Los maestros del Cauca y la condena a la peor atención médica

Decenas de maestros del Cauca acampan en las escalinatas del Congreso colombiano desde el martes. El responsable es un régimen especial de salud, orgullo de las luchas sindicales de los años 90, y desde hace años señalado como causante de decenas de muertes. Los docentes de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA) le gritan “fuera, fuera” a Cosmitet, el operador de la limitada red de clínicas a la que tienen acceso. Quieren que el Estado se responsabilice directamente, sin renunciar a tener un régimen diferente al del resto de los colombianos. Los expertos responden que la mejor opción sería que se pasen al sistema general, con la cobertura de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

Una ley de 1993 y otra de 2001 reconocen el derecho de cuatro grupos poblacionales a gestionar sus propios servicios médicos. Las fuerzas armadas, los maestros, los empleados de la petrolera Ecopetrol y los trabajadores de algunas universidades públicas no forman parte del régimen general. No están afiliados a ninguna EPS, las aseguradoras privadas a cargo de administrar la salud de la mayoría de los ciudadanos. Estos cuatro sectores evitaron, en teoría, las olas privatizadoras de los años 90 y la intermediación que el Gobierno actual propone eliminar o moderar con su inminente reforma a la salud.

En la práctica, los maestros tienen su salud en manos de redes más problemáticas que las EPS. En su sistema, el país se divide en diez regiones, cada una con una unión de clínicas que asume las funciones de intermediación y gestión que las EPS tienen en el régimen general. El problema es que suelen ser redes pequeñas y cerradas, en las que no hay competencia. Los docentes solo pueden ser atendidos en los centros seleccionados, sin posibilidad de recurrir a la mayor oferta del sistema general, en el que las personas tienen libertad para cambiar de EPS.

Los controles de calidad sobre los regímenes especiales son escasos. Johnattan García, investigador de la Universidad de Harvard, explica por teléfono que el Ministerio de Salud no tiene responsabilidad directa en esa vigilancia, y que ni siquiera incluye a los regímenes especiales en su informe anual de tutelas presentadas. Son demasiado pocos como para generar interés: 2,2 millones de afiliados, frente a los 48 millones del sistema general.

García ha combinado cifras que presentaron para 2021 la Defensoría del Pueblo y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el fondo estatal que paga a las redes de clínicas por prestar el sistema de salud de los maestros. Las primeras contabilizan las tutelas contra las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que mayormente atienden a los docentes. Las segundas son el número de afiliados. La conclusión es contundente. Las redes del magisterio enfrentan 64,1 acciones de tutela por cada 10.000 afiliados, mientras que las EPS reciben solo 14,2 demandas. Cominstet, la del Cauca, es la peor: 233,8 tutelas por cada 10.000 docentes.

Estos datos se reflejan en la frustración palpable en el campamento, instalado en Bogotá para conseguir más repercusión tras cuatro semanas no tan exitosas de huelga en la región. Hay pancartas que cuelgan en las columnas del Congreso y que leen frases como “Fuera Cosmitet del Cauca” o “Los mercaderes de la muerte y sus aliados cómplices nos arrebatan la vida”. Además, los maestros cantan consignas de resistencia cuando hablan los líderes: “Fuera, fuera, fuera” ante la mención de Consmitet, “firme y combatiente” si se nombra a ASOINCA.

Las historias de los participantes ejemplifican las vivencias que denuncian. El profesor de educación física Guillermo Montoya, por ejemplo, participa con el recuerdo de su compañero Darío Quintero. Eran amigos porque combinaban teatro y chirimía (música folclórica) en presentaciones de sus alumnos. Quintero falleció el año pasado, tras no conseguir un neumólogo en Cauca y ser derivado tarde a Cali. Senaida Jiménez, por su parte, denuncia que una clínica de Cosmitet devolvió a su esposo a casa cuando tuvo covid-19. Poco después, él terminó con un respirador en un hospital externo, al que ingresó gracias a la ayuda de un familiar. El operador, según Senaida, quiso retirarlo. Ella logró evitarlo con asistencia jurídica y sindical.

