Preguntas de fondo a la participación en la negociación con el ELN

Recientemente circularon en redes fotografías del ELN patrullando junto a grafitis que dicen “Participar es decidir”. Partamos de lo siguiente: si esta guerrilla utiliza cualquier tipo de coacción, física o simbólica, para promocionar el proceso participativo que está negociando con el Gobierno, entonces la sociedad colombiana va, necesariamente, a rechazar sus resultados. Con esto en mente, analicemos la propuesta de participación que está sobre la mesa.

En los acuerdos de México (10 de marzo) y de Cuba (9 de junio) se define el “espíritu” del proceso de participación, se establecen sus fases y se crea una instancia para impulsarlo. Sin embargo, surgen dudas sobre su eficacia y representatividad. Sobre la eficacia, preocupan las limitaciones para integrar aprendizajes, resultados y espacios de participación previos. Los reparos sobre la representatividad ponen en entredicho la legitimidad del proceso.

La negociación con el ELN busca aterrizar en “un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado” con una agenda de transformaciones definidas participativamente. El acuerdo del 10 de marzo propone el diseño de un gran proceso participativo (punto 1), para identificar las principales conflictividades del país con propuestas de solución (punto 2) que se llevarían a cabo participativamente (punto 3). Según este acuerdo, el “corazón del proceso es la participación de la sociedad en la definición y ejecución de las transformaciones necesarias para la paz” (numeral 5.2.4).

Sobre esos propósitos, el siguiente acuerdo, del 9 de junio, define tres asuntos. Primero, habrá tres fases (diseño, diagnóstico y construcción de agenda). Segundo, se crea el Comité Nacional de la Participación (CNP) con 80 delegados de 30 sectores, encargado de dinamizar la fase de diseño (no se sabe si se vinculará a las siguientes fases). Tercero, a mayo de 2025, los resultados de la participación se incorporarán en el Plan de Ejecución de los Acuerdos con el ELN.

El Comité corre el riesgo de reproducir fallas ya conocidas. Colombia cuenta con infinidad de espacios como los Consejos de Participación, los Consejos de Planeación y los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia. Estos se han creado con la ilusión de superar limitaciones de capacidad, recursos y alcances en los mecanismos de participación. La experiencia ha sido que las nuevas instancias, en lugar de solucionar las limitaciones, las reproducen y amplifican.

También se corre el riesgo de desconocer planeaciones participativas previas y sus resultados, aun cuando en la fase de diagnóstico se proponen tener en cuenta informes estatales, estudios sociales, acuerdos entre movimientos sociales y el Estado e investigaciones académicas.

Recientemente tuvimos los Diálogos Regionales Vinculantes impulsados por el Gobierno para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. En ellos se recogieron unas 90.000 propuestas ciudadanas en más de 50 regiones. También, como parte del acuerdo con las FARC, se realizó un gran proceso de planeación participativa donde se identificaron cerca de 33.000 iniciativas orientadas a transformar las regiones más afectados por el conflicto armado.

Ninguno de estos procesos, ni sus resultados, se mencionan explícitamente en lo acordado con el ELN. En cambio, se propone un ejercicio de planeación que seguramente terminaría duplicándolos.

En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) insistimos en que darle un lugar a los espacios existentes y a los resultados de procesos previos sería una alternativa novedosa. En vez de adelantar otro diálogo sobre problemas y soluciones se podría, con el apoyo de espacios existentes, avanzar en la priorización de iniciativas identificadas previamente y concertar su implementación.

Incorporar procesos previos es, además de un acierto metodológico, un reconocimiento a la ciudadanía que ha atendido el llamado a participar en ocasiones anteriores y está frustrada con los escasos resultados.

Por otra parte, hay dos asuntos sobre la representatividad que, a futuro, socavan la legitimidad del proceso. El primero es la falta de criterios para convocar y garantizar que a los espacios de participación lleguen voces diversas. Se desconoce cómo se seleccionaron los integrantes del Comité: no hubo una etapa pública de postulación, sino que el anexo 1 del acuerdo de Cuba enumera las organizaciones seleccionadas. Esto va a generar reparos entre quienes no fueron incluidos y quisieran estar allí. Además, no será suficiente anunciar que más adelante todos podrán participar. Habrá que aclarar límites porque es imposible que un ejercicio de participación esté abierto todo el tiempo a todo el que quiera involucrarse.

Sobre esto, hay experiencias que usan mecanismos de selección aleatoria para garantizar mayor representatividad. Es el caso de las Asambleas Ciudadanas, con amplia trayectoria en Irlanda, Bélgica y Australia.

El segundo asunto es la atribución de vocería. El ELN se presenta a sí mismo como vocero de las poblaciones históricamente excluidas, desconociendo los espacios que ellas han ido ganando a través de mecanismos no armados, formales e informales. No es nada claro que, a hoy, estas poblaciones se sientan representadas por el ELN y seguramente, en un ejercicio participativo, querrán hablarle al Gobierno y también a esta guerrilla para cuestionar sus acciones y hacerle exigencias. Hasta el momento, el ELN no se muestra interesado en espacios donde también deba escuchar, mucho más si esta guerrilla va a mantenerse en armas mientras el ejercicio de participación avanza.

Así como los anuncios de cese el fuego son bien recibidos por las comunidades, una declaración explícita del ELN reconociendo que no va asumir su vocería, y más bien que su actitud será de escucha, sería un gran gesto para dotar de legitimidad esta negociación.

En conjunto: aunque Colombia tiene una trayectoria participativa llena de frustraciones, seguimos en la búsqueda de ejercicios más incidentes. No es preciso atribuir nuestras falencias a la falta de escenarios. Hemos probado mecanismos diversos, creado instancias e implementado planeaciones participativas. Por eso, antes de embarcar a la ciudadanía en un nuevo proceso, debemos preguntarnos por su eficacia y representatividad. De momento, la agenda de participación con el ELN no resuelve estos asuntos y, como se señaló, si este grupo utiliza las armas para coaccionar a la participación, sus resultados perderán toda legitimidad.

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