Un tribunal anula la adjudicación de una plaza a un exescolta de Aznar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso contra la designación de Francisco Maroto Almarcha como agregado de Interior en la Embajada española en Panamá. Maroto fue jefe del servicio de escolta de José María Aznar entre 2002 y 2004, cuando era presidente del Gobierno, y entre 2004 y 2014, cuando ya no estaba en La Moncloa. Según informó EL PAÍS, el nombramiento del inspector fue realizado de facto incluso antes de la creación de la plaza.

El inspector jefe Carlos Parro, jefe de la Sección Operativa de la Brigada Central de Inteligencia Financiera de la UDEF, uno de los otros dos aspirantes al puesto, recurrió el nombramiento porque la Comisión de Destinos en el Exterior no dio cuenta de los méritos de cada uno de los tres candidatos. La Dirección General de la Policía rechazó el recurso con el argumento de que se trataba de un puesto de libre designación.

Parro argumentó que, aun siendo un puesto de libre designación, se debía explicar quiénes eran los aspirantes y sus calificaciones. Solicitó la anulación del acuerdo por el que se adjudicaba la plaza y exigió que el tribunal le nombrara a él por exhibir mayores méritos.

El tribunal madrileño, en una sentencia del 7 de febrero, le da parcialmente la razón. Según señala la sala, la doctrina del Tribunal Constitucional no consagra el poder omnímodo a los órganos de decisión en relación con los puestos de libre designación. “El deber de motivación de los actos discrecionales en esta materia de nombramientos viene exigido por el respeto a los principios de mérito y capacidad, de tal manera que se excluya toda duda o apariencia de que el nombramiento no se haya fundado en la mayor idoneidad para el mejor desempeño del cargo sino en consideraciones a otra clase de razones”, dice la sentencia.

El tribunal anula la adjudicación de la plaza al exescolta de Aznar y retrotrae las actuaciones al momento en que la Comisión de Destinos en el Exterior debe exponer quiénes son los candidatos y los méritos de cada uno, paso previo a que la Dirección General de la Policía anuncie a quién adjudica la plaza. Sin embargo, rechaza otorgar la plaza al recurrente ya que la potestad es de la Dirección General de la Policía. Fuentes consultadas señalan que el nombramiento final no variará.

“Sabíamos que la plaza tenía nombre y apellido antes de su creación. Pero la chapuza, el nombramiento a dedo impune, ha quedado al descubierto”, señala una fuente.

Aunque la sentencia señala que no se han acreditado irregularidades en la adjudicación, el proceso reveló manipulaciones. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, presentó a los candidatos para los nuevos cargos el 3 de julio de 2014. Para Panamá: Maroto. El 22 de julio, el ministro del Interior firmó el nombramiento de 26 consejeros y agregados, de la Policía y la Guardia Civil, en 22 países. Panamá no figuraba entre ellos. Un mes después, la Dirección General de la Policía adjudicó los puestos, “declarando desierto el puesto de agregado de Interior de Ghana”. Panamá, por tanto, había sido adjudicada.

El 10 de abril de 2015 el Gobierno creó dos agregadurías. Una de ellas: Panamá. Finalmente, el 6 de mayo de 2015, la Dirección General de Policía resolvió “definitivamente” la convocatoria. Arguyó que en agosto había quedado “sin adjudicar el puesto de agregado de Interior de Panamá”. Y añadió: “Nombrado por el ministro del Interior el adjudicatario [el inspector Maroto] del puesto pendiente de adjudicar”, con lo que cerró el nombramiento.