La fiscalía de la JEP lleva a juicio al excongresista Luis Fernando Almario por aliarse con las FARC para masacrar a sus rivales políticos

La fiscalía de de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha presentado este lunes su primera acusación por el crimen de lesa humanidad de persecución, con penas de hasta 20 años de prisión. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) ha acusado al excongresista conservador Luis Fernando Almario Rojas de haberse aliado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para masacrar, entre 1995 y 2002, a la tradicional familia liberal Turbay Cote y sus aliados políticos. Según la entidad, los asesinatos, secuestros o desplazamientos de 30 personas no fueron hechos aislados, sino parte de “un entramado criminal” con la antigua guerrilla.

El escrito de la UIA señala a las FARC y a Almario, representante a la Cámara entre 1994 y 2002, por diseñar y ejecutar “un plan para atacar a los integrantes del turbayismo con el fin de desplazarlos de la arena política en el Caquetá y así asumir el control político de dicho departamento”. Entre los 20 homicidios contabilizados se encuentran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada departamental, un gobernador, tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. Además, se responsabiliza a Almario por el secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal y por el desplazamiento forzado de otras siete personas.

El director de la UIA, Giovanni Álvarez, ha agregado durante una rueda de prensa que se identificaron dos patrones de violencia: los crímenes contra las 30 víctimas y la captura del Estado para el ejercicio ilegítimo del poder público. Según la entidad acusatoria, el excongresista fue el líder de un entramado político que llegó a apoderarse del poder en el departamento, aunque no se han difundido precisiones sobre otros funcionarios implicados. “[Los parlamentarios] no deben llegar a estas corporaciones por acuerdos entre políticos y miembros de grupo armados al margen de la ley. Es grave para la democracia, es grave para el país”, ha remarcado Álvarez.

Los Turbay Cote, familiares del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), conformaban un importante clan político en Caquetá. El exsenador Luis Hernando Turbay y la exdiputada Inés Cote tuvieron dos hijos que también se dedicaron a la política, Rodrigo y Diego Turbay Cote. Rodrigo fue el primero en asumir el liderazgo que antes ejercía su padre, quien falleció en 1990. Representante desde 1986, llegó a ocupar la presidencia de la comisión cuarta y de la Cámara. Fue secuestrado en junio de 1995, tras asistir a una reunión con campesinos. Apareció muerto dos años después, en las aguas del río Caguán.

Diego, que vivía en Europa, tomó el liderazgo tras la muerte de su hermano: fue electo a la Cámara en 1998 y llegó a ocupar la presidencia de la Comisión de Paz. En diciembre del año 2000, fue acribillado a balazos junto a su madre —de 65 años— y otras cinco personas cuando viajaba a la toma de posesión del alcalde de Puerto Rico. Las crónicas de este periódico en ese entonces relataban que inmediatamente el presidente Andrés Pastrana responsabilizó a las FARC y que Inés Cote había denunciado “la alianza de algunos políticos de la zona con la guerrilla”. Fue un duro golpe para los diálogos que la administración de Pastrana adelantaba con las FARC a pocos kilómetros de la masacre.

El caso formó parte de las denuncias de la Farcpolítica, en 2007. El ahora presidente de la República, Gustavo Petro, indicó cuando era congresista que había un “triunvirato operativo de la muerte en el Caquetá”, con una articulación entre la guerrilla, los políticos y los mafiosos. Años después, en 2011, dos antiguos comandantes de las FARC señalaron a Almario como el autor intelectual de la masacre de los Turbay Cote. “Él en varias oportunidades nos reiteró que por qué no buscábamos la forma de sacarlos de la arena política”, dijo el líder conocido como Mauricio Gareca. Almario, sin embargo, negó las acusaciones.

En 2014, las FARC le pidieron disculpas a Constanza Turbay, hermana de Rodrigo y Diego. “Iván Márquez se acercó con sentimientos de sinceridad (...) Me dijo que fue una equivocación lo que cometieron con mi familia y que contara con que iban a esclarecer toda esa verdad”, comentó la única sobreviviente de la familia durante una participación en diálogos de víctimas en La Habana.

La JEP, tribunal de justicia transicional acordado entre el Estado y las extintas FARC, aceptó el caso bajo su jurisdicción en 2020 y lo incorporó al macrocaso 001, que investiga los secuestros realizados por las FARC. Rechazó otro proceso por vínculos con paramilitares, por el cual la Corte Suprema condenó a Almario en 2016 a 10 años de prisión. En 2021, tras un año en el que Almario no reconoció sus crímenes e insistió con su inocencia, la JEP remitió el caso a la UIA y revocó los beneficios judiciales.

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