El reto mayúsculo de las lluvias

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En Macondo una vez llovió durante cuatro años, once meses y dos días. Este invierno -que en nuestras latitudes tropicales significa lluvia, más que frío, aunque también bajan los termómetros- se está sintiendo igual de largo, y eso que en teoría todavía estamos lejos del final. Las tardes de aguaceros se repiten una tras otra en una monotonía triste, oscura y paralizante. Pero la melancolía de los cielos negros en la ciudad es lo de menos; en el campo las lluvias están siendo mortales. Hasta el momento se reportan 205 personas fallecidas a causa de las inundaciones o derrumbes— casi el doble de todo el año anterior, cuando hubo 126 muertes. El diluvio de 2022, dijo el presidente cuando declaró el desastre nacional, ha sido el “peor en los últimos 40 años”. La manera en la que reaccione será otra prueba más del cambio que asegura representar este Ejecutivo.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha dicho que esta temporada de lluvias es ya mucho más dramática que la del 2010 y 2011, la última vez que se declaró emergencia nacional y cuando más de un millón y medio de colombianos quedaron damnificados. Lo más preocupante es que seguramente seguirá lloviendo con fuerza por lo menos hasta febrero, pues la probabilidad de que para entonces siga vigente el fenómeno de La Niña, causa detrás de este invierno sin tregua, es del 64%. Veremos qué nos dicen las cifras entonces, pero ahora, a mediados de noviembre, además de las víctimas mortales ya mencionadas, se contabilizan 281 heridos, 53 personas desaparecidas, 496 mil afectadas, 5.858 viviendas destruidas, afectaciones en 2.236 vías del país y más de 700 municipios de los 1.108 del país se han declarado en calamidad pública por las lluvias, incluyendo Bogotá.

Desde hace semanas se sabe que la situación es crítica. El Gobierno amagó con declarar un estado de excepción antes de que se empezaran a sentir los peores estragos, pero se echó para atrás porque jurídicamente no es congruente declararlo ante un hecho previsible, como era este invierno. El 1 de noviembre, instantes antes de volar a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro cara a cara por primera vez, tomó otra vía, una que da menos poderes al Gobierno pero que se puede tomar así el problema se pueda prever. Gustavo Petro declaró el desastre natural y el plan del Gobierno, que desde el comienzo se ha querido diferenciar de la forma de afrontar este tipo de problemas por parte de su antecesor, comenzó a rodar.

En ese momento, con las facultades que le otorga la declaratoria, el presidente anuncio cinco medidas: un subsidio para madres cabeza de familia; contratos directos a organizaciones como juntas de acción comunal, que garanticen la alimentación de los habitantes de sus zonas; la ampliación del Programa de Alimentación Escolar hasta el 31 de diciembre para dar comida a niños, vayan o no vayan a estudiar; una orden a la Industria Militar (Indumil), la empresa pública que fabrica armas, municiones y explosivos, para que construya puentes metálicos en las zonas inundadas; y subsidios a los fertilizantes que se usen en la producción de alimentos.

Esta semana, tras un puente festivo trágico en el que las precipitaciones han provocado múltiples emergencias por derrumbes, deslizamientos de tierra e inundaciones, en especial en La Calera donde hubo dos muertos y hay otra persona desaparecida, el Gobierno ha redoblado su respuesta. Después de una reunión con todo su gabinete en la tarde del lunes, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada anunció que el Gobierno contará ahora con “una sala de crisis” que sesionará 24/7. El martes, el Gobierno convocó a la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades para que empiecen a aprobar en qué se gastarán los 2.1 billones de pesos que el Gobierno ya le quitó a otros sectores para destinarlos a atender a los damnificados. Y este miércoles, Petro instala un Puesto de Mando Unificado que sesionará semanalmente, en el que los ministros deben rendirle un informe sobre las medidas que están tomando para enfrentar la crisis.

A pesar de la trágica naturaleza de la situación, el Gobierno quiere aprovecharla para dejar su marca. Por eso en su respuesta adelanta que sus prioridades serán garantizar la seguridad alimentaria y reubicar a los campesinos en mejores tierras; dos puntos importantes en su visión del cambio para el país a largo plazo.

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