Recurrida la decisión de la juez de apartar a los policías que investigaban el ‘caso Villarejo’

La reciente decisión de la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, de apartar del ‘caso Villarejo’ a los policías que llevaban hasta ahora la investigación se ha encontrado ya con la oposición de una de las partes personadas. Podemos, que ejerce la acusación popular en el sumario del Pequeño Nicolás, incluida la pieza en la que está imputado el comisario José Villarejo, ha presentado un recurso en el que pide a la magistrada que readmita a los agentes que formaban la disuelta comisión judicial “hasta dar por finalizada la fase de instrucción” de toda la causa. El escrito critica también la decisión de la juez de no practicar las diligencias pedidas por los policías en su último informe, entregado dos días antes de ser apartados de las pesquisas.

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En su escrito, Podemos destaca que de las cinco piezas con las que hasta ahora cuenta el sumario del Pequeño Nicolás, solo una está concluida. En concreto, la referida al viaje de Francisco Nicolás Gómez Iglesias a Ribadeo, por lo que la fiscalía pide para éste siete años de prisión. De las otras cuatro, la acusación popular detalla que dos están aún pendientes de dictar algunas resoluciones y, por tanto, todavía en fase de instrucción. Las dos restantes las sitúa “en fase intermedia” y con numerosos recursos presentados por las partes aún sin resolver. Todo ello justifica, en su opinión, “la necesidad de la prosecución de la Comisión Judicial [integrada por los policías] hasta la finalización de la fase de instrucción y apertura de juicio oral en todas las piezas y el principal”.

La acusación popular destaca también que los agentes ahora apartados han propuesto la práctica de “numerosas diligencias” que, si bien han sido rechazadas de plano por la juez Martínez Gamo “en bloque”, Podemos considera necesarias. Además, el recurso tilda de “sencillamente incompresible” que la magistrada haya decidido remitir al Decanato de los Juzgados de Plaza Castilla el último informe policial entregado y en el que se apuntaba el supuesto móvil que llevó al comisario José Villarejo a implicarse en el caso Nicolay. Una decisión de la magistrada que, recalca el escrito, “carece de toda motivación fáctica y jurídica” como la de disolver la comisión judicial “como si de un despido laboral cualquiera se tratara”.