La corrupción elevada a política de Estado en Guatemala

Guatemala vive un contraataque feroz de los corruptos afectados por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) respalda por Naciones Unidas (ONU) y liderada por el jurista colombiano Iván Velázquez. Acompañado de un equipo de especialistas extranjeros y guatemaltecos, el jurista colombiano develó al menos un centenar de redes mafiosas de políticos, empresarios, narcotraficantes, militares y funcionarios saqueadoras del erario guatemalteco.

Esa acción inédita en un país donde la justicia nunca tocó la puerta de los sectores poderosos originó una fusión de elites legales e ilegales conocida en el país como “pacto de corruptos”, el cual retomó y ha concentrado todo el poder del Estado desde la salida de CICIG. El fin de esta amalgama de intereses espurios es borrar los avances y huellas de la experiencia anticorrupción liderada por la CICG, la cual murió a causa de su éxito. Por un lado, persiguiendo a los operadores de justicia que presentaron las causas contra las redes criminales, enviándolos a prisión o al exilio. Por otro lado, eliminando los procesos judiciales en contra de los miembros de esas redes mediante la manipulación vulgar de los principios más elementales del derecho. Adicionalmente han implantado una narrativa que presenta a los corruptos como víctimas y los reivindica, mientras sataniza a quienes descubrieron sus fechorías.

En ese afán se inscribe la reciente acusación planteada por la fiscalía guatemalteca contra los ex funcionarios de CICIG, incluido el actual ministro de Defensa de Colombia. La acusación es por haber firmado un convenio de colaboración con los personeros de Odebrecht, instrumento rutinario en la persecución de grandes casos de corrupción. El caso Odebrecht, el escándalo de corrupción de mayor impacto en la historia de América Latina, alcanzó a funcionarios, políticos y empresario de 12 países de la región. Los convenios de colaboración fueron los instrumentos legales que permitieron investigar, acusar y sentenciar por primera vez a las manzanas podridas de las élites latinoamericanas, en un continente tristemente conocido por su historia caudillista y por sus brechas socioeconómicas.

El convenio firmado por la CICIG buscaba conocer detalles sobre la entrega de un soborno por 18 millones de dólares y un resarcimiento de igual monto para el país. Con esta acusación pretenden inculpar a los investigadores del desfalco que significó un contrato por la construcción de una carretera que no fue concluida y por lo cual el Gobierno de turno nunca accionó legalmente pese al evidente desfalco. En cambio, si avanzan en desvanecer los procesos judiciales contra los dos políticos implicados en este caso como receptores del millonario soborno, uno de los cuales ya recobró su libertad mientras el otro hace alarde de su inocencia.

Los corruptos viven a sus anchas en Guatemala, están empoderados, y ahora la alianza en el poder busca legitimar la corrupción y blindarse ante cualquier ataque o denuncia que afecte sus intereses, cerrando o cooptando todos los espacios institucionales y ciudadanos. Los tres poderes del Estado y prácticamente toda la institucionalidad responde a los dictados y la agenda de negocios del “pacto de corruptos”.

La alianza gobernante, que incluye a todo el aparato de justicia sometido a sus órdenes, está acostumbrada a fabricar casos contra los operadores de justicia independientes sin sufrir ningún costo a lo interno del país dada la cooptación de toda la institucionalidad. Por esa razón subestimó el efecto que provocaría la acusación contra Velázquez, quien dicho sea de paso, también sufrió fuertes ataques de sus enemigos en Colombia que hacían gobierno cuando se desempeñó como comisionado de CICIG en Guatemala.

Los péndulos de poder han cambiado en ambos países, la derecha colombiana en la oposición y los corruptos guatemaltecos al mando del Estado centroamericano. No extraña entonces que la acusación contra Velázquez haya sido tan celebrada por la oposición andina, y casi al unísono, pidan la separación del ministro de la cartera, dando por legitimas las acusaciones provenientes de sus pares ideológicos en Guatemala.

La tensión entre ambos Gobiernos afectará sin duda la buena relación comercial y la inversión en cada uno de los países. Colombia es el país latinoamericano con mayor inversión directa en la última década en Guatemala, mientras los empresarios guatemaltecos ven al país andino como una puerta de entrada al cono sur aumentando sus inversiones.

La corrupción una vez más se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico, lo cual reduce las oportunidades y aumenta la desigualdad, estimulando fenómenos como la migración irregular y forzada. La corrupción estimula y facilita también la cooptación de los Estados por redes criminales, creando espacios donde prolifera y desde donde opera el crimen transnacional. De esa manera, la corrupción en Guatemala resuena en otros países en forma de crisis migratoria o como una amenaza para la seguridad global.

El ataque insustancial y desmedido contra Velázquez ha logrado un efecto contrario e inesperado para la alianza gobernante en Guatemala que venía cumpliendo su misión de persecución y ataques a operadores de justicia nacionales sin sufrir mayor costo dada la escasa atención internacional sobre lo que ocurre en el país. La sombra de Velázquez, que tantas horas de sueño y pesadillas causó a las mafias incrustadas en el Estado guatemalteco durante su desempeño en CICIG, los vuelve a perseguir y golpear internacionalmente.

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