Emilio Tapia, imputado de nuevo por corrupción

El contratista Emilio Tapia está otra vez imputado por corrupción, según ha informado este miércoles la Fiscalía General de la Nación. El nombre del empresario cordobés, una de las figuras claves del “carrusel de la contratación” que llevó a la caída de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá en 2011, ha reaparecido en Cali. La Fiscalía ha presentado material de prueba con el que acusa a Tapia de haber falsificado certificados de créditos bancarios en una licitación de la Empresa Municipal de Cali (EMCALI). La compañía pública caleña le adjudicó en 2021 dos contratos por 6.200 millones de pesos (1.347.370 USD) a un conglomerado con el que Tapia está presuntamente involucrado.

La licitación está vinculada a la planta de tratamiento de agua potable Puerto Mallarino. Tenía como requisito que el proponente presentase un documento bancario con la concesión de un crédito de al menos el 30% del valor de cada contrato. La Fiscalía ha considerado que la aparente falsificación llevó a los funcionarios de EMCALI a otorgar un contrato “a un proponente que no cumplía con el requisito habilitante”. Ha imputado a Tapia con los delitos de “fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado”, según informa en Twitter un funcionario de la entidad.

Tapia es un abogado de 45 años, originario de Sahagún (Córdoba). Trabajó en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y era poco conocido hasta hace poco más de diez años. No obstante, quedó en el centro de la opinión pública en 2010 cuando se descubrió que era uno de los hombres claves en el “carrusel de la contratación”, un entramado de irregularidades en la contratación de obras públicas en la capital colombiana. Entre las obras, se encontraba el carril al aeropuerto del Transmilenio, el sistema de autobuses articulados de la ciudad. El escándalo llevó a la suspensión del alcalde, Samuel Moreno, que en ese entonces era parte del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.

Tanto Moreno como Tapia fueron condenados. En el caso del contratista, la Justicia lo condenó a 16 años de prisión. La pena se redujo a siete años y medio tras colaborar con la investigación. En 2020, obtuvo la libertad condicional, que después fue revocada.

El empresario saltó en 2021 al escenario nacional de la corrupción, con un escándalo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El contratista estuvo presuntamente involucrado en una licitación fraudulenta para llevar internet a zonas rurales. La ministra Karen Abudinen tuvo que renunciar en septiembre de ese año por la adjudicación del programa a Centros Poblados, una unión de empresas que no tenía experiencia en el área. Tapia está imputado por “alquilar” desde la cárcel el nombre del conglomerado, falsificar parte de los documentos necesarios y quedarse con parte del anticipo de 70.000 millones de pesos (15.170.050 USD). Se encuentra detenido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla.

La nueva imputación sucede mientras el EMCALI está en el centro de la atención pública por varias denuncias vinculadas a compras irregulares. El director de Transparencia Colombia, Andrés Hernández, comenta por teléfono que este escrutinio público es lo que probablemente posibilitó esta nueva revelación ligada al uso de garantías bancarias falsificadas. El experto no ve los casos de Centros Poblados y de EMCALI como hechos aislados, sino como una modalidad que el contratista puede haber utilizado con varias entidades en los últimos años. “Puede estar pasando en cualquier otra cantidad de licitaciones, nos hemos quedado cortos en poder identificarlas y prevenirlas”, remarca.

Hernández considera que Tapia tiene un perfil que es difícil de manejar para aquellos que enfrentan la corrupción. En primer lugar, tiene la capacidad de desviar los recursos económicos que obtuvo a través de la corrupción y mantener su poder económico. En segundo lugar, cuenta con el conocimiento y los contactos para moverse en la contratación pública. Con esos vínculos logra también una gran capacidad para negociar con la Fiscalía a cambio de información sobre más hechos de corrupción, como hizo en el caso del “carrusel de la contratación” cuando se redujo su pena. Para Hernández, es posible que Tapia eventualmente provea más información a cambio de beneficios judiciales: “Lo último que le va a pasar es que le caiga todo el peso de la ley porque la Justicia va a estar dispuesta a negociar con él”.

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