Francia Márquez gana una pequeña cuota de poder en el Gobierno

Desde el primer día en que Francia Márquez se convirtió en la fórmula presidencial de Gustavo Petro, el pasado marzo, dijo que no quería ser la sombra del presidente. “Esta vicepresidencia no va a ser de adorno, yo no soy una mujer de adornos”, aseguró entonces. Seis meses después de esa declaración, y un mes después de llegar al poder ejecutivo, Colombia sigue debatiendo si la vicepresidenta va a ser un adorno o no. Este miércoles el presidente Petro expidió finalmente un decreto con las nuevas funciones para ella. Por un lado, el decreto reconoce el liderazgo que Márquez puede tener en temas que ella ha abanderado desde hace años, como derechos de las comunidades negras o de las mujeres. Pero por otro, el decreto no deja en manos de Francia Márquez un presupuesto, o un equipo, con el que sí contaría si tuviera un ministerio. Y ella, desde la campaña, quiere un ministerio.

De acuerdo al nuevo decreto, la vicepresidenta tendría la función de coordinar, con distintas instituciones, políticas públicas para combatir la pobreza o la discriminación contra las mujeres, la población LGBTQ+, o las personas con discapacidad. Entre ellas, coordinará el diseño de una nueva política pública de cuidado que podría tener impacto en el trabajo no remunerado (o mal remunerado) que recae mayoritariamente en las mujeres.

Márquez también tendrá que coordinar nuevas políticas para proteger los derechos de la población afrocolombiana e indígena del Pacífico colombiano, una región que votó mayoritariamente por ella en la primera y la segunda vuelta presidencial. El decreto dice que ella tendrá que coordinar una vía para que se cumpla un plan de desarrollo para la región, conocido como Plan Todos Somos PAZífico, además de un acuerdo del Gobierno nacional con comunidades del puerto de Buenaventura, que se firmó en 2017. También coordinaría un camino para implementar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016, y debería avanzar en la reglamentación de la Ley 70 de 1993, una que reconoce derechos especiales a comunidades afrocolombianas del Pacífico. Y más que coordinar, también le pide crear una nueva Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, “para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país”.

Por un lado, el decreto es acorde a lo que han sido las banderas de Francia Márquez como feminista —que puso la política del cuidado como una prioridad en la campaña— o como activista ambiental de las comunidades negras colombianas, que denuncian la falta de voluntad política en gobiernos anteriores para garantizar los derechos de las comunidades étnicas y cumplir los acuerdos pasados. “Las funciones de la vicepresidenta son funciones delegadas del presidente, y pues hemos acordado estas funciones”, dijo Márquez a Noticias Caracol, para señalar que esta no fue una decisión impuesta de Petro sin su visto bueno. “Son parte de la esencia de lo que soy, de lo que represento, que es la política social”.

Pero, por otro lado, la palabra clave de este decreto es “coordinar”, la función principal que le da el decreto a Márquez. Ella tendría con esto la tarea de alinear a alcaldes, o gobernadores, o ministerios, porque esas entidades tienen un presupuesto, mientras que ella, como coordinadora, no lo tiene. Su poder en estos temas, dicho en otras palabras, depende de su liderazgo. Y ese liderazgo depende de cuánto esas otras dependencias le den espacio de juego. La vicepresidenta anterior, Marta Lucía Ramírez, tenía muy poco poder durante la presidencia de Iván Duque, y en el decreto que le dio funciones en 2018 estaba también, por ejemplo, coordinar entre instituciones una política pública para la población en situación de discapacidad. Solo cuando Ramírez logró que Duque la nombrara en la Cancillería, en la segunda parte del mandato, logró algo de margen de maniobra. Ahí logró ser más que un adorno.

Petro y Márquez habían acordado en campaña que ella lideraría un nuevo Ministerio de la Igualdad, pero para que este se haga realidad tendría primero que pasar una reforma en el Congreso que lo cree y le asigne funcionarios y funciones (o una reforma que le de a Petro funciones para reestructurar los ministerios). Eso no se ha presentado aún. Mientras tanto, si se presenta, se esperaba que Petro le entregara a Márquez el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que diseña políticas públicas para combatir la pobreza, y que este eventualmente se convirtiera en el Ministerio de la Igualdad. Petro descartó la idea un día antes de lanzar el decreto con las funciones para la vicepresidente. “No quise que el Departamento de Protección Social fuera el Ministerio de la Igualdad porque eso es como decir que el neoliberalismo tenía razón y que entonces a punta de limosnas para pobres se construye la igualdad”, dijo el presidente.

Petro nombró allí, en cambio, a Cielo Rusinque, una abogada y académica cuyo nombramiento ha generado mucho disgusto entre feministas de la izquierda porque Rusinque apoyó en el pasado a un político petrista acusado por su exesposa de violencia de género y a un profesor señalado de acoso sexual. Se rumoró que el nombramiento había generado distancia entre el presidente y su vicepresidenta. “Hay muchos rumores, pero yo no soy una mujer que me dejo aislar”, dijo Márquez intentando disipar el ruido. Aún no tiene Ministerio, ni DPS, ni presupuesto, pero no ha dejado de pelear su cuota de poder en el Gobierno.

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