_
_
_
_
_

La ley de ruptura prevé amnistiar a todos los condenados por la causa independentista

La medida afectaría directamente al expresidente Artur Mas y al exconsejero Francesc Homs

Carme Forcadell y Anna Simó, antes de declarar como imputadas, este mayo.
Carme Forcadell y Anna Simó, antes de declarar como imputadas, este mayo.Joan Sánchez

La ley que prepara la Generalitat para romper con España persigue amnistiar a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista. Esta medida afectaría directamente al expresidente Artur Mas, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso una pena de dos años de inhabilitación por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. La ley fundacional también contempla que la futura justicia catalana arrebate al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramita en la actualidad.

Más información
Cataluña declarará de inmediato la independencia si no hay referéndum
Puigdemont rechaza acudir a las Cortes sin un acuerdo sobre el referéndum
Junts pel Sí se compromete a buscar "aval" en Europa para el referéndum

La justicia ha ido estrechando poco a poco el margen de actuación de los soberanistas, cuyos pasos son ahora mirados con lupa, lo que ha sembrado de dudas el otrora monolítico bloque independentista. El punto de inflexión fue la consulta del 9-N, un hito que sirvió para encender las alarmas en todas las instituciones del Estado sobre la envergadura del desafío secesionista.

Desde entonces, la fiscalía y los tribunales observan de cerca cualquier movimiento de la Generalitat y del Parlamento catalán destinado a la celebración de un referéndum ilegal que intente legitimar la secesión. Como consecuencia de esta presión, en los últimos meses han sufrido penas de inhabilitación Mas, el diputado y exconsejero de Presidencia Francesc Homs o las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Todos ellos están condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N.

Cuatro inhabilitaciones hasta la fecha

El cerco de la justicia a los dirigentes independentistas ha tenido hasta ahora consecuencias penales para cuatro de ellos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a dos años a Artur Mas por desobediencia, en un caso en el que fue juzgado junto a las exconsejeras de Irene Rigau y Joana Ortega. La primera fue condenada a un año y seis meses de inhabilitación, mientras Ortega lo fue a un año y nueve meses. Además, el Tribunal Supremo impuso una pena de un año y un mes de inhabilitación al exconsejero y exdiputado en el Congreso Francesc Homs. Todos ellos fueron condenado por desobediencia por la consulta del 9-N. En la actualidad, están siendo investigados la mesa del Parlament y hay una querella de la fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs.

Paralelamente, jueces y fiscales han puesto en marcha investigaciones para controlar las decisiones que están adoptando el Parlamento catalán y la Generalitat para impulsar la ruptura con España. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado como imputada por desobedecer también al Constitucional, que ya ha advertido en varias ocasiones a la Cámara y al Gobierno autónomo del riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Además, están en marcha investigaciones sobre la compra de urnas y de papeletas para la posible convocatoria de un referéndum, iniciativas que han llevado la incertidumbre al bloque independentista.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La ley fundacional persigue una amnistía general, tanto para los ya condenados como para los investigados en las causas que están en curso. Así, la norma establece que una vez lograda la independencia, los juzgados catalanes sobreseerán o anularán "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscarán un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática o no violenta". Esta es una demanda reiterada de algunos de los mártires del soberanismo, como Mas, que ha sido incluida en la ley de ruptura.

Además, el proyecto legal subraya que los juzgados catalanes asumirán todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitiría extinguir de cualquier responsabilidad penal a todas los altos cargos catalanes que ahora están bajo sospecha.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_