Petro-Barbosa, una tensión perpetua

Gustavo Petro lleva una vida dedicada a la confrontación dialéctica. Puede ser muy contenido a la hora de hablar de sus enemigos, uno de esos momentos en los que a la gente se le seca la garganta y se le dilatan las pupilas. Los que lo conocen, sin embargo, saben que nombrar a Francisco Barbosa en su presencia resulta electrizante. El fiscal general de la Nación, a falta de opositores relevantes, es la figura pública que aglutina los deseos de confrontación que el conservadurismo mediático y empresarial tiene contra el presidente, que se queja a menudo del clima de opinión que es capaz de generar en su contra.

Petro se ha movido poco ideológicamente desde que era un adolescente flaco y miope. Se unió a la guerrilla con mucha voluntad pero con poca capacidad de acción, no fue un verdadero hombre de armas. Barbosa, en cambio, se trata de un liberal que se ha derechizado, lo que le ha puesto en un enfrentamiento directo con el presidente. Barbosa era académico de la Universidad del Externado, de talante progresista —Petro estudió ahí economía—. Lo era a pesar de haber estudiado Derecho en la conservadora Sergio Arboleda, donde trabó amistad con el hombre que moldearía su destino en los siguientes años, Iván Duque.

Barbosa, de clase media, hijo de un contador, era estudioso y responsable. Trabajaba más que nadie, escribía ensayos, se preparaba los exámenes a conciencia. Se adivinaba en él a un hombre de leyes notable. Duque, hijo de un político, blanco, de la clase alta bogotana, no era precisamente un alumno brillante, de acuerdo a compañeros que estudiaron con ellos —Duque acaba de publicar, a los 47 años, unas obras selectas que ocupan cinco tomos de buen grosor—. Con los años, uno y otro tomaron caminos distintos. Duque integró el partido de Álvaro Uribe, el presidente que impuso la mano dura para enfrentar la violencia en el país. El uribismo era un duro crítico de los procesos de paz con las guerrilas, al considerar la negociación una rendición y una humillación para la fuerza pública.

Barbosa, por contra, abrazó con entusiasmo el proceso de paz que inició con las FARC el presidente Juan Manuel Santos. Casaba con su talante progresista y antiuribista. Se involucró tanto en el armisticio que se postuló para ser magistrado de la JEP, la justicia transicional que juzga los delitos más graves cometidos durante el conflicto. No resultó elegido en un proceso público en el que participaban expertos internacionales. Tiempo después se esfumó su ardor pacifista y empezó a criticar a la JEP y la implementación de los acuerdos. En la universidad en la que trabajaba molestó mucho ese giro inesperado.

Sin embargo, era la clase de postura radicalizada que lo puso en órbita. Duque, elegido a dedo por Uribe, ganó las elecciones que constataron que una parte importante de la sociedad, influida por las noticias falsas que rodearon todo el proceso, no veía con buenos ojos el acuerdo con la guerrilla campesina. Una vez investido presidente, se rodeó de varios amigos de su juventud, entre ellos Barbosa. Lo nombró alto consejero presidencial para los Derechos Humanos. Fue jefe de misión ante la CIDH, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. A mitad del mandato, Duque lo propuso como fiscal general y la Corte Suprema de Justicia lo aceptó. Se trata, en teoría, de un cargo independiente y la lógica de la Constitución colombiana es que cada presidente participe en la designación de un fiscal que le tocará al presidente siguiente durante dos años.

El destino ha querido que las vidas de Barbosa y Petro se crucen. El impacto para ambos ha sido considerable. Con la ley en la mano, Barbosa ha tratado de oponerse a todas las nuevas políticas del Gobierno. En su último choque directo, ocurrido la semana pasada, el presidente asume que el fiscal se dejó engañar cuando, hace quince días, dijo que existía un plan del ELN para asesinarlo a él, a la senadora de oposición María Fernanda Cabal y al general en retiro Eduardo Zapateiro. Los servicios de inteligencia, consultados por el Gobierno, han determinado que no existe ninguna información ni interna ni de agencias extranjeras que hayan detectado el plan criminal. Petro cree en su fuero interno que Barbosa quiere poner obstáculos al proceso de negociación con el ELN, en marcha desde hace ocho meses.

El fiscal ha sido considerado un enemigo de la paz total, el proyecto de desarmar por vía de la negociación o de las armas a todos los grupos criminales del país. Uno de los alfiles de Petro que tiene esta misión encomendada, Iván Cepeda, ha acusado a Barbosa de utilizar su cargo “con fines políticos y electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno”. Esas palabras podrían estar perfectamente en boca de Petro, pero entonces su respeto a la institucionalidad quedaría en entredicho. Sus encontronazos a veces parecen un juego de niños. Durante una visita a España, Petro recordó que él era el jefe de Estado y, por tanto, “jefe de él”, en referencia a Barbosa. El fiscal dijo que eran unas manifestaciones gravísimas contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Incluso fue más allá: “Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”. Ninguno quiso quedar por debajo del otro.

Los enredos judiciales del entorno de Petro no han sido pocos, por lo que la intervención de la Fiscalía ha sido constante. La oficina de Barbosa investiga a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y también a Juan Fernando Petro, el hermano menor del mandatario, por supuestamente haber cobrado a presos para asegurarles un hueco en las negociaciones entre el Gobierno y el crimen organizado. Petro actuó con prontitud nada más conocerse que ambos estaban bajo la lupa de la justicia y aseguró que no entorpecería las investigaciones. Antepuso el cargo al parentesco.

Hay un tercer caso en manos de la Fiscalía que ha dolido especialmente al presidente, el de su número dos, Laura Sarabia, su mano derecha, la persona que le servía de bastón. La jefa de gabinete se vio apartada de su cargo tras enredarse en un caso que surgió tras el espionaje que le hizo su equipo de seguridad a su niñera, tras la desaparición de un maletín con dinero. Entre medías, apareció un antiguo aliado de Petro y de Sarabia, Armando Benedetti, quien discutió con Sarabia y llegó a insinuar en unos audios filtrados que la campaña del presidente había recibido dinero ilegal. El asunto es que Barbosa armó todo ese caso ante los ojos estupefactos de todo el país, pero, sin ningún ánimo de parecer contenido ni ecuánime, lo calificó como el peor proceso contra los derechos humanos ocurrido en el país en años —lo equiparó a las escuchas ilegales que hizo la extinta policía política del DAS a decenas de opositores, magistrados y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe—. Petro le pidió entonces que actuara de forma profesional y no montara un juicio paralelo.

No hay día que no se mencionen de una u otra manera. Sus enfrentamientos se han convertido en una constante, y durarán sin ninguna duda hasta que termine el periodo del fiscal, en febrero de 2024. En un país repleto de estudiantes de Derecho, el duelo judicial y político que protagonizan ambos se sigue día a día con la jurisprudencia en la mano. Hay quien dice que después de abandonar el cargo, Barbosa arrancará una carrera política de vertiente conservadora. Está por ver. Por el momento, a falta de otras figuras de mayor relieve, no hay mayor opositor a Petro que él. Barbosa, criptonita para Petro.

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