Dos socios de Jordi Pujol Ferrusola ocultaron 6 millones en la Isla de Man

Los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, socios de Jordi Pujol Ferrusola, montaron entre 2000 y 2005 un entramado empresarial que ocultó seis millones de euros en una sociedad pantalla con sede en la isla de Man, según ha descubierto una investigación de EL PAÍS. El dinero procedía del pelotazo hecho con el vertedero de Vacamorta, en Cruïlles (Girona), una controvertida instalación aprobada en 2000 por gobiernos de CiU —municipal y autonómico— que ha sido declarada ilegal tres veces por los tribunales. La instalación fue vendida por 13,2 millones a FCC en 2003 tras invertir en ella apenas 3,5 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La opacidad de la isla de Man —territorio autónomo dependiente de la Corona Británica y que España consideró paraíso fiscal hasta hace dos años— impide saber quién fue el beneficiario final del dinero, algo que tampoco quieren revelar Buesa y Mayola. Documentos internos de la empresa financiera holandesa BK Group, contratada por ambos empresarios, apuntan a que el inversor oculto podría ser Pujol Ferrusola. Este se encuentra en prisión preventiva desde hace un mes por los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública en el marco de las investigaciones del caso Pujol.

El de Cruïlles fue uno de los dos vertederos impulsados por Buesa y Mayola durante el último gobierno de Jordi Pujol padre, entre 1999 y 2003. El otro fue el de Tivissa (Tarragona), en el que los dos empresarios se asociaron con Pujol Ferrusola antes de vender la instalación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El hijo del expresidente catalán fue quien más ganó (5,3 millones de euros) en una operación que ahora investigan la Fiscalía Anticorrupción y el juez José de la Mata.

Sobre el papel, el devenir de los dos basureros es muy similar. Ambos fueron puestos en marcha al 50% por Buesa y Mayola (el de Cruïlles en 1999 y el de Tivissa en 2000). En los dos casos, un tercer socio entró de forma opaca en el negocio cuando este ya estaba encarrilado (en 2000 y 2002, respectivamente). Y ambos proyectos acabaron siendo vendidos a FCC (en 2003 y 2004) por casi 30 millones de euros en total.

Entre tantas coincidencias, una diferencia destacable: mientras en Cruïlles el vertedero se apoya en una compleja estructura societaria con sedes en cuatro países, las empresas participantes en Tivissa son apenas tres y todas ellas españolas.

El pelotazo de Cruïlles empieza a fraguarse en 1998, cuando Buesa y Mayola ponen en marcha la empresa Recuperació de Pedreres SL (RdP). En mayo de 2000 los dos empresarios crean una empresa en los Países Bajos —Aprilsnow Holding BV—, a la que transfieren la propiedad del vertedero. Los distintos trámites y permisos para abrir la instalación, municipales y autonómicos, llegan entre julio de 1999 y el mismo mes de 2000.

La instalación entra en servicio en septiembre de 2000 y solo dos meses más tarde aparece en escena el inversor oculto. Lo hace a través de la sociedad Nordic AsP, recién creada en Copenhague (Dinamarca) y que a su vez es propiedad de Rakestone Limited, radicada en la isla de Man.

La empresa danesa tiene un carácter meramente instrumental y será liquidada tras la venta del vertedero. Rakestone, por su parte, sirve a los inversores para mantener oculta su identidad. Esta sociedad ya ha tenido un papel destacado en casos como el saqueo de Marbella y la trama Gürtel.

Según las cuentas depositadas en el registro mercantil danés, Nordic AsP paga 12.000 euros por el 34% del negocio. Al cierre del ejercicio de 2001, además, habrá prestado unos 310.000 euros al proyecto, cuya inversión total se acerca a los 3,5 millones.

FCC compra el vertedero de Cruïlles en 2003 al pagar 13,2 millones de euros por el 80% de las acciones de Recuperació de Pedreres. Buesa y Mayola seguirán en la empresa —que luego comprará también el vertedero de Tivissa— como socios minoritarios con el 10% de capital cada uno.

Nordic AsP cierra 2013 con unos beneficios 4,4 millones, un tercio de la venta a FCC. Un año más tarde, Aprilsnow Holding le recompra por 1,6 millones las acciones propias por las que la empresa danesa había pagado 12.000 euros cuatro años antes. El 22 de agosto de 2005, Rakestone Limited liquida Nordic AsP, que tenía 6.004.241 euros en tesorería.

Isabel Llauger, responsable de comunicación de Buesa y Mayola, declinó ayer comentar la participación de Nordic AsP, aunque destacó que "los negocios hechos en Cruïlles y Tivissa cumplieron todos los requisitos legales". Tampoco quisieron ofrecer su versión fuentes de la defensa de Pujol Ferrusola. Gejo Kamp, director de BK Group, declinó igualmente comentar con este diario ningún dato de sus clientes en una entrevista mantenida en su despacho en Ámsterdam.

Un rompecabezas legal y ambiental

El vertedero de Cruïlles ha acabado siendo un auténtico rompecabezas administrativo, legal y ambiental que amenaza ahora con convertirse en un gran problema económico para la Generalitat. Autorizado por primera vez en 2000 por el ayuntamiento y la Generalitat, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre 2002. La razón era que estaba a menos de 500 metros de los núcleos habitados más cercanos.

Tras estar clausurado apenas un mes y medio, la Generalitat (aún en manos de CiU) volvió a darle luz verde en abril de 2003 alegando que así lo permitía un cambio normativo. El TSJC volvió a declarar ilegal la instalación en noviembre de 2006 y en 2011, pese a lo que el Gobierno catalán —de nuevo en manos de CiU— le renovó la autorización en 2012 al estar el caso pendiente del recurso presentado por la empresa y el Gobierno catalán ante el Tribunal Supremo.

Este ordenó finalmente en febrero de 2014 cerrar el vertedero, vaciarlo y restaurar la zona tal y como estaba antes de la autorización de 2003, operación que aún no ha empezado y que reviste una enorme complejidad. Mientras, Recuperació de Pedreres ha llevado a la Generalitat a los tribunales y le reclama más de 35 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos debido a la defectuosa autorización concedida en 2003.

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