Un detenido por el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña

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Más de un año después de que una enorme nube de humo negra obligara a desalojar a miles de personas de Seseña, el arresto de Javier M. P. arroja algo de luz sobre una causa que llevaba desde entonces en secreto. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid detuvieron el pasado jueves a este empresario de 52 años, que consta como administrador único de casi una decena de compañías. Una de ellas, localizada en Ciudad Real y relacionada con el sector del tratamiento de neumáticos desechados.

Los investigadores lo han puesto este viernes a disposición de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Valdemoro (Madrid), que le ha tomado declaración como imputado por su "presunta participación en los hechos" y le ha dejado, a continuación, en libertad con cargos. El arrestado ha negado su implicación en el fuego. "La Guardia Civil especula que, como empresario, podría tener intereses comerciales en que ese parque de neumáticos se quemara", ha apuntado el abogado del detenido, en declaraciones a la agencia Efe: "Hay fuentes que lo sitúan allí días u horas antes. Pero a una distancia de 1,5 o 2 kilómetros. No en el mismo depósito de ruedas".

El instituto armado siempre ha trabajado con la tesis de que el incendio fue provocado. A la una de la madrugada del 13 de mayo de 2016, desde varios focos distintos, las llamas empezaron a devorar el principal depósito de neumáticos de Europa, localizado entre los términos municipales de Seseña y Valdemoro. El fuego se inició en la parte del depósito ubicado en el municipio madrileño, según los investigadores.

Todo ello, en un vertedero que fue declarado ilegal la pasada década por no respetar las normas medioambientales. La empresa que lo gestionaba, Disfilt S. A., constituida en 1990, contaba con cuatro trabajadores y debía encargarse de reciclar los neumáticos. Pero, en lugar de eso, por cada tonelada que trataba, acumulaba miles. Así, una sentencia judicial de 2008 condenó al propietario por un delito contra el medio ambiente. Luego desapareció. Y en 2013, el Ayuntamiento contrató a una empresa valenciana para desmontarlo. Pero esta también cesó en su actividad.