Petro despierta preocupación por su anuncio de asumir la regulación de las tarifas eléctricas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cerró la semana con un nuevo anuncio que se sintió como un “corrientazo” en el sector eléctrico. Dijo que su gobierno asumiría directamente las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la entidad independiente encargada de regular ese mercado, incluyendo las tarifas. Si bien es un organismo adscrito al Ministerio de Minas y Energía, es reconocido por ser de carácter técnico y no político, y tiene una independencia garantizada por ley.

El presidente hizo el anuncio este viernes en el cierre del congreso anual de Andesco, la agremiación de las empresas de servicios públicos. De este modo respondió al rechazo ciudadano por el incremento de los precios de la energía. Las alzas llegan a un 25,9% en el último año, uno de los ajustes – junto con el de los alimentos y bebidas no alcohólicas – que más ha presionado la inflación en el país. En la costa Caribe, donde se encontraba Petro para la clausura del evento en Cartagena, los aumentos de la electricidad rozan el 50%. Alcaldes y gobernadores de la región se han sumado a la protesta de los usuarios que han visto duplicar el costo de su factura.

La CREG es una entidad creada como un órgano independiente al Gobierno. Después de que el país vivió racionamientos energéticos a inicios de los años noventa, tan fuertes que cambió temporalmente su hora para aprovechar más el tiempo con sol, se hizo una gran reforma al sector para despolitizarlo. Se permitió el acceso al capital privado, se separaron las funciones de generar, transmitir y comercializar la energía, y se creó una entidad independiente que lo regulara, la CREG. Al estilo de la junta directiva del Banco de la República, está encabezada por comisionados elegidos por el presidente, pero con un período fijo de 4 años que coincide con el de su sucesor, que no puede removerlos. La entidad ha sido eminentemente técnica.

El camino de asumir las funciones de la CREG que abrió el presidente Petro, se basa en un artículo del Plan de Desarrollo de su antecesor, Iván Duque. Según la interpretación del Gobierno actual, le permitiría acercarse al objetivo de modificar componentes de la tarifa de energía (son seis: generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas), una alternativa que ya habían planteado la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y su viceministra recién designada, Belizza Ruíz, como solución a la crisis. “Ese artículo lo vamos a usar. Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó y el Congreso de la República para asumir las funciones de la CREG”, dijo Petro ante los empresarios.

Sin embargo, expertos del sector eléctrico coinciden en advertir que la interpretación es imprecisa porque el artículo al que se hace referencia solo le permitiría al gobierno asumir funciones para modificar fórmulas tarifarias cuando se trate de “la inclusión de nuevos agentes, actividades o tecnologías”, como señala la misma norma. Es decir, cuando se incorporen otros servicios en la cadena como, por ejemplo, el almacenamiento de energía solar con el uso de baterías.

Además de las dudas jurídicas, también hay inquietudes sobre las implicaciones que esta decisión podría tener en la calidad de la prestación del servicio de energía derivada de menos inversiones. “Todos estamos de acuerdo en que hay que buscar salidas para el valor de la factura, que se ha disparado porque el impacto inflacionario para el productor está muy por encima de lo esperado, pero puede haber efectos irreparables y muy costosos al final de cuentas porque se daña la prestación del servicio”, asegura Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Una de las razones por las que el anuncio presidencial tomó por sorpresa al auditorio en Cartagena es que el día anterior la ministra Vélez se declaró optimista frente a los resultados que podría arrojar el “pacto por la justicia tarifaria”, una mesa de conversación que ella misma anunció y que cuenta con la participación de las empresas.

“Estamos sentados con el gobierno. Existe la mayor voluntad por parte de distribuidores y comercializadores en búsqueda de soluciones en dos sentidos: el alivio de tarifas y garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio”, sostuvo José Camilo Manzur, dirigente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, Asocodis.

“La seguridad jurídica es muy importante en este sector. Lo más importante es la mesa de concertación que sigamos buscando propuestas para bajar la tarifa de una forma coherente y técnica y no simplemente tomar una decisión política que puede costarle demasiado al sector y al usuario”, agrega Sánchez. Actualmente, más del 80% de la energía que se distribuye en Colombia corresponde a contratos que ya están pactados entre los generadores y los comercializadores.

Más allá de la crisis derivada del alza de las tarifas, el presidente ha hablado también de un nuevo modelo, “donde lo público y lo privado se puedan aliar sabiendo que el servicio público solo es un instrumento para garantizar un derecho universal y por tanto no funciona exactamente como un mercado”, dijo en el mismo congreso. “Tampoco vamos a estatizar los servicios públicos”, aclaró. Sus palabras, sin embargo, dejaron más dudas que respuestas.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.