El enroque empresarial del GEA: ¿su muralla contra los Gilinski y su flanco más débil?

Si hoy la batalla corporativa por el control del denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), acaso el más poderoso del país con 125 empresas, se libra de forma pública en los despachos judiciales y de los órganos de control, otra por lo menos igualmente decisiva avanza sin mayor visibilidad en la Superintendencia de Sociedades, que vela por la libre competencia en Colombia. La entidad ha abierto, de oficio, un expediente para esclarecer si el Grupo Sura, el Grupo Nutresa y el Grupo Argos, las tres grandes matrices del GEA, han actuado como un bloque económico conjunto sin haberse declarado ante las autoridades como tal, con la categoría de grupo económico.

“Resulta fundamental esclarecer”, se lee en una carta dirigida en septiembre pasado desde la Supersociedades a la Superfinanciera, “si las compañías matrices pertenecen a una misma estructura de control o grupo empresarial (…)”. La investigación resulta inédita. Nadie había puesto en cuestión, en más de cuatro décadas de existencia del GEA, la estructura de un grupo que también ha sido conocido como Sindicato Antioqueño y que nació a finales de los años setenta como un entretejido de accionariados cruzados que no cuenta con un accionista mayoritario, no tiene una compañía que controle a todas las demás ni cuenta con personería jurídica.

Esa estructura, creada para evitar tomas hostiles, ha sido etiquetada como un “enroque”. Son cientos de familias accionistas, especialmente antioqueñas, que han hecho las veces de muralla infranqueable para repeler, en buena medida, las ocho ofertas públicas de adquisición (OPA) hostiles desplegadas a lo largo del último año y medio por la familia de banqueros Gilinski, una de las más ricas de Colombia. Ataques de adquisición que han servido, por lo pronto, para que el clan familiar se haga con el 38% de Sura y el 31% de Nutresa.

Ramiro Bejarano, asesor jurídico de Sura y columnista del diario El Espectador, asegura que en caso de que los órganos de control decretaran que el GEA constituye un grupo empresarial, se generaría un “tsunami económico y financiero gigantesco. Los señores Gilinski lograrían multiplicar su participación en estas sociedades, que es lo que están buscando. Pero ellos saben desde que entraron a las juntas directivas que se trata de entidades autónomas”. Es un debate jurídico al cual los expertos consultados, sin embargo, no le auguran una fácil ni pronta solución.

En septiembre pasado, el entonces superintendente financiero Jorge Castaño arrojó algunas pistas. Durante un foro en Medellín aseguró que, en el caso concreto de Grupo Sura y su filial Bancolombia, el banco más grande del país y probablemente el objetivo último de los Gilinski, ya se había establecido que en efecto configuran un conglomerado financiero.

A pesar de la actual investigación abierta, que está amparada bajo reserva del sumario, Castaño aclaró que frente a Grupo Argos y Grupo Nutresa no se ha probado la existencia de un “grupo empresarial” ni que haya “situación de control entre ellas”. Un asunto vidrioso si se tienen en cuenta las declaraciones del Grupo Sura en los documentos públicos que aportó para la emisión de bonos internacionales, bajo la Regla 144/Regulación S del Estado de Nueva York, donde se presenta frente a las autoridades estadounidenses como un solo gran conglomerado junto con Argos y Nutresa.

El portal económico Dinero, del grupo Semana, propiedad de los Gilinski y por tanto señalado de tener un cubrimiento instrumental a los propósitos de sus dueños, se preguntaba en un artículo de octubre: “A los inversionistas extranjeros les dicen que son un grupo y a las autoridades colombianas que no. ¿A quién le están diciendo la verdad?”. Ramiro Bejarano, por su parte, responde enfático: “Un grupo solo se constituye cuando hay una imbricación en los estamentos de administración. Estas son entidades con órganos administrativos diferentes, representantes legales diferentes y cada una tiene su propia forma de actuar”.

Para el economista antioqueño Javier Mejía, profesor de la Universidad de Stanford, la investigación puede tener sustento real, aunque no necesariamente legal: “Creo que, en términos prácticos, el GEA sí se comporta como lo que la mayoría de personas llamaría un conglomerado. Es decir, una serie de organizaciones que evidencian cierta coordinación subyacente. Pero eso no quiere decir que legalmente sean un conglomerado. La coordinación que uno ve entre las organizaciones es, en buena medida, producto de la cultura común de los directivos, las redes sociales entre ellos, incluso sus similitudes morales, y eso creo yo que escapa a la definición legal”.

Para comprender la repartición accionaria entre los tres grandes grupos del GEA habría que recordar que Argos, nutrido en especial por su línea energética y cementera, es dueño del 27% del Grupo Sura y de cerca del 10% de Nutresa, una de las mayores multilatinas de alimentos del continente, que, a su vez, es propietaria del 12% de Argos y del 13% de Sura. Esta última, una sociedad financiera con presencia en 11 países, es dueña del 35% en el caso de Nutresa y de Argos, respectivamente.

Para caracterizar esta maraña de relaciones comerciales horizontales se ha llegado a utilizar como ejemplo desde la ancestral defensa siciliana en ajedrez, hasta una estructura empresarial japonesa conocida como keiretsu: una asociación vertical y horizontal de compañías con participaciones cruzadas entre sí.

Ahora, con la llegada del economista César Ferrari, muy cercano al presidente Gustavo Petro, a la cabeza de la Superintendencia Financiera, se suma un nuevo factor en el seguimiento de la batalla empresarial más intensa y con más impacto por tratarse de un bloque económico que genera el 6,7% del producto interno bruto del país. Una coyuntura que da pie para que el abogado Ramiro Bejarano traiga a colación la protesta masiva de los abogados de Sura tras el sorpresivo registro ejecutado en abril por el ente regulador a las oficinas del grupo: “Se llevaron todos los computadores de los funcionarios, pese a que estaban advertidos de que había información reservada y la correspondencia con los abogados. Eso es un atropello contra la ley 74 que protege el secreto profesional”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.