Un juez imputa a cargos de Medio Ambiente por el vertedero de Cruïlles

Un juzgado de La Bisbal (Baix Empordà) ha admitido a trámite una querella criminal al encontrar indicios de prevaricación y delito contra el medio ambiente en la actuación del ex director de Patrimonio Natural -ahora director general de Bosques y Biodiversidad de la Generalitat- Pere Maluquer; en la del gerente de la Junta de Residuos de Cataluña, Ramon Tella, y en la del responsable de la empresa que gestiona las instalaciones de Cruïlles, Gustavo Buesa, gerente de Recuperació de Pedreres, SL.

Los opositores al polémico vertedero de Cruïlles han obtenido un nuevo espaldarazo judicial en su enconada lucha por clausurar las instalaciones de Vacamorta. A pesar de que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenaba el cierre de la instalación, la Generalitat prevé otorgar al vertedero una nueva autorización que evitaría su clausura judicial. Aunque la plataforma opositora entiende que la sentencia imponía un límite de 10 días para el cierre, la empresa mantiene que el texto del TSJC sólo achaca un defecto de forma a la licencia otorgada por el Ayuntamiento.

Fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Girona el que, ya a finales de julio de 2002, anuló el acuerdo municipal que autorizaba la actividad porque entendía que se habían vulnerado las distancias entre el vertedero y los núcleos habitados. Aunque la Generalitat calificó como "molesta" la actividad del vertedero, la sentencia aseguraba que no existía ninguna duda de que la clasificación adecuada era la de actividad "molesta, insalubre y nociva". La inclusión por parte de la comisión territorial de la Generalitat de la instalación en este segundo grupo habría comportado la necesidad de respetar dos kilómetros de distancia respecto a los núcleos más próximos de población agrupada. El juzgado consideraba acreditado que el vertedero se halla a 500 metros de la urbanización Puigventós, a 1.000 metros de La Bisbal y a 1.200 metros de Cruïlles. En dicha sentencia se ponía como ejemplo un vertedero de Puigcerdà, con procesos más simples de tratamiento de residuos, que en cambio obtuvo la clasificación de actividad "molesta, insalubre y nociva". El Juzgado de Instrucción número 1 de La Bisbal d'Empordà deberá investigar si existió prevaricación por parte de los responsables de autorizar la instalación para evitar que éstas distancias demasiado cercanas a los núcleos habitados imposibilitaran la ubicación escogida por la empresa. Según la querella, los hechos que se denuncian pueden constituir, además de un delito de prevaricación, un delito de daños contra los recursos naturales y el medio ambiente de la zona.

El movimiento opositor se ha ido incrementando en los últimos meses y han anunciado movilizaciones de protesta -sobre todo los fines de semana- hasta que consigan la clausura del vertedero de Vacamorta. El sábado, una cuarentena de vecinos se encadenaron frente a la entrada del vertedero para exigir su cierre inmediato. Un pleno municipal celebrado hace unos días acordó acatar la sentencia del TSJC, aunque los opositores dudan que se lleve a cabo. Los opositores lamentan que el alcalde del municipio, Antoni Mallorquí (CiU), se haya alineado siempre con las tesis que defienden la empresa y la Generalitat.