“Trato personas, no asegurados”

“Trato personas, no asegurados”. Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), lo tiene claro. Siempre desde un punto de vista personal, el decreto que impide atender a inmigrantes en situación irregular no entra en sus planteamientos éticos. “Si tengo a una persona delante, me da igual que sea extranjera o no; la tengo que atender”, dice. Una visión que comparte el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín: "Igual que no me pueden obligar a hacer una eutanasia no pueden obligarnos a no atender a un paciente".

El planteamiento de Rodríguez Sendín y de Basora es el de la mayoría de los profesionales sanitarios, que con inquietud apelan a su código deontológico para defender la atención los inmigrantes en situación irregular que desde el 1 de septiembre no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria, según el real decreto de ajustes publicado esta semana por el Gobierno."Un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura. No somos policías ni inspectores, si a mí como médico me piden asistencia la tengo que dar, otra cosa es que no pueda utilizar las tecnologías que tenga mi centro--, y luego ya se verá la parte administrativa", dice el presidente de los médicos españoles. Y esa idea de que ellos van a tener que actuar como policías del sistema para evitar supuestos fraudes o simplemente para que se cumpla una norma les incomoda enormemente. Algunos aseguran que no lo acatarán. Practicarán, dicen, la insumisión. O una especie de objeción de conciencia, pero a la inversa.

La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid ha sido la que ha prendido la mecha. “Hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública para la atención completa a este grupo de población [más de 150.000 personas], perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales a la aplicación efectiva del real decreto ley por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública”, indican.

Semfyc, la sociedad que preside Basora, con más de 20.000 profesionales, “manifiesta su rechazo a la decisión ministerial de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes ‘sin papeles”. Además, desea “advertir de los riesgos sanitarios” de dejarlos “sin el acceso a una atención continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades”.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, cree que los principios éticos del profesional chocan con la medida emprendida por el ministerio de Ana Mato. “La filiación jurídica del paciente no es un problema nuestro cuando se tiene delante a una persona que tiene un problema de salud. Está claro que no nos podemos negar a atenderlos. Sobre todo si no tenemos garantizado que esas personas, que han sido nuestros pacientes, reciben la atención que necesitan por otra vía”, sostiene. “Nosotros no entramos a analizar el problema de la inmigración irregular, que, además no es turismo sanitario”, aclara. “Pero si estas personas están en España y necesitan una atención sanitaria, como profesionales debemos dársela. Otra cosa es que haya filtros antes de llegar a nosotros”, dice.

González Jurado no niega que el sistema sanitario necesite medidas para garantizar su sostenibilidad, pero critica que la reforma sanitaria del Gobierno se haya elaborado sin contar con la opinión de los profesionales que tendrán que aplicarla. Aunque cree que en ese punto no lo harán. “Ningún médico ni enfermero va a dejar de dar a una persona la asistencia que necesita. Nosotros no tenemos obligación de pedir a la persona el carné de aseguramiento”, afirma.

“Los pacientes no son una historia clínica. Hay una persona detrás. Los profesionales ya les conocemos, ya hemos tenido relación con ellos”, critica Pilar Navarro, secretaria del sector Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que argumenta que “profesionalmente”, además no pueden dejar a sus pacientes desatendidos. “Es una situación que habrá que resolver porque humanitariamente es injusto. Si la gente llega no puedes, de entrada, denegarles la asistencia”, ratifica.

Una idea similar la repiten desde el Colegio de Médicos de Madrid. “Desde el punto de vista ético ningún médico puede dejar de atender a ningún paciente que lo necesite”, afirma un portavoz.

Una coordinadora de sanitarios llama a la insumisión ante la medida

Rogelio Altisent, profesor de bioética de la facultad de Medicina de Zaragoza, explica que desde el punto de vista del Código Deontológico Médico la situación no es sencilla. “No es blanco y negro. Nos encontramos ante situaciones muy variadas y muy duras. Hemos pasado de atender a todo el que pasa por la puerta sin preguntar a ponernos en la tesitura de exigir papeles”, comenta. Este experto explica que el código ético, en su artículo 6, dice que “el médico no abandonará nunca a un paciente que necesite sus cuidados”, y que también habla de que el facultativo, para dejar de atender a un paciente, debe asegurarse la continuidad de su asistencia. “Son puntos que no están pensados para esta situación, pero que se podrían aplicar”, dice. Los médicos que lo hagan tomarán el camino de la insumisión: solicitar que se le exima de una obligación legal y que no se le sancione.

Para Altisent, esa última vía es un camino interesante de explorar. “Así debería hacerse para paliar situaciones dramáticas”, dice. Y critica que en este punto el Gobierno sitúa a los profesionales sanitarios en una situación muy incómoda. “Quizá el propio sistema nacional de salud tendrá que arbitrar situaciones intermedias para no poner a sus médicos en una situación deontológicamente muy delicada”, dice. Tanto, que la Organización Médica Colegial tratará el tema en asamblea. "No son situaciones previstas para nosotros, y hay que analizarlas", explica su presidente Juan José Rodríguez Sendín.

El enfermero Ángel Navarro, portavoz de la coordinadora que promueve la insumisión, indica que lo suyo es un “llamamiento a todo el sistema”. “Nosotros solo hemos lanzado la idea. No está desarrollado el sistema legal”, indica. Para Navarro, lo que se les propone al negar la atención a pacientes que conocen y que llevan tratando años es “inhumano, injusto, va contra nuestra conciencia y nuestro código deontológico”.

El problema es asegurar la continuidad del tratamiento

Miguel, un médico de familia de Madrid que da un nombre falso, ve con simpatía la idea de la objeción. “En 25 años he visto a bastante población inmigrante, y me han contado casos muy dolorosos. Personas que han tenido que huir de conflictos armados, a los que les han matado familiares”. “Muchos, después de todo ello, están en situaciones muy delicadas de salud mental. ¿Cómo se va a tratar ahora a alguien con esquizofrenia, con depresión? Si ya es difícil para cualquiera que se tome las pastillas, para ellos en esta situación va a serlo aún más”, dice. Por eso, a Miguel la propuesta le parece “razonable”. “Está en nuestro código deontológico”. “Lo que nos piden repugna a la moral”. “Trabajo para el paciente, y voy a flexibilizar al máximo los criterios de qué es una urgencia. ¿O nos van a convertir en policías del sistema?”.

El médico admite, sin embargo, que ello tiene dificultades a nivel práctico. “Una cosa es el diagnóstico, y otra el tratamiento”, dice, con la idea de que una vez atendido, hay cuestiones, como conseguir el medicamento, que sí se les puede poner muy difícil. Pero cree que, al final, la propuesta del Gobierno será como “ponerle puertas al campo”. “El sistema ya tiene agujeros. En primaria también hay urgencias, y, o ponen un policía en la puerta, o todo el que llegue diciendo que tiene algo urgente será atendido”. Lo malo, para él, es que, al final, la atención va a ser peor. “Va a ser desesperante saber que una persona necesita tratamiento y no podérselo prestar”.