El caso de Emilio Tapia: corrupción a prueba de cárcel

Emilio Tapia, un contratista condenado por corrupción, simboliza la reencarnación de un mal incrustado en Colombia. El abogado de 45 años nació en Sahagún, un pequeño pueblo del departamento de Córdoba, en el Caribe. Está pagando siete años y cinco meses de prisión por haber participado en el ‘Carrusel de la Contratación’, uno de los mayores escándalos de corrupción que han existido en Bogotá. Confesó sus delitos, reveló información para obtener beneficios jurídicos por este caso en 2015, y sigue moviendo hilos ocultos del robo de dinero público. Tapia ha colaborado con la justicia, pero se sigue burlando de ella. La Fiscalía lo investiga por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación por dos nuevos capítulos en los que aparece su nombre.

El rostro del que hasta hace unos años era, aparentemente, un empresario común y corriente, empezó a figurar en la prensa hace 10 años por ser uno de los principales involucrados en el entramado que llevó a la cárcel al entonces alcalde de la capital, Samuel Moreno Rojas; a su hermano, el entonces senador Iván Moreno Rojas, y a jefes de organismos de control, políticos y contratistas. Formaban parte de una sofisticada red que filtraba información privilegiada de los procesos de contratación para que quedaran en manos de consorcios amigos. Detrás de las empresas estaban Tapia y algunos de sus socios, quienes se ganaban los contratos a cambio de coimas que iban a parar a los bolsillos de figuras del sector público. Hubo más de 40 juicios y condenas por el llamado ‘Carrusel de la Contratación’, entre ellas, la de Tapia.

Tapia, cuyo nombre figura en saludos de varias canciones de vallenato, era entonces el hombre de confianza de Iván Moreno. Actuaba como intermediario entre el entonces congresista, quien era considerado el poder “detrás del trono” en la administración distrital; las entidades públicas del Distrito que realizaban las contrataciones; y los contratistas dispuestos a pagar comisiones a cambio de negocios fabricados a su medida. La mayoría eran licitaciones para la construcción de obras viales, incluida la troncal del sistema de transporte masivo Transmilenio por la calle 26, la principal vía de conexión con el aeropuerto de Bogotá.

Después de condenado, Emilio Tapia ha pasado por al menos cinco centros de reclusión. Entre ellos la cárcel La Picota de Bogotá, donde protagonizó una celebración con whisky y parranda vallenata que era tan irregular que les costó la destitución a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De allí pasó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Al cumplir la mayor parte de su sentencia accedió a prisión domiciliaria; luego gozó de la libertad condicional, que aprovechó para asistir al Carnaval de Barranquilla. Volvió a la casa por cárcel por solicitud de la Procuraduría y hace un año, sin haber terminado de pagar su condena, regresó a prisión por su presunta participación en otro robo: el del anticipo de $70.000 millones de pesos de un contrato para llevar internet a zonas rurales. Este hecho motivó la renuncia de la entonces ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen.

Dentro o fuera de la cárcel, Tapia actúa como el cerebro de millonarios desfalcos. En el que lo mandó de nuevo tras las rejas mientras la Fiscalía investiga, habría negociado con empresas “fachada” que prestaron su nombre para cumplir con los requisitos y quedarse con la licitación. Él y sus cómplices son acusados de haber presentado garantías bancarias falsas. “Es muy fácil crear empresas de papel. Cuando se presentan en procesos de contratación buscan a otros contratistas para que les vendan la experiencia real, que es la que se evalúa y suma puntos en los procesos contractuales”, explica Eduard Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, sobre el modus operandi de Tapia.

Calderón precisa que no es necesario contar con grandes sumas de dinero para mover los tentáculos de la corrupción desde la cárcel. “Generalmente esas negociaciones vienen pegadas de los anticipos de los contratos. Cuando estas personas compran la experiencia, les dicen a quien la vende que, una vez paguen el anticipo, les dan su parte por haber prestado los documentos necesarios”, detalla.

Tapia habría empleado una estrategia similar en el más reciente escándalo en el que se ha visto involucrado. Según la Fiscalía, controló un conglomerado de empresas que aspiraba a quedarse con dos contratos por más de $6.000 millones de pesos (alrededor de 1,3 millones de dólares) relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino en Cali. Para cumplir las condiciones, las empresas aliadas de Tapia habrían falsificado el certificado bancario que garantizaba el cupo de crédito por una parte del valor de los contratos, un requisito de la licitación. “Esta maniobra ilegal hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación quienes permitieron al conglomerado quedarse con los dos contratos”, explicó el organismo investigador.

El proceso de contratación era liderado por las Empresas Municipales (EMCALI), entidad que está en la mira de otro caso de corrupción por la compra de televisores y sillas a costos exagerados. Este episodio ha llevado a sectores políticos a pedir la renuncia del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, quien forma parte de la junta directiva de la empresa prestadora de servicios públicos. Su partido político, Alianza Verde, le abrió una investigación disciplinaria.

Para las autoridades judiciales y los expertos en corrupción, está claro que Tapia no actúa solo. “La corrupción es como un matrimonio. La contratación es de dos”, dice el abogado penalista Germán Pabón, el primer fiscal investigador del “Carrusel de la Contratación”, quien considera que las empresas que maneja Tapia pueden haber tenido acceso a otros contratos. “Puede estar pasando en cualquier otra cantidad de licitaciones, nos hemos quedado cortos en poder identificarlas y prevenirlas”, coincide Andrés Hernández, director de la corporación Transparencia por Colombia.

El Estado también se queda corto, según reconocen los investigadores de procesos como el de Tapia, en el control en la cárcel. Además de las visitas o llamadas permitidas, los detenidos tienen fácil acceso al uso ilegal de celulares, o cuentan con la complicidad de personal a cargo de la administración o vigilancia. “Algo clave en el contexto penitenciario es el centro de reclusión y el patio donde ubican a los detenidos. Algunos patios que tienen un régimen más flexible que otros. Adicionalmente, dependiendo del pabellón, pueden estar rodeados de la misma gente que los apoya, como otros corruptos o políticos” sostiene una fuente del INPEC que pide la reserva de su nombre.

Pese a su historial judicial, Emilio Tapia puede volver a negociar con la justicia si decide entregar información a cambio de beneficios como la reducción de la pena. Aunque este es un escenario que no se descarta, parece poco probable que el abogado cordobés llegue al punto de revelar detalles de fondo sobre la arquitectura que le permite seguir manipulando la contratación pública desde prisión. “Al corrupto no le preocupa demasiado la cárcel porque el negocio continúa”, puntualiza Pabón.

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