El juez envía a prisión sin fianza a Jordi Pujol Ferrusola

Jordi Pujol Ferrusola desayunó este martes con sus abogados en la cafetería Mallorca, un establecimiento señero de la calle Génova de Madrid, frente a la sede del PP. El desayuno del miércoles lo tomará en el módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real. En medio de estas dos comidas, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, de 59 años, declaró por tercera vez como imputado en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata. El magistrado, tras una declaración extenuante de más de cuatro horas, decidió enviarle a prisión –como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción- por supuestamente haber movido fuera de España 29,91 millones de euros mientras se le investigaba por delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública junto a sus padres y a sus seis hermanos menores.

El magistrado considera que “se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuentes de prueba que ya se apreció en febrero de 2016”, cuando el juez le retiró el pasaporte. Según el juez, el control realizado hasta ahora al mayor de los hijos del presidente catalán “ha resultado insuficiente”.

El magistrado recuerda, en el inicio de su exposición, que las sociedades de Pujol Ferrusola facturaron 11 millones de euros por supuestas tareas de asesoramiento y consultoría a empresas del ámbito urbanístico y de la obra pública contratistas de la Generalitat. De la Mata sostiene que estas contrataciones fueron simuladas y que no hay indicio alguno que justifique que el hijo de Pujol realizase los trabajos por los que se le pagó. Además, el juez afirma que existen indicios de que se han utilizado entramados societarios internacionales para “blanquear capitales fuera de España y repatriarlos”.

También menciona el auto la estrategia “orquestada y coordinada” con todos los miembros de su familia para manejar fondos en Andorra que, según su versión –descartada por el juez- procede del legado de su abuelo Florenci en aquel país. La única novedad que ve el magistrado es que este martes “por primera vez”, el imputado ha manifestado que la entidad en la que estuvo depositado esta supuesta herencia fue el Credit Andorra.

Sin embargo, lo que ha llevado a Pujol Ferrusola a prisión no son estos indicios contra él, que ya se conocían, sino la constatación de que “hasta el día de hoy”, el mayor de los Pujol Ferrusola se ha dedicado a poner sus bienes lejos del alcance de la justicia. “El importe mínimo del capital que Jordi Pujol Ferrusola mantendría fuera de España asciende a unos 30 millones de euros”. Para ello, se ha valido de préstamos y donaciones ficticias o la simulación de la separación del patrimonio conjunto con su exmujer, la también investigada Mercé Gironés. Otro mecanismo para ocultar sus bienes ha sido los convenios de reconocimiento de falsa deuda con testaferros, principalmente Carlos Riva Palacio.

De la Mata citó por tercera vez a Pujol Ferrusola el pasado 17 de abril, tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional, en el que se le informaba de que tanto él como su exesposa, Mercé Gironés, evadieron al fisco 14 millones de euros con operaciones financieras en Argentina y Uruguay. Tras la citación, el magistrado recibió un informe complementario de los investigadores en el que elevaba la cifra escamoteada a 29,91 millones. Según la UDEF, el matrimonio mantiene una “estrategia insistente y continuada” para sacar de España parte de su fortuna, que sospechan procede en parte de comisiones por adjudicaciones de contratos de la Generalitat de Cataluña.

La jornada fue larga en la Audiencia Nacional. En la declaración, Junior negó que vaciara sus negocios desde el año 2012, cuando se inició la investigación contra él, para ocultar el dinero a la Justicia. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el primogénito de los Pujol manifestó que en realidad sus múltiples actividades empresariales habían sido un fracaso con la excepción de un negocio de plantación de eucaliptos en México. El juez no dio crédito a esta explicación.

Tras el interrogatorio, en el que Pujol Ferrusola estuvo asistido por los letrados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, solicitaron la prisión incondicional para aquel. En su anterior comparecencia, en febrero de 2016, De la Mata ya le había retirado el pasaporte y le había prohibido abandonar España. En aquel momento, Pujol Ferrusola insistió en que su patrimonio personal no tiene vínculo alguno con el papel de su padre como presidente de la Generalitat durante 23 años. La investigación ha revelado que Junior y su esposa, de la que está separado, habían cobrado más de 11 millones de euros de empresas adjudicatarias de la Generalitat. El hereu atribuyó su riqueza a trabajos de consultoría no documentados en papel y cuya realización negaron las empresas que supuestamente trabajaron con él.

Tras la declaración, el juez se retiró a redactar el auto y citó a Pujol Ferrusola a las 19.00. Los fiscales Belén Suárez –número dos de Anticorrupción- y Fernando Bermejo solicitaron al magistrado que retuviera el teléfono móvil y la tableta del imputado, para evitar que pudiera utilizarlos para dar instrucciones para seguir ocultando bienes ante la posibilidad de un ingreso inminente en prisión. El magistrado accedió a esta petición de los acusadores, un indicio de que el horizonte penal de Junior se oscurecía sin remedio.

La clave del ingreso en prisión de Pujol Ferrusola es un informe de la UDEF en el que se ponen de relieve las supuestas estrategias de este para sacar los fondos de España. Este informe se redactó después de que el juez De la Mata decidiera actuar contra el antiguo número dos de la policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, por haber incorporado al sumario un pendrive con documentos a sabiendas de su procedencia ilícita. Con el contenido de este dispositivo, la UDEF confeccionó un informe que fue puesto en cuarentena por el magistrado. Los investigadores le remitieron otro informe en el mismo sentido de que Pujol desviaba su patrimonio, pero con documentos de procedencia lícita: los registros realizados por orden judicial durante la Operación Hades, de octubre de 2005.