el caso y ha anunciado la activación de un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. El propósito, explicó en un video publicado en X, es “determinar qué ocurrió con las reservas técnicas que debió haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y gestores de servicios médicos” y “obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud”.

La declaratoria y la activación del equipo son indicaciones de la gravedad de la disputa, por sus repercusiones sociales sobre los afiliados a esa EPS, pero también por la posibilidad de que el problema se replique con más EPS y otros proveedores. Son medidas que la Contraloría, la entidad encargada de vigilar el buen uso de los dineros públicos, solo toma en casos de grandes sumas de dinero o que tengan repercusión nacional. Justamente, Cruz Verde alega que Sanitas le adeuda una suma del orden de los 400.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares). Además, agrega que “tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes”, la EPS de capital español no le ha propuesto un plan de pago.

Esa gravedad se refrendó este miércoles cuando otro ente estatal independiente, la Defensoría del Pueblo, convocó una mesa de concertación entre Cruz Verde, Sanitas y las diferentes autoridades de salud. Además, al igual que lo hizo el Gobierno desde el martes, se puso del lado de la cadena. “La Defensoría del Pueblo insta a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental”, declaró en un comunicado oficial.

Aunque el choque entre las dos empresas ha creado revuelo, no es totalmente inédito. En casos similares la Contraloría ha llegado a multar a otros proveedores y gestores de servicios médicos. El ente asegura que en el último año la unidad de investigación activada este miércoles ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud que suman 630.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares). Entre otras, se han proferido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal por 274.201 millones de pesos (unos 66 millones de dólares) y han emitido tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia por 389.619 millones de pesos (unos 95 millones de pesos). No todas las afectadas son EPS, aunque entre los procesados están Saludcoop, Cafesalud y Medimas. También están la estatal ADRES, que maneja todos los recursos del sistema, las cajas de compensación familiar de Sucre y Córdoba, el Distrito de Cartagena de Indias y el departamento de Córdoba.

Además de destacar los precedentes, la Contraloría afirmó este miércoles que tiene en el radar la información relacionada con el estado contable general de las EPS para la vigencia 2022, una indicación de la magnitud sistémica de la crisis. La delegada de Salud, explicó el ente, realiza actualmente una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y los cuellos de botella. Es la primera vez que se realiza el ejercicio, que audita alrededor de 240 billones de pesos (unos 60.000 millones de dólares), una cifra similar a todo el presupuesto nacional. Entre las cuentas están las reservas técnicas, un colchón de recursos que deben tener las EPS para responder en caso de necesidad urgente de recursos, y que aparecen muy menguados en sus cuentas.

Esa revisión es una señal adicional del difícil estado de un sistema creado hace 30 años, que logró disparar la cobertura del aseguramiento entre la población (solo el 23,5% tenía un asegurador en 1993, y la tasa ya está alrededor del 98%) y aumentar los procedimientos y medicamentos cubiertos, pero que enfrenta grandes problemas financieros. El Gobierno, que cree necesario un cambio radical para eliminar la figura de las EPS como gestoras de riesgos y administradoras de recursos, ha presentado una polémica reforma estructural que propone eliminarlas y concentrar el manejo del dinero en la estatal ADRES.

Pero la reforma ha producido una polémica muy fuerte. Generó una crisis de gabinete y el final de una amplia coalición política que apoyaba al presidente Gustavo Petro. Con su reestructuración enredada en el Congreso, en las últimas semanas el Gobierno ha intervenido varias EPS, busca la primera licencia obligatoria de un medicamento y propone incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tránsito. En solo cuatro meses, casi siete millones de personas pasaron a estar asegurados por EPS que temporalmente maneja el Gobierno. Se suman a otros casi 11 millones que están en Nueva EPS, de la que la Nación es accionista junto con varias cajas de compensación. Además, la exministra de salud Carolina Corcho, cerebro detrás de la reforma, ha sonado como posible cabeza de la Nueva EPS, lo que sería un camino para reforzar el control estatal sobre el sistema de salud sin pasar por el Legislativo.

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