El fallo de La Haya: felices, pero no satisfechos

La semana pasada el país celebró con explicable júbilo la decisión adoptada por la Corte de La Haya que negó la pretensión de Nicaragua sobre el reconocimiento de su plataforma continental extendida en el mar Caribe. Una aspiración que llevaría su presencia marítima hasta Jamaica y Cartagena de Indias, obligando a la misma Corte a delimitar esa plataforma entre los dos países con las zonas económicas de mar superpuestas. Al hacerlo, tendría que revisar la delimitación marítima que efectuó en la sentencia de noviembre de 2012, aún no acatada por el Estado colombiano.

La sentencia niega todas las pretensiones de Nicaragua contenidas en su denuncia del año 2013 y pone fin a un calvario de más de 20 años de litigios judiciales internacionales entre dos países vecinos que pudieron evitarse con diálogo y negociación.

El doloroso enfrentamiento ha estado caracterizado por el manejo errático de la defensa colombiana concentrada en el desconocimiento de la competencia de la Corte en 1932 ―entonces denominada Corte Permanente de Justicia Internacional― y el Pacto de Bogotá suscrito después del Bogotazo, en 1948. Así como por los cambios sorpresivos y frecuentes de los embajadores y agentes colombianos responsables de los procesos en La Haya y por una argumentación más orientada a la cartografía histórica y a la defensa de nuestra soberanía marítima que hacía la vía jurídica y política.

Así, la estrategia de defensa de Colombia pasó por alto circunstancias que, según la propia Corte de La Haya, en 2012 hubiesen podido tener un tratamiento distinto del litigio, cuando Colombia perdió 76.000 km2 de su mar Caribe. Por ejemplo, la presencia en la zona discutida de una población nativa, el pueblo Creole (que en Colombia llamamos raizales), de más de seis millones de habitantes con su corazón en San Andrés y Providencia que considera el área afectada como su “maritorio” ―su mar-territorio―, en el cual tiene sus raíces y del cual vive y respira identidad.

O el hecho de haber ignorado que buena parte del mar en disputa parte del sistema coralino del Caribe Suroccidental (Seaflower en Colombia), el tercero más grande del mundo, con 400.000 km2 de extensión, donde habita más del 75% de las especies vivas del Caribe (corales, aves, peces, etc.) en la jurisdicción marítima de Colombia, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Al final, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con su canciller Álvaro Leyva, instaló estos dos temas en las audiencias definitivas y nombró una coagente raizal para que fueran tenidos en cuenta, concentrándose en la esencia jurídica y no geomorfológica de la disputa.

Por una curiosa paradoja, los argumentos jurídicos definitivos invocados por Colombia, ampliados y fortalecidos por la propia Corte al afirmar que “aunque puede haber plataforma continental donde no hay zona económica exclusiva, no puede haber zona económica exclusiva sin su correspondiente plataforma continental”, sirvieron para descartar la petición nicaragüense del reconocimiento de su larga plataforma natural extendida en el Caribe. De esta forma, la Corte dio la razón a Colombia, invocando el contenido de su Sentencia de 2012, que, como ya dijimos, los Gobiernos colombianos de este siglo han desconocido pasándose la pelota ardiendo del litigio sucesivamente.

Más grave aún es que esta evasión de responsabilidades ha ido en contravía de la Corte Constitucional, que en la sentencia C-269 del 2 de mayo de 2014 afirmó, de manera categórica, que el Estado tenía que prever los procedimientos legales y constitucionales para acatar el fallo de La Haya de 2012, modificando con Nicaragua los límites marítimos acordados en el Tratado Esguerra Bárcenas en 1928 para luego llevarlos al Congreso de la República. Llama entonces la atención que el fallo no acatado de La Haya de 2012 hoy nos sirva para ganar un round de un combate a muchos asaltos que veníamos perdiendo durante más de 20 años.

Hacia adelante hay que tener en cuenta lo que debimos hacer antes de dejarnos llevar a La Haya, y que junto con el expresidente Alfonso López Michelsen propuse: agotar la vía diplomática. De haberlo ejecutado, nos habríamos ahorrado 22 años de litigio y pérdidas oceánicas. Ahora, para pasar del litigio judicial al diálogo, tenemos que comenzar por aceptar los fallos de La Haya y definir los nuevos límites marítimos con Nicaragua, para llevarlos al Congreso de la República.

Antes, debemos devolver a los Creole su maritorio para la pesca, la vida y la cultura, mientras tanto, avanzar con los seis países vecinos del archipiélago hacia un manejo conjunto del sistema coralino del occidente caribeño a través de una reserva transfronteriza de biósfera regulada por la UNESCO como la del Seaflower que tenemos en Colombia desde hace dos décadas. Y que una comisión de acercamiento con Nicaragua empiece a trabajar ya con liderazgo Creole.

En síntesis: el fallo de la semana pasada nos puede dejar felices, pero no satisfechos. Tenemos muchas tareas por delante como para poder decir, triunfalistamente, que el tema está acabado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.