Daniel Quintero aprovecha la crisis de Tigo para señalar a sus rivales

Tigo es la tercera compañía con más usuarios de telefonía móvil en el país. Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), alrededor de 12,5 millones de personas reciben sus servicios; solo es superada por Claro y Movistar. La empresa es, a partes iguales, de la extranjera Millicom, que la maneja, y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), a su vez de propiedad del municipio de Medellín. Su situación financiera es tan crítica que este lunes funcionarios del Gobierno Nacional y de los accionistas se reunieron para definir su futuro. La conclusión encendió nuevamente un debate que va más allá de lo económico y en el que el alcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero ha insistido a lo largo de su mandato.

Una fecha quedó marcada en la cabeza de los asistentes, el 9 de octubre, cuando vencerá el plazo para que Millicom y EPM elijan si inyectarle más recursos a la telefónica. Una opción es que cada una capitalice 75 millones de dólares para revitalizar a Tigo, otra es que Millicom suministre 150 millones de dólares y el porcentaje de acciones de EPM disminuya, lo que técnicamente se conoce como dilución. Este último escenario requerirá una aprobación del Concejo de Medellín, donde el alcalde ha sufrido tropiezos en sus cinco intentos por vender las acciones que EPM tiene en Tigo.

Tras la reunión del lunes, Mauricio Lizcano, ministro de las TIC y uno de los asistentes, dio un parte de tranquilidad y descartó que la telefónica cese sus actividades. “La voluntad del Gobierno es que se pueda mantener la operación de la empresa, y preservar así la conectividad de los usuarios y el empleo de los 15.000 colaboradores que trabajan directa e indirectamente. Sea la decisión que se tome, lo que buscamos es que en ningún caso se deje de prestar el servicio, y que avancemos en todo momento el plan de conectividad en el país”, declaró. De no capitalizar la empresa, ya sea diluyendo a EPM o no, la ley ordena que se inicie un proceso de reorganización, en el cual intervendría la Superintendencia de Sociedades para garantizar el pago de deudas —que son de 473.812 millones de pesos, unos 125 millones de dólares— y la subsistencia de la compañía, o su quiebra ordenada.

Al día siguiente del encuentro, Quintero se pronunció en la red social X. Resumió los hechos y señaló culpables. A los concejales afines al expresidente Álvaro Uribe y a Federico Gutiérrez, exalcalde y hoy candidato a la Alcaldía, los responsabilizó por la fusión empresarial de 2014, en la que EPM quedó con la mitad de Tigo, y por impedir que EPM vendiera sus acciones en los últimos años. Y a los medios de comunicación, en especial a El Colombiano, el principal periódico de la ciudad, les recriminó por supuestamente titular en contra de los intereses de su Administración y proteger a Millicom. También envió un mensaje a la ciudadanía, invitándola a escoger entre “los privatizadores” o quienes “defienden” a EPM.

La postura de Marc Eichmann, expresidente de UNE (el nombre con el que operaba la compañía de celulares de propiedad de EPM antes de la fusión de 2014), difiere de la del mandatario local. Según contó a EL PAÍS, la negativa del Concejo de autorizar la venta de las acciones se dio porque Quintero no especificó a qué rubros destinaría el dinero que recibiría y, además, a que la compra de las acciones no estaba asegurada, ya que Millicom podía negarse a adquirirlas. “El proyecto iba con muchos micos, que le daban facultades [a Quintero] para disponer libremente del dinero. Con el desempeño que ha tenido en la Alcaldía respecto al manejo del presupuesto, el Concejo no consideró conveniente darle alrededor de 1,7 billones de pesos [unos 260 millones de dólares] para que lo utilizara como gastos de funcionamiento”.

Eichman recordó que Millicom pagó por entrar a la sociedad en 2014 y en ese momento se diseñó un plan de gastos de lo que se haría posteriormente con el dinero recibido. “Llegaron 2,2 billones de pesos que se pusieron en una fiducia, con unos proyectos específicos, con seguimiento para que se invirtiera, como ocurrió. Con Quintero, no había un mecanismo que garantizara que el dinero se iba a invertir bien”.

En cualquier caso, este miércoles se celebrará una asamblea de Tigo y, según reseñan algunos informes de prensa, Millicom apoyará una capitalización conjunta con EPM. Sin embargo, el alcalde ya anuncio que la junta de EPM declino de la financiación y, por lo tanto, le corresponde a Millicom y Tigo “tramitar ante el Concejo de la ciudad las aprobaciones necesarias para avanzar en cualquier proceso de dilución”. Ese será el primer paso de una serie de cambios que, en criterio del exviceministro de Conectividad y Digitalización Iván Mantilla, se deben ejecutar para que Tigo se convierta en una empresa sostenible. “El proceso debería acompañarse de modernización, que pasa por evaluar la participación pública y reconsiderar la prestación de servicios de mayor valor agregado. Las empresas de telecomunicaciones se dieron cuenta de que suministrar los servicios habituales ya no es rentable y por eso ofrecen servicios en la nube, data center e inteligencia artificial, entre otros”, advirtió.

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