La ofensiva del petrismo contra la compra de votos

Entre las múltiples vallas políticas que inundan hoy varias regiones de Colombia, hay unas, ubicadas en la costa norte del país, que destacan de forma particular sobre las casas de barrios pobres: ¿Están comprando tu voto?: Denuncia. Debajo de ellas, aparece el nombre de Miguel Ángel del Río, un reconocido abogado penalista, y una serie de números telefónicos y redes sociales donde reciben la información. Del Río lleva el caso de la excongresista, Aida Merlano, condenada a once años por corrupción electoral en los comicios de 2018.

Esta es parte de la campaña que el candidato presidencial Gustavo Petro ha llamado la “ofensiva contra las mafias electorales y los compradores de votos en toda la región caribe”. Por designación de Petro, en un encargo inédito en el país, el abogado Del Río armó un equipo de cien voluntarios, entre ellos varios abogados, que se encargan de recibir las denuncias de los ciudadanos, verificar la información y presentarla ante las autoridades. Esa práctica ha sido denunciada por la campaña de Federico Gutiérrez como una infiltración y han denunciado a Del Río y a otros militantes de Petro por diseñar un plan para “hostigar”.

En Colombia, la compra de votos es una práctica enquistada. No solo en la costa atlántica, donde se ubica el equipo del abogado. “Es tradicional no solo en los pueblos del Atlántico sino en todos los departamentos de la costa y se ha extendido a todo el país. En Bogotá compran votos, en Medellín compran votos; en Pasto compran votos, en el Valle compran votos”, decía en 2018 Roberto Gerlein, un exsenador de la costa caribe que ocupó una curul en el Senado durante 50 años.

Pero es en el norte del país, explica Del Río, donde hay un coctel que permite fácilmente el tráfico y la corrupción al sufragante, como se llama oficialmente el delito. “Es un problema a nivel nacional, pero los hechos más graves están acá. Porque ha sido el escenario histórico de la compra de votos, está lejos del nivel central, hay enormes vulnerabilidades económicas, monopolios poderosos, organizaciones criminales y mafias tradicionales”, dice a EL PAÍS.

Se refiere a departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Córdoba. Recuerda también que es la región donde hace cuatro años se dio la llamada “ñeñepolítica”, como se conoce en Colombia a la investigación por compra de votos y supuestos vínculos entre un narcotraficante fallecido, José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y la campaña de Iván Duque.

La costa norte también es el epicentro del más reciente escándalo político electoral de Colombia, que salpicó a Alejandro Char, excandidato presidencial y quien ahora apoya al aspirante de la derecha, Federico Gutiérrez. La excongresista Aida Merlano, detenida en Caracas, reveló que tras la compra de votos hay un entramado criminal y que a ella le dieron millones de pesos para comprar votos y así obtener un escaño en la Cámara de Representantes. “En el Atlántico, en toda la región se compran votos, pero aquí el tema es que se compran con los dineros y recursos de la nación y ellos son los financiadores de casi toda la clase política de la región”, dijo Merlano el pasado mes de febrero en una entrevista a la revista Cambio.

Según la campaña de Petro, esas denuncias han modificado las estrategias de los compradores de votos. “Eso le pasó factura a la campaña de Char en las consultas presidenciales y al congresista Laureano Acuña, que se quemó en las legislativas; así como a Julio Gerlein (empresario y político barranquillero), quien está hoy en juicio”, afirma Del Río, sobre la razón para instalarse en la zona.

Métodos sofisticados

La compra de votos es una práctica más usual de cara las elecciones legislativas. La Misión de Observación Electoral, a través de su plataforma Pilas con el Voto, recibió 300 reportes sobre presuntos casos de corrupción al sufragante en la contienda electoral al Congreso. “Aunque en términos generales la práctica más frecuente en casos de corrupción de sufragante es la compra del voto a cambio de una suma de dinero, en ocasiones se utilizan otro tipo de prebendas, como mercados, materiales de construcción, acceso a posibles puestos de trabajo u otro tipo de beneficios”, dijo la MOE.

Sin embargo, también ha recibido 97 denuncias de irregularidades electorales para las presidenciales. De ellas 21 son de “irregularidades en el voto libre, entre las que destacan los casos de constreñimiento al sufragante, con 15 reportes, y que se refieren a presiones a votantes para que apoyen a determinada candidatura, particularmente por parte de funcionarios públicos”.

De acuerdo con Transparencia por Colombia en su informe ‘Recomendaciones para la implementación efectiva de la Política Criminal Electoral’, hay delitos que varían de acuerdo al tipo de elección: el fraude de cédulas, por ejemplo, es especialmente alto en las territoriales; pero la “corrupción y el constreñimiento al sufragante” se comportan de manera más similar en todas las elecciones. Entre 2014 y 2021, la Fiscalía General de la Nación recibió 1.549 noticias criminales por corrupción al sufragante o entrega de dinero y dádivas a cambio del voto. Pero solo el 2% (31 denuncias) llegaron a sentencia. “Esto evidencia que hay dificultad en identificar y judicializar a los responsables del delito”, indica el documento.

Según el abogado Del Río, en este caso, la posibilidad de que la izquierda llegue a la Presidencia ha hecho que los caciques políticos de la región se movilicen y estén “invirtiendo en Federico Gutiérrez, quien no es conocido en el Caribe”.

El escándalo de la excongresista Merlano reveló como se compraban votos de forma masiva desde la Casa Blanca, como se conocía a su sede de campaña, que era el enlace entre los políticos y los líderes y mochileros, personas que guardan en mochilas el dinero para pagar los votos. Esas denuncias han obligado a los compradores de votos a sofisticar el sistema y a hacerlo a domicilio.

“Antes había casas a la luz pública, había filas alrededor de una casa y uno sabía que ahí estaban comprando votos; ahora los líderes están contactando a las personas y van hasta sus propias casas, y allá negocian. También mueven dineros a través de funcionarios públicos para que no levanten sospechas”, asegura Del Río.

‘El vivo vive del bobo’

Según el abogado han recibido cerca de 1.500 denuncias en sus canales de comunicación y han entregado información de 25 casos documentados a las autoridades. La “persecución , asegura, ha encarecido el voto: ahora los delincuentes ofrecen entre 100 y 150 mil pesos (entre 25 y 37 dólares).

Pero también ha desatado una estrategia popular de la que Del Río se desmarca aunque Petro la haya compartido en sus redes. Una serie de jingles con música pegadiza promueven engañar a los compradores de votos. En palabras colombianas, ser más vivo que el vivo.

Una de ellas, con merengue de fondo, lo dice sin ambages: “Ay ay ay, túmbalos tu primero, cógele la plata y vota por Petro. Cuando vendes el voto, te dejan es en cueros”. Pero la misma idea, que admite que la compra es un hecho, lo promueve en reguetón: “estás vendiendo el voto, cógeles la plata y vota por el que te gusta a ti. Túmbales la plata, así como ellos han tumbado todo el país”.