El proyecto piloto que amenaza con quebrar a la empresa de aseo de Medellín

El futuro de la recolección de basuras en Medellín está en juego por cuenta de un contrato proyecto piloto tasado en 199.989 millones de pesos, unos 50 millones de dólares. El alcalde Daniel Quintero ha manifestado públicamente su deseo de que la iniciativa se materialice, mientras que un grupo de trabajadores del Grupo EPM —la casa matriz propietaria de Emvarias, la compañía pública encargada de la prestación del servicio público de aseo de la ciudad— advierte sobre los riesgos económicos y sanitarios que implicaría su puesta en marcha. La disputa, de momento, la va ganando Quintero, luego de que la junta directiva aprobara el proyecto. EL PAÍS accedió a documentos confidenciales del proceso que demuestran cómo, pese a los riesgos que fueron recalcados por instituciones y expertos, la destinación de los recursos va de camino a concretarse.

La controversia gira alrededor de la implementación en la capital de Antioquia de la recolección de basuras con vehículos de cargue lateral. Se trata de camiones que disminuyen el tiempo de recolección, ya que recogen los residuos directamente desde contenedores especiales y con brazos mecánicos, y que solo requieren un operario. En Medellín la recolección se hace con vehículos de cargue trasero, que tardan más tiempo y requieren de varios trabajadores en cada vehículo. El alcalde es partidario de la migración tecnológica. En sus consejos de Gobierno ha solicitado a Emvarias que apruebe esa transición. “Estamos esperando a que la junta de Emvarias, a quien le envío un saludo especial, nos apruebe el cargue lateral. Yo voy a pedir que me inviten a la próxima junta para entender por qué es que no quieren darle cargue lateral a la ciudad”, aseguró Quintero el 13 de marzo.

La figura empleada para satisfacer la petición del alcalde es la de un proyecto piloto, con el que se usarían vehículos de cargue lateral en el 19% de la ciudad como una prueba. No es la primera vez que Emvarias hace un piloto, pero las condiciones son muy distintas. En 2013 se usó esa figura para estudiar el uso del gas natural vehicular, con camiones de distintas marcas y a lo largo de seis meses. Con los resultados, la empresa dio el visto bueno a este hidrocarburo y lo implementó solamente en la marca que mejores rendimientos dio en el tiempo de la prueba. En esta ocasión, el plazo será de siete años, casi igual a los ocho años de las concesiones que actualmente funcionan para la recolección de basuras en Bogotá. Solo se evaluará —es decir, solo se contratará— a una compañía, Themac, que tiene entre sus propietarios a una sociedad ligada al catalán Manuel Grau, cercano al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Veronica Alcocer. No se trata la primera aparición de esa empresa en el país: según La Silla Vacía, esta empresa tiene un contrato con Interaseo, la firma concesionada por la ciudad caribeña de Santa Marta para administrar la recolección de basuras.

La determinación de llevar a cabo el piloto causó ruido entre los trabajadores por su alto costo, con una cifra que ha ido variando en los últimos meses. Themac inicialmente envió una propuesta por 135.000 millones de pesos, después la aumentó a 250.000 millones y finalmente la dejó en 189.000 millones (valor que, tras ser aprobado por la junta de Emvarias, creció a 199.989 millones al incluirse el impuesto sobre el valor añadido, IVA). La cifra es sustancial para una empresa pública que en 2022 arrojó pérdidas por más de 11.500 millones de pesos. El Colombiano, el principal periódico de la ciudad, registró los cuestionamientos que surgieron en las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía del municipio de Medellín que es dueña de Emvarias, alrededor de la viabilidad financiera del piloto.

En medio de las dudas, y con el alcalde instando a que se pusiera en marcha el piloto, la junta directiva de Emvarias aprobó la propuesta de Themac el pasado 4 de mayo. EL PAÍS conoció el acta de aquella reunión, en la que quedaron consignadas las múltiples discusiones acerca de si era responsable destinar tantos recursos a esta iniciativa sin tener certezas sobre sus costos y beneficios.

Los reproches más fuertes vinieron por parte de Martha Lucía Durán, una de las miembros de la junta. Economista de la Universidad del Rosario y con más de 16 años de experiencia en el sector, Durán insistió en varias oportunidades sobre la necesidad de frenar el proceso de contratación hasta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad nacional que ejerce control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios, aprobara la solicitud de Emvarias para aumentar la tarifa de disposición final a sus usuarios, que es su principal fuente de financiación y permitiría mejorar su golpeada situación financiera. En referencia a esta petición, agregó que no era prudente incluir “supuestos financieros” en las cuentas de la empresa, sino actuar con base en certezas.

“Sobre la importancia de implementar una nueva tecnología, no se discute, pero el punto financiero no es claro. Hay una caja muy apretada y este proyecto requiere unos recursos adicionales. Reitera que no se está discutiendo si se hace o no, sino el aumento del valor. ¿Eso cómo impacta la caja de este año y de los próximos años?”, fue como se plasmó en el acta una de sus intervenciones. Más adelante se encuentran sus interrogantes a los demás miembros en caso de que se presente “un escenario más ácido”. “Si no se aprueba la tarifa ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué costo y gasto se va a apretar? ¿Cuál proyecto se va a desplazar? ¿Cómo va a garantizar la empresa que este proyecto sea viable? Para que en unos meses no digan, no hubo modificación de la tarifa, la empresa se quedó sin caja, ¿qué vamos a hacer?”.

También se menciona que es poco probable que la CRA permita elevar las tarifas. “Desde ya está advertido que es altamente probable que no se logre la modificación tarifaria” se lee en un aparte. Igualmente, un funcionario de EPM que asistió a la reunión, resaltó en ella que una de las tablas compartidas a los miembros de junta, en las que se intentaba demostrar la eficiencia de la tecnología del piloto en comparación con el actual modelo de cargue trasero, incluía cifras inexactas que le arrojaban niveles de eficiencia errados. “Se están incluyendo valores y actividades costosas para subir el valor por toneladas del cargue trasero y con esos supuestos es más económico el cargue lateral”, se apuntó en el acta.

Los partidarios de la proposición, no obstante, superaron a los quejosos en la votación. Uno de los votos a favor fue de Andrés Moreno Múnera, quien era el gerente de Interaseo en Santa Marta durante la época en que dicha firma contrató con Themac. Ese día se autorizó “el proceso y ejecución del contrato arrendamiento y apoyo arrendamiento y apoyo operacional de la flota vehicular de cargue lateral y equipos y elementos para la prestación del servicio público de aseo”.

EL PAÍS conoció un documento elaborado por la Contraloría Distrital de Medellín en agosto, que detalla múltiples objeciones al piloto. El órgano fiscal alerta que siete años es “un plazo muy largo para un proyecto piloto”; que Themac fue “el único proponente”; que el valor que cobrará por sus servicios es “cercano al doble del presupuesto oficial”; y que no se cuentan con estudios de mercado o proveedores. Finalmente, deja constancia de que Emvarias “no tiene garantizada la aprobación de una nueva tarifa por parte de la CRA lo que generaría un riesgo financiero”.

La contratación con Themac aún no se ha concretado; el contrato no se ha firmado. Hace un mes, la Procuraduría General de la Nación exhortó a Emvarias a frenar el piloto, pero el proceso está andando. Al ser contactada, la empresa pública de aseo señaló que las actas de su junta tienen “carácter de reserva” y que no podía pronunciarse en ningún sentido, ya que aún no se ha firmado el contrato. De firmarlo, según lo corroboran algunos de los profesionales del Grupo EPM y la Contraloría, el futuro de Emvarias se tornará incierto.

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