Las comunidades se juegan el reparto de 100.000 millones de euros

¿Qué criterio se utiliza para distribuir 100.000 millones de euros entre las comunidades? ¿Es suficiente esa cantidad para sufragar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales? ¿Hay que dar más dinero a las más pobres? ¿Quien más aporta debe recibir más que la media? Estas y otras preguntas son las que aparecen cuando se profundiza en el complicado debate sobre la financiación autonómica. Una discusión que arreciará en los próximos meses porque el Gobierno acordó en la Conferencia de Presidentes autonómicos reformar el modelo de financiación este mismo año. La semana pasada dio luz verde al grupo de expertos que tienen que presentar un boceto que luego perfilarán los políticos regionales y finalmente colorearán los grupos en el Congreso.

La fórmula de reparto es muy importante porque el dinero asignado será el que disponga cada territorio para pagar el grueso de sus gastos, que suponen las grandes patas del Estado de bienestar.

Desde que en 2002 el Estado completó la transferencia de todas las competencias de sanidad y educación a las comunidades el equilibrio financiero de las autonomías se ha debilitado. La crudeza de la crisis financiera, que se ha prolongado casi una década, ha terminado por desajustar un sistema de financiación al que todas las comunidades tachan de insuficiente ante un gasto público creciente. Esa insuficiencia, y una dosis de mala gestión, ha desbocado las deudas regionales, que en su mayoría son con el Estado. Por eso, varios territorios exigen ahora al Gobierno que les perdone esos créditos alimentados a golpe de déficit público.

El actual sistema se diseñó calculando las necesidades de gasto. Para ello se introdujo una variable —“la población ajustada”— que tiene en cuenta la población, el envejecimiento, la dispersión geográfica, los niños en edad escolar y la insularidad. Cada comunidad reclama que el factor que más le conviene tenga más importancia. Por ejemplo, donde el ámbito rural está más presente piden que la dispersión de los pueblos tenga más protagonismo.

Las más prósperas reclaman sin embargo tener más capacidad fiscal y más poder de decisión sobre los impuestos. Entre esas dos posturas existen miles de matices. Como si se debe armonizar los tributos o permitir libertad total para subirlos o bajarlos.

La limitación de la solidaridad entre los territorios será uno de los grandes debates en esta nueva edición de la financiación. Eso es lo que los expertos denominan en el argot académico “grado de nivelación horizontal” y que marcará las negociaciones. Así se entienden términos como la “ordinalidad”: que una comunidad conserve la misma posición relativa antes del reparto del sistema y después del mismo. Las más ricas argumentan que el sistema solo debe garantizar el acceso a los mismos servicios en todos los territorios. Y para compensar a las comunidades menos desarrolladas, ya se buscarán otras vías.

En el fondo, el debate de la financiación no deja de ser el eterno pulso entre los territorios más pobres y despoblados y los más prósperos y urbanizados: entre el campo y la ciudad.

Y mientras —todas a una— reclaman más dinero al Estado para sufragar sus gastos crecientes. El más importante, la sanidad, es un servicio público con continuos avances tecnológicos y farmacológicos que pide cada vez más dinero, en un país envejecido y con más enfermos crónicos por el alza de la esperanza de vida.

El sistema de financiación afecta al proceso de federalización de España, en un momento en que el país se enfrenta además a otros desafíos territoriales, con Cataluña inmersa en un proceso independentista. Pero como dicen algunos: el sistema no puede arreglarlo todo, solo lo fundamental.