Ariel Ávila: “Si el Gobierno de Petro no rearma ya la coalición legislativa se van a hundir todas sus reformas”

La fuerza del Gobierno en el Congreso de la República pasa por una crisis que tiene en riesgo la aprobación de sus principales reformas. Este martes la comisión primera del Senado no tuvo el cuórum para hacer el séptimo de los ocho debates de dos reformas constitucionales que son prioridad para el Gobierno, la de cannabis de uso adulto y la jurisdicción agraria. Pasó lo mismo en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que tenía planeado hacer el primer debate a la reforma laboral liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Las sillas vacías, en su mayoría de los principales partidos de oposición, el uribista Centro Democrático y Cambio Radical, obligaron a suspender las sesiones y a aplazar los debates para este miércoles. Con un agravante: quedan apenas 15 días hábiles para que termine la legislatura y los proyectos pueden hundirse por la falta de tiempo.

El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, quien asistió a la comisión primera del Senado, le dijo a EL PAÍS que desde hace 45 días el Congreso está prácticamente paralizado. “Si el Gobierno del presidente Gustavo Petro no rearma ya la coalición legislativa, se van a hundir todas sus reformas”, advirtió. El senador insistió en que es urgente que el presidente y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, logren pronto un acuerdo con los congresistas para que los proyectos de ley retomen su trámite. “Con dos o tres días más de parálisis los proyectos de cannabis y de jurisdicción agraria estarían hundidos. La reforma laboral tiene un margen de tiempo más amplio, pero también está contra el reloj”, explicó Avila. Un funcionario del Gobierno que ha trabajado en las discusiones previas de las reformas y prefiere no dar su nombre, coincide con el diagnóstico: “Con la ausencia de cuórum de este martes, los proyectos de ley del cannabis y la jurisdicción agraria están graves, en cuidados intensivos, más muertos que vivos”.

La razón es que los proyectos de cannabis de uso adulto, que busca despenalizar el porte, el consumo, la producción, la distribución y venta de la marihuana para mayores de edad; y de jurisdicción agraria, una iniciativa para que los campesinos víctimas de despojo de tierras puedan acceder a la justicia, son reformas constitucionales. Por eso deben ser aprobados en ocho debates durante dos legislaturas continuas. El límite para los dos, que han recibido el visto bueno y el apoyo del presidente, es este 20 de junio. Por su carácter jurídico no pueden ser discutidos en las sesiones extraordinarias que el Gobierno piensa convocar entre el 21 de junio y máximo el 19 de julio. La reforma laboral, en cambio, solo necesita pasar uno de sus cuatro debates, sí se puede discutir en las extras y podría seguir su curso el próximo semestre. “Si este miércoles no pasan los dos proyectos, los tiempos no darían para que se aprobaran porque aún les falta el debate final en la plenaria del Senado”, recordó Ávila en entrevista con EL PAÍS.

A la falta de cuórum en la comisión se sumó una fuerte discusión entre dos senadores del opositor Cambio Radical, David Luna y Carlos Fernando Motoa, y el ministro Velasco. El choque se originó, según Motoa, en que cuando le manifestaba a Velasco una preocupación por la seguridad de los senadores, el ministro le dijo que por ser de la oposición no podía asistir a la reunión que estaba teniendo con los congresistas de la coalición de Gobierno. La discusión concluyó con el anuncio de Luna de que él y Motoa no volverían a acompañar los debates programados en la comisión hasta que el ministro le pida perdón a su bancada. ”Le solicitamos al señor ministro que nos respete”, dijo Luna antes de retirarse de la sesión. El ministro no contestó las preguntas de EL PAÍS.

El problema de que los tres congresistas de Cambio Radical no asistan a los debates de la comisión primera es que sus votos son necesarios para aprobar las dos reformas constitucionales, ya que uno de los dos senadores verdes, Jotape Hernández, en la práctica funciona como un opositor, y no está el independiente Humberto de La Calle. El representante liberal Juan Carlos Losada, que lidera el proyecto de cannabis de uso adulto, lo explicó este martes en una declaración en su cuenta de Twitter: “Hoy no se alcanzó a debatir por una controversia en la comisión por los esquemas de seguridad de algunos senadores (...) pero estamos convencidos de que nuestros compañeros de Cambio Radical siguen comprometidos con el proyecto”, dijo.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica, le dijo a EL PAÍS que la inasistencia de los congresistas a los debates es una decisión política en la que, además de incumplir sus funciones, le dan la espalda a dos temas que afectan a sectores sociales importantes que esperan que el Senado les ayude a garantizar sus derechos. “En Colombia hay 12 millones de campesinos que han padecido el conflicto, la guerra, y que necesitan la jurisdicción agraria para acceder a la justicia”. Becerra afirma que los congresistas que no asisten “les están diciendo a los campesinos que no les importa su situación”. Según Becerra, es un ejemplo evidente del “chantaje de los congresistas de los partidos tradicionales al Gobierno del cambio”.

El representante comparte la preocupación del senador Ávila. “La coalición del Gobierno se está rehaciendo y se ha cruzado, lamentablemente, con un momento decisivo de la legislatura”, afirma Becerra. Y añade: “Los actos legislativos de jurisdicción agraria y cannabis tienen los tiempos exactos para poder ser aprobados, si se dilatan más días seguramente se hundirán”.

Algo similar ocurrió en la comisión séptima de la Cámara, donde a la falta de cuórum se sumó el choque entre dos representantes, lo que impidió que se empezara a debatir la reforma laboral. Antes de que el presidente de la comisión levantara la sesión, el representante de La U Víctor Manuel Salcedo, quien fue fundamental para sacar adelante la reforma a la salud, se quejó de que el Gobierno no ha ayudado en las iniciativas de su bancada. “Veo con preocupación que hay demasiada celeridad para discutir los proyectos que manda Palacio y, en cambio, ´operación tortuga´ para los proyectos de otros parlamentarios”, dijo el representante. “No somos borregos o notarios de las iniciativas del Gobierno”, añadió y explicó que la semana pasada los congresistas de la bancada de Gobierno no apoyaron un proyecto de ley para regular el uso de los vapeadores.

Salcedo aprovechó la presencia de la ministra de Trabajo en la comisión para hacer el reclamo: “Hoy, ministra, usted puede ver lo que pasa en la Comisión. La ausencia de congresistas es la respuesta a la falta de respeto de algunos representantes del Gobierno”. María Fernanda Carrascal, ponente de la reforma laboral y alfil del Gobierno, le respondió y subió el tono del debate: “Acá estamos hablando de la dignidad de los trabajadores, de la precarización laboral. Si vamos a recurrir al argumento del respeto para minar y cercenar el debate político cada vez que se les da la gana, pues cerremos el Congreso de la República”. Salcedo abandonó el recinto. Al final del día, lo único positivo para el Gobierno en el Congreso fue la radicación de la ponencia de la ley de sometimiento y de la reforma pensional.

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