El fallo de La Haya: una victoria justa y un legado para el mundo

El pasado 13 de julio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se leía la decisión sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia con la que pretendía una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su litoral. El fallo ratificó la argumentación sostenida por Colombia a lo largo de 10 años en el sentido de que la reclamación a una plataforma extendida como la pretendida por Nicaragua ―es decir, más allá de las 200 millas― no podía limitar los derechos de plataforma y zona económica exclusiva que el derecho internacional le reconoce a nuestro país en el Caribe. Asimismo, constituye una reivindicación de la postura en derecho asumida por nuestro país, y un valioso legado para el mundo: no puede existir una plataforma que pase por encima de la que el derecho internacional le reconoce a otro país.

No hay plazo que no se cumpla: tras más de dos décadas de pleitos judiciales entre los dos países, finalmente se ha puesto punto final a la controversia con Nicaragua, y en este fallo el derecho le dio la razón a Colombia.

Resulta inevitable pensar en el desgaste causado por una reclamación que, a todas luces, carecía de sustento. Sin embargo, un análisis retrospectivo de las acciones desplegadas a lo largo de la última década da cuenta de un fortalecimiento diplomático, jurídico e institucional en defensa de la soberanía de Colombia.

No es una exageración afirmar que con la decisión de la Corte Internacional de Justicia se cierra un capítulo de la historia de Colombia. Primero fue la pretensión de soberanía sobre nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y una delimitación marítima, temas decididos por la Corte en el fallo de noviembre de 2012. Esa decisión ratificaba nuestra soberanía sobre todas y cada una de las islas del archipiélago, pero trazaba una línea de delimitación abiertamente desfavorable a Colombia. Este fue un asunto que en el país levantó ampollas, los diferentes Gobiernos se lavaron las manos y la culpa recayó en el de turno, aunque había sido el único que no había participado en el proceso, pues para el 7 de agosto de 2010 ya se había agotado la fase escrita.

La decisión de la Corte en el 2012 fue muy cuestionable y dura contra Colombia. A consecuencia de esto, nos retiramos del Pacto de Bogotá, camino jurídico que le otorgaba jurisdicción a dicha Corte. Sabíamos que Nicaragua nos demandaría nuevamente antes de cumplir el año de retiro del Pacto, como efectivamente ocurrió en septiembre de 2013, cuando Nicaragua presentó una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia reivindicando una vez más una supuesta plataforma continental extendida.

La consolidación y fortalecimiento de la sólida estrategia de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia se inició aun antes de que Nicaragua radicara su demanda de 2013. De destacar en este sentido la promulgación del decreto 1946 de 2013, el cual ratificó que la plataforma continental y la zona económica exclusiva “generadas hacia el oriente por los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe se superponen con la plataforma continental y la zona económica exclusiva generadas hacia el noroccidente por la costa atlántica colombiana”.

Se subrayó una vez más que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena, sobre la cual nuestro país tiene y ejerce los derechos soberanos otorgados por el derecho internacional.

Desde el inicio de este proceso integramos un equipo de excelencia, conformado por abogados internacionalistas de primer orden; un agente, Carlos Gustavo Arrieta, y un coagente, Manuel José Cepeda, totalmente comprometidos con el proceso; un equipo jurídico en la Cancillería liderado por Andrés Villegas que fue el corazón en estos años de defensa; y la activa participación de la Armada Nacional y de la comunidad raizal a través del Raizal Team de San Andrés y Providencia.

Los resultados de estos ejercicios van mucho más allá de la obtención de evidencias que respaldaron la argumentación de Colombia ante la CIJ, pues contribuyeron a la formación de almirantes, capitanes y técnicos con vasto conocimiento en estudios del suelo y el subsuelo marino, así como a la conformación de una flota de cinco buques oceanográficos e hidrográficos.

Este proceso supone también un valioso legado en conocimiento, fortalecimiento institucional y capital humano al servicio de la defensa de los intereses y la soberanía nacional. Conocimiento jurídico del más alto nivel, tecnología, formación e infraestructura al servicio de los más altos intereses del país.

Se trata sin duda del éxito de una política de Estado, una defensa que se estructuró en el Gobierno del presidente Santos, se le dio continuidad a la línea de defensa y al equipo por parte del Gobierno del presidente Duque y un final del proceso que le correspondió al Gobierno actual, pero donde los argumentos jurídicos estaban totalmente expuestos.

Eduardo Valencia-Ospina, el nuevo agente designado en noviembre del año pasado por el Gobierno nacional, era miembro del equipo jurídico de Colombia desde hacía varios años y una persona que siempre había estado vinculada a la defensa de los intereses del país.

La sentencia en este proceso representa una victoria justa ―en pleno derecho y razón― y un legado para el mundo. Esta es la mejor forma de resumir los positivos efectos del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Los argumentos, la solidez jurídica, el respeto por la integridad territorial y la ratificación del valor de los procesos históricos y de lo pactado, son, por encima de cualquier ánimo bélico, la solución a las controversias en el ámbito internacional.

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