ETA abordará su disolución nada más culminar la entrega de armas
En las próximas semanas se conocerá la decisión de los reclusos etarras sobre la aceptación o rechazo de la legalidad penitenciaria
El proceso de desarme de ETA, que culminará el próximo sábado, abrirá el debate interno sobre la disolución de la banda terrorista que se prolongará durante varios meses. David Pla, interlocutor de ETA y último jefe de su aparato político, anunció el pasado 18 de febrero, en una entrevista a Gara desde la prisión francesa en la que permanece encarcelado, que, tras su desarme, la banda terrorista se declarará como “organización desarmada” y abrirá un proceso de reflexión sobre su futuro. En las próximas semanas se conocerá la decisión de los reclusos etarras sobre la aceptación o rechazo de la legalidad penitenciaria.
Son tres las opciones que ETA debe debatir sobre su futuro, según medios abertzales: proseguir como organización socio-política desarmada, su disolución paulatina sin comunicarlo públicamente y la disolución comunicada. En los medios abertzales consultados se da por descartada la continuidad de ETA como organización socio-política: “Es inviable. ¿Con qué estatutos se presenta? ¿Quién asume la portavocía?”. La hipótesis de la continuidad de la banda como organización perjudicaría, además, los intereses de la izquierda abertzale que tiene como prioridad pasar página del capítulo de la violencia cuanto antes, destacan en medios próximos al PNV. “Cada vez que ETA opinase, perjudicaría a la izquierda abertzale al remover el pasado”, añaden estas fuentes.
A diferencia del pasado, cuando ETA mandaba sobre la izquierda abertzale, desde los meses previos al cese definitivo del terrorismo, en octubre de 2011, las tornas han cambiado. Hoy la influencia de la izquierda abertzale sobre los restos de ETA es decisiva por lo que el debate se concentrará entre una disolución reconocida y comunicada o una disolución paulatina. Fuentes conocedoras del proceso señalan que una disolución paulatina y no reconocida puede resultar menos “humillante” para la banda. Pero la ausencia de reconocimiento puede perjudicar a sus presos porque el Gobierno del PP exige como condición para cambiar su política penitenciaria su disolución reconocida.
Medios del Gobierno vasco no ocultan su preferencia por una disolución reconocida porque “facilitaría el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco así como el cambio en la política penitenciaria, una decisión cuya competencia detenta el Gobierno de Rajoy, quien no se ha movido de su exigencia previa de disolución de ETA en sus más de cinco años de mandato”.
Dadas las dificultades de comunicación que tienen entre sí los restos de la banda terrorista, el proceso de debate y decisión se prolongará durante varios meses, aunque medios abertzales calculan que finalizará antes del final de 2017. “También pesará en el retraso de la decisión, la escenografía de la disolución si, finalmente, los restos de ETA optan por ella. No hay más que ver el tiempo que ha tardado ETA en dar con el procedimiento de desarme, aunque en el caso de la disolución el tiempo le apremia porque afecta a los presos”, señalan fuentes conocedoras del proceso. Tal y como denuncian algunas personalidades críticas con este proceso, el grupo terrorista está tratando de blanquear su derrota presentándola como un desarme voluntario y tratará de hacer lo mismo con su disolución: “Lo vista como lo vista, ETA ha sido derrotada por la democracia. Finalizó el terrorismo sin lograr sus objetivos y se desarma obligada”, coinciden la mayoría de los partidos democráticos vascos.
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Pero antes, posiblemente en las próximas semanas, se conocerá la decisión de los presos etarras sobre la aceptación o rechazo de la legalidad penitenciaria y de su reinserción individual que decidieron someter a debate y votación el pasado diciembre. La izquierda abertzale aboga por que los presos etarras asuman la legalidad penitenciaria y confía en que esta posición supere las resistencias en el seno del colectivo, procedentes de penados con largas condenas de prisión afectados por la última reforma del Código Penal. El lehendakari Iñigo Urkullu pretende abrir un paréntesis para alcanzar un acuerdo con el Gobierno y el resto de los partidos para afrontar la nueva etapa que comienza tras el desarme de ETA. “El Gobierno vasco quiere abrir la nueva etapa con un acuerdo amplio y eso requiere tiempo. También se necesita tiempo para que los presos de ETA asuman la legalidad penitenciaria; para que el PSOE elija su nueva dirección y el Gobierno del PP no sienta que una posible nueva orientación de la política penitenciaria se interprete como el precio que ha pagado por el desarme etarra, lo que no está dispuesto a permitir”.
El acto clave será privado
El acto clave del desarme, cuya fecha límite es la mañana del 8 de abril, será la entrega de las localizaciones de los depósitos de ETA por parte del Comité Internacional de Verificación, coordinado por Ram Manikaningam, a la justicia francesa. El desarme “legal, completo, verificado y sin contrapartidas”, como lo define el Gobierno vasco será un acto privado. Su contenido, el del inventario del armamento se dará a conocer posteriormente. Las localizaciones de los depósitos no se harán públicas. El Comité Internacional de Verificación cuenta con el aval del Gobierno vasco. Será el que verifique que la entrega de armas tiene todas las garantías, de acuerdo con la información de que dispone de las fuerzas de seguridad.
En este cometido la discreción es clave. Urkullu ya tiene experiencia. En octubre de 2011, siendo entonces presidente del PNV, también jugó un papel clave, desde la sombra, en la gestación de la Declaración de Aiete que, con presencia de representantes internacionales, entre ellos Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, facilitó que ETA declarara el cese definitivo del terrorismo. Entonces gobernaba el PSOE en España.
Todos los partidos vascos, salvo el PP, suscriben un manifiesto
La mayoría política del País Vasco y Navarra — todos los partidos salvo el PP, UPN y los socialistas navarros—, además de los cuatro principales sindicatos vascos, suscribieron este miércoles en Bilbao un manifiesto a favor de la entrega total de las armas de la banda terrorista, prevista para el sábado en Francia. Las fuerzas políticas y sindicales quisieron otorgar a este acto la máxima relevancia. El PP fue la única formación política vasca ausente en el acto, al que no había sido invitado.
El manifiesto recoge que el desarme de ETA constituye “un hito histórico” que se enmarca en el final ordenado y definitivo de la violencia terrorista. En el texto, que fue leído en euskera y castellano, los partidos y sindicatos demandan a ETA que la entrega sea “en el más breve espacio de tiempo”, en un acto “único”, y solicitan a la Comisión Internacional de Verificación que siga trabajando para “culminar este proceso”. Los firmantes del manifiesto se comprometen a contribuir a “superar las secuelas” que ha dejado el terrorismo en la sociedad, con el diálogo y la negociación como modo de gestionar las disputas”. Los populares vascos no han querido participar en esta escenificación, aunque tampoco habían sido invitados.
El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, criticó este miércoles que el PNV se haya prestado a participar en “la misma foto” que el líder independentista Arnaldo Otegi, a quien acusó de no haber pedido nunca la desaparición de la banda. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, rechazó que se haya vetado al PP y, al mismo tiempo, emplazó al partido liderado por Alfonso Alonso a que se sume a la declaración que el Parlamento Vasco aprobará este jueves a favor de un desarme de ETA, que es casi una copia del texto que este miércoles leyeron los partidos.
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