El Gobierno inyecta un billón de pesos para sanear el déficit de ocho sistemas de transporte masivo del país

El Ministerio de Transporte ha anunciado este martes que entregará un billón de pesos a ocho sistemas integrados de transporte masivo (SITM) del país para cubrir una parte de su déficit operacional. El dinero será entregado por el Ministerio de Hacienda, de manera proporcional según la cantidad de viajes validados, a las empresas que manejan los servicios de movilidad en Bogotá, Medellín, el Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Bucaramanga.

El SITM que más recibirá dinero será el de Bogotá, con más de 618.308 millones de pesos. Le siguen el Metro de Medellín (167.334 millones de pesos), el SITM de Cali (84.412 millones de pesos), el del Valle de Aburrá (33.226 millones de pesos), el de Barranquilla (27.269 millones de pesos), el de Pereira (24.955 millones de pesos), el de Cartagena (24.191 millones de pesos) y el de Bucaramanga (20.301 millones de pesos).

La entrega del dinero se hace oficial a cinco días de cumplirse el plazo de dos meses que da la ley 2299, sancionada el pasado 10 de julio, que obliga a la Nación a destinar recursos del presupuesto nacional a financiar los déficits operacionales de los sistemas de transporte por un monto no menor a un billón de pesos (unos 250 millones de dólares). El Gobierno destinó justo ese valor mínimo.

Financiar el transporte en las facturas de la luz

Un día antes de conocerse el desembolso del Gobierno, el presidente Gustavo Petro había expuesto una idea que, además de servir para financiar los transportes públicos de las principales ciudades del país, según su planteamiento también funcionaría para solucionar varios de los problemas que suelen acarrear a diario: “¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”.

Según el mandatario, de esa manera el pago por el transporte público estaría distribuido en cada ciudad según los estratos. Además, afirmaba que se podría otorgar un subsidio de transporte “fácilmente” a los sectores sociales con menores ingresos y, de esa manera, se acabaría el problema de la evasión de los sistemas (que se suele combatir, con poco éxito, a través de barreras físicas como torniquetes del suelo al techo, puertas anticolados y bardas para separar los carriles exclusivos para los buses, en el caso de Bogotá).

El presidente agregaba que los sectores más acomodados quizá no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los “menos pudientes”, y que las estaciones fluirían con mayor facilidad al suprimirse el filtro de registro de las tarjetas. Para él, de esa manera “no moriría gente evadiendo los controles” ni habría déficits tan altos como los que suele padecer el transporte público.

La idea tuvo buena recepción. La alcaldesa de la capital, Claudia López, aseguró que el Gobierno capitalino está “analizando” cuáles deben ser las fuentes de financiación más adecuadas para responder a la propuesta del jefe del Estado. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cercano al Gobierno Nacional, calificó la idea de “cambio trascendental”. Incluso el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, opositor de vieja data del presidente, valoró la exposición del mandatario: “Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. […] La propuesta de Petro es más fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante”.

El debate de la tarifa cero en Bogotá

El anuncio del Gobierno llega al mismo tiempo, para el caso de Bogotá, que el debate por la propuesta de una tarifa cero en el transporte público. Quien primero puso la idea en la agenda fue por el candidato a la Alcaldía Jorge Robledo, quien recuerda la imposibilidad que tienen las personas con menores ingresos monetarios para pagar su pasaje de transporte todos los días. El exsenador ha planteado una disminución gradual del coste de cada trayecto. Así, si se pusiera en marcha, de los 2.950 pesos que cuesta hoy en día un viaje en el SITP, se pasaría a 2.000 pesos en 2025. Después, a 1.000 pesos en 2026 para llegar, en 2027, a los cero pesos.

De manera simultánea, el aporte financiero del Gobierno Nacional al funcionamiento del sistema de transporte bogotano tendría también un aumento progresivo: de cero pesos en 2023 a 2,5 billones en 2025. Más adelante, en 2026, aumentaría a 2,9 billones para llegar, en 2027, a los tres billones de pesos. El candidato Robledo ha mencionado, como beneficios de la medida, un mayor ahorro, sobre todo para las clases económicas de ingresos medios y bajos, o la inversión en necesidades como la alimentación, la vivienda, los servicios públicos o la recreación.

La alcaldesa Claudia López ha rechazado cualquier posibilidad de una tarifa cero al tildarlas de “politiquería engañosa” y de populismo. En su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina escribió este martes: “De lo que se trata el debate abierto es de lograr menores costos y más eficiencias, con múltiples formas de cofinanciación, para poder reducirle el gasto de su ingreso en transporte a quienes menos tienen y más usan el transporte público”. Además, concluyó: “Gratis no hay nada. Todo lo pagamos con impuestos y contribuciones”.

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