Daniel Quintero pide congelar las tarifas de servicios públicos en 10 departamentos

Este martes, el alcalde de Medellín hizo pública una carta que le envió al presidente Gustavo Petro. En ella le pidió congelar las tarifas de los servicios públicos en los diez departamentos y tres ciudades capitales en los que los presta Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía de propiedad del municipio que encabeza Quintero. Petro ha asumido por tres meses las facultades de definir las tarifas de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, que estaban en manos de dos comisiones de expertos.

El alcalde, quien ha sido aliado político del hoy presidente desde la campaña presidencial, reveló la carta en la red social Twitter, donde suele publicitar sus decisiones. En ella le da la bienvenida a la polémica decisión de Petro de asumir la regulación de las tarifas. “he recibido con optimismo el Decreto Presidencial No. 0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual usted como Presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la CREG”.

Aunque Quintero no es el representante legal de EPM, como alcalde es presidente de la junta directiva de la empresa, designa a los demás miembros de ese consejo y, en últimas, define al gerente. Su relación con las directivas de la empresa ha sido difícil. Hizo campaña a la alcaldía, en 2019, afirmando que la junta directiva de entonces tenía intereses contrarios a los de los ciudadanos; en 2021 demandó a los constructores de la represa de Hidroituango sin consultarle a la junta, cuyos miembros respondieron con una renuncia en masa.

Hoy el alcalde tiene el poder en EPM. Ha renovado la junta directiva con personas de su confianza; designó un nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo; su gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, Wilder Echavarría, pasó a ser vicepresidente de proyectos de ingeniería de EPM, encargado entre otras de las obras de Hidroituango. Y, sobre todo, promovió que EPM sacara al contratista de las obras civiles de la mega represa, el Consorcio CCC Ituango, sin que hasta ahora haya un reemplazo.

EPM es un actor clave en el mercado de los servicios públicos. Tiene negocios de generación de energía; distribuye la energía, el agua y el aseo no solo en Medellín sino en Antioquia; a través de su filial Afinia presta el servicio de energía en los departamentos caribes de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte del Magdalena, y con otras empresas maneja el servicio en Caldas, Quindío, Santander y Norte de Santander; y tiene los acueductos de Quibdó (Chocó) y Malambo (vecina a Barranquilla). Congelar sus tarifas de energía significa hacerlo para casi 20 millones de personas, un 40% de toda la población de Colombia.

Con el representante político de uno de los principales jugadores apostando por congelar las tarifas, Petro tiene un mayor margen para tomar decisiones que llevan a un congelamiento o reducción de lo que pagan los ciudadanos. Su decisión ha despertado preocupaciones tanto en el sector eléctrico y de servicios públicos en concreto, como entre quienes temen que sea el inicio de una concentración de funciones en su cabeza. No es un tema menor: según su propia decisión tiene hasta mayo para tomar determinaciones sobre las tarifas. Decisiones que pueden tener impacto en la inflación, el futuro de los servicios públicos y las elecciones de octubre.

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