Petro promete concesiones para terminar con el paro minero en Antioquia

El presidente de la República, Gustavo Petro, se ha puesto al frente de la respuesta gubernamental al paro minero en el Bajo Cauca y en el Nordeste de Antioquia y a la violencia que se mantiene en la región, de la que responsabiliza al Clan del Golfo. “No estamos persiguiendo a la pequeña minería”, ha enfatizado tras una reunión del Consejo de Seguridad en Caucasia. Según el presidente, se creará un Distrito Minero, una zona en la que se formalice y regularice esta actividad, que en la región presenta altos grados de informalidad e ilegalidad. Asimismo, prometió que se reformará el código minero y que se dará respaldo financiero y tecnológico a los pequeños productores. El objetivo es que los mineros no estén sujetos a “organizaciones oscuras”.

Petro ha diferenciado los intereses de los trabajadores artesanales de los que motivan a los grupos armados y sus grandes explotaciones ilegales. “Lo que no vamos a permitir es que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza, en función de una codicia que responde a intereses extraños al territorio y a la población”, ha declarado. La minería ilegal del oro en la zona, de acuerdo con el presidente, destruye el territorio “de manera pavorosa” y se usa para lavar dinero del narcotráfico.

La persecución al Clan del Golfo ya está en marcha. El presidente los ha acusado de instrumentalizar a los manifestantes del paro. “[El grupo] manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas con su propia hambre”, ha comentado. El Estado, según Petro, se mantendrá firme en su respuesta al mayor grupo narcotraficante de Colombia: “La Fuerza Pública tiene la orden de copar el territorio y no de abandonarlo”.

El paro inició el pasado 2 de marzo, como reacción al operativo del Gobierno que el día anterior había destruido cinco dragas que se utilizaban para la extracción ilegal de oro. Los mineros iniciaron las movilizaciones con el objetivo de reclamar que se formalice la minería artesanal y que la Fuerza Pública no destruya maquinaria. Desde entonces, los bloqueos han dificultado el abastecimiento alimentario y el suministro de medicamentos en la región. Asimismo, ha habido episodios de violencia que incluyen muertes violentas, el sabotaje de tubos de agua en Tarazá y la destrucción de peajes y vehículos.

El Gobierno propuso el 13 de marzo la creación del Distrito Minero y un plan de formalización. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, resaltó en la presentación de esa propuesta que era necesario conciliar la protección ambiental con los derechos de los trabajadores que dependen de estas actividades. La violencia, sin embargo, no cesó.

La creciente gravedad de los destrozos y agresiones llevaron a que el Ejecutivo se sumara a las denuncias del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que desde el principio apuntó al Clan del Golfo como responsable de los disturbios. El presidente señaló el 12 de marzo que ese grupo no había honrado el armisticio que se anunció el pasado diciembre. “El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, remarcó en Twitter.

La paciencia se acabó el pasado domingo, tras un ataque con fusil a la policía. Petro ordenó reactivar las operaciones militares contra el grupo heredero del paramilitarismo. “A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, declaró en redes sociales. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.

El Ministerio de Defensa anunció ese mismo día que se reanudaban los operativos. El jefe de la cartera, Iván Velásquez, invitó a los transportadores a unirse a las caravanas provistas por la Fuerza Pública para movilizarse en la zona. Su colega de Interior, Alfonso Prada, prometió que el Gobierno mantendrá el diálogo con los mineros que reclaman mejores condiciones de trabajo.

El problema de fondo es el dominio que tiene el Clan del Golfo de la minería ilegal del oro en la zona. El investigador Daniel Bonilla explicó a este periódico hace unos días que el grupo domina las dragas y el resto de la cadena de producción: “Con ellos se dio un gran cambio en la lógica de control del oro. Todos los grupos anteriores (FARC, ELN, Bloque Mineros) habían ejercido de algún modo una regulación del mercado, pero las AGC controlan toda la cadena. No hay un gramo de oro que se mueva en el Bajo Cauca sin su autorización”.

El Clan del Golfo, sin embargo, ha negado este lunes cualquier tipo de vinculación con el paro minero y ha acusado a la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN), su enemiga en la región, de ser la responsable de la violencia. “Hemos denunciado que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca, con el fin de perjudicar nuestra imagen y de combatir fuera del campo de batalla, en lo que siempre han sido experto”, se lee en un comunicado que recoge W Radio. El grupo ha afirmado que está abierto al diálogo y ha lamentado ser víctima de “represión” por parte del Estado.

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