El caso penal contra Álvaro Uribe se enreda en un laberinto judicial

El caso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos lleva dos años y dos meses enredado. Desde que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva ―recuperó la libertad dos meses después― nada ha avanzado. La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, ha hecho del caso un interminable proceso que se ha concentrado en buscar que se archive. Lo han intentado dos veces, con dos fiscales delegados diferentes, pero con el mismo Barbosa como fiscal general. Este lunes han vuelto a buscar el cierre de la investigación en una diligencia judicial que promete extenderse varios días y que vuelve a poner al exmandatario, y ahora único líder visible de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, en el centro de atención.

“Empezaré de nuevo esta tortura”, dijo Uribe horas antes de este segundo intento de la Fiscalía por demostrar su inocencia, luego de que el pasado 27 de abril otro juzgado rechazara su pretención. El nuevo fiscal del caso, Javier Cárdenas, busca demostrar que el expresidente no presionó testigos e insiste en que este proceso debe terminar. “Empezaré de nuevo esta tortura, creada por la suposición de que compro testigos, comportamiento contrario a mi manera combativa de ser. Todo por la rabia de un exfiscal, el sesgo de un magistrado y la presión de un socio impune del narcotráfico”, escribió Uribe en Twitter antes de la audiencia de este lunes.

Uribe sacrificó su lugar en el Congreso para evitar que la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal judicial, lo investigara. El expresidente renunció a su escaño en el Senado ―al que llegó con la más alta votación― el mismo mes en que se ordenó su detención, en agosto de hace dos años, y logró que su caso quedara en manos amigas, como lo ha denunciado el periodista de investigación Daniel Coronell, que ha revelado la estrategia de la Fiscalía de Barbosa para impedir que el proceso avance. El ente investigador argumenta su insistencia en este caso bajo la premisa de que se han configurado las causales de preclusión de “atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”; es decir, que no hay cómo demostrar que Uribe cometió delitos y la duda pesa a su favor.

Las audiencias judiciales, que empezaron virtualmente por la pandemia y continúan, dos años después, bajo la misma modalidad, se han caracterizado por ser largas, sin mayores novedades y con las dificultades propias de la virtualidad: la señal interrumpida, los audios que no se escuchan. Poco se ha hablado del fondo del caso, que se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles, para involucrarlo con el paramilitarismo. En 2018 la Corte le dio una vuelta al caso: se abstuvo de procesar a Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra y acusaran al senador Cepeda de ser él quien los presionó para enlodar a Uribe.

La investigación, que busca determinar si personas cercanas al expresidente y con su autorización pagaron dinero y ofrecieron beneficios jurídicos a exparamilitares para que negaran afirmaciones tan graves como que en una finca de la familia de Uribe se creó un grupo paramilitar, no ha tenido avances. Después de horas de audiencia, la estrategia de su defensa ha funcionado porque el tiempo se ha ido en debatir si se archiva o no el caso.

La denuncia original de testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien los abogados del exmandatario y la Fiscalía ha intentado desacreditar, señala que en la hacienda las Guacharacas, propiedad de los Uribe, se formó un bloque de autodefensas en los años noventa, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Monsalve, que se ha negado a hablar ante la Fiscalía por considerarla “sesgada y parcializada”, ha dicho que le ofrecieron beneficios a cambio de declarar a favor del exmandatario.

El primer intento por salvar a Uribe en este proceso fue rechazado por un juez penal que el pasado abril consideró que no había argumentos contundentes para cerrar el caso. La Fiscalía argumentó entonces que se cometieron errores en el manejo del material probatorio y que se pudo haber hecho una mejor labor investigativa, pero no logró convencer a la justicia de que acogiera su petición y archivara el proceso. La Fiscalía ha insistido esta vez con nuevos testimonios. Uno de los que se escucharon la tarde de este lunes fue el del exministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado en el caso de Agro Ingreso Seguro, uno de los episodios de corrupción más sonados durante su presidencia. Arias ha dicho que él mismo advirtió a Uribe que había presos en Estados Unidos que señalaban un plan de exparamilitares para armar un montaje contra la familia Uribe.

La insistencia por cerrar el caso del expresidente ante la justicia se prevé tan larga como dure Francisco Barbosa a la cabeza de una Fiscalía que no parece darse por vencida en su lucha por demostrar que Uribe es inocente y evitar que vaya a juicio.

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