Alternativas

El reclamo de ASOINCA tiene dos partes. A corto plazo, los docentes están preocupados por la próxima licitación en mayo. Denuncian que la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), que aglomera a los sindicatos regionales, tiene intereses en mantener a Cosmitet. “Nos van a volver a meter en manos neoliberales”, denuncia Aureliano Guzmán, secretario general de ASOINCA. Quieren evitar que se renueve el contrato y lograr que se establezca una región especifica para Cauca, sin el departamento vecino de Valle del Cauca. A largo plazo, quieren acabar cualquier intermediación y que el Estado contrate directamente a las clínicas, con la veeduría de la asociación.

Las deficiencias del régimen especial, sobre todo en Cauca, no están en disputa. Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud, señala por teléfono que “los maestros tienen toda la razón de protestar, es el peor sistema”. Diagnostica que no hay programas de prevención de enfermedades y facilidades para remitir pacientes a otros centros médicos. Todo empeora la situación de una población que, además, es más envejecida que la media colombiana.

Sin embargo, los expertos consultados consideran que ninguna de estas opciones es la solución adecuada. Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, explica por teléfono que el limitado tamaño de las redes es el problema. “No hay prestadores que compitan en términos de calidad y precio, no hay nadie que vigile”, comenta. Para ella, la eficiencia puede mejorar con regiones más amplias y no más reducidas como quiere ASOINCA. Es más moderada que el abogado especializado en el sector educativo Andrés Vélez, que ve esto como un ajuste menor. “No cambia que ellos solo puedan acceder a la oferta de su prestador, que es limitada y de menor calidad a las de la EPS”, remarca.

La propuesta principal de los analistas es que los docentes se pasen al régimen general, con las EPS. “Creo que el sistema le funciona mucho mejor a los demás colombianos y ellos deberían probarlo”, sugiere Vélez. La profesora Tatiana Andia coincide. Agrega que no solo las EPS son un negocio: “Todos los prestadores de salud son privados y tienen interés de renta”. La diferencia radica en que al menos el régimen general permite una economía de escala, con negociaciones y redes más amplias y eficientes.

La exviceministra Cárdenas afirma que su experiencia como funcionaria le demostró las dificultades de cambiar el régimen especial. El Ministerio de Salud no tiene participación en el FOMAG, que controlan el sindicato FECODE y las carteras de Trabajo, Hacienda y Educación. Para ella, los docentes deberían al menos tener la opción de elegir el sistema. “Si este régimen no funciona, lo importante es que puedan irse a otra clínica”, comenta. Esto, sin embargo, corre el riesgo de dejar un régimen especial aún más pequeño y vulnerable.

Los docentes en la Plaza de Bolívar no quieren unirse al régimen general. Hacerlo es entregar una de las grandes victorias del movimiento sindical y dejar atrás el apego por logros que alguna vez generaron ilusión. Implica claudicar ante lo que llaman “intermediarios neoliberales”. Si se acabara el régimen diferenciado, desaparecería el poder de FECODE de controlarlo. Este sindicato, señalado como responsable por los maestros de ASOINCA, no ha respondido a las preguntas de este periódico.

ASOINCA apoya la reforma de salud del Gobierno, que se presentará en las próximas semanas. Los dirigentes saben que no afecta directamente a los docentes, pero simpatizan con la intención del presidente de reducir las funciones de las EPS. No obstante, remarcan una y otra vez que no se irán de la Plaza de Bolívar hasta que los problemas con Cosmitet sean resueltos.

Las aseguradoras privadas y los operadores en cualquiera de los sistemas no son aceptables para los maestros. No encajan con los símbolos del cura Camilo Torres, del líder guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara y del prócer Simón Bolívar que acompañan al campamento por estos días. La estatua del Libertador, que viste una ruana con las caras de los otros dos, les recuerda la imposibilidad de ceder el privilegio que alguna vez obtuvieron.

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