Díaz desafía al Gobierno al reducir la jornada laboral de sus empleados
La Junta de Andalucía defiende la medida como legítima y reta a Rajoy a implantarla
Un total de 270.000 trabajadores públicos de la Junta de Andalucía recuperan a partir de este lunes la semana laboral de 35 horas establecida en 1999 y suspendida hace cinco años por decisión del Gobierno central por razones de estabilidad presupuestaria. La reducción de la jornada en dos horas y media cada semana, pactada con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF el pasado 2 de junio y aprobada por PSOE, IU y Podemos (PP y Ciudadanos se abstuvieron) en el Parlamento, abre un nuevo frente con el Ejecutivo de Rajoy, que puede recurrir a los tribunales, como ha hecho en el País Vasco, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid. La medida andaluza se anticipa a la negociación ofrecida por el Gobierno central y deja el coste político de anularla en manos del PP.
La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha resumido los objetivos del acuerdo: creación de unos 12.000 puestos de trabajo para mantener el nivel de servicios, facilitar la conciliación familiar de los trabajadores públicos y restablecer un derecho conquistado hace 18 años por los empleados de la Administración.
Sin embargo, para el PP, la medida persigue abrir un frente del Gobierno andaluz y sus trabajadores ante el Ejecutivo de Rajoy, ya que se adopta antes de que se abra el diálogo prometido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Hasta la fecha, el Gobierno central ha ganado la batalla judicial alegando que la medida vulnera la norma estatal, afecta al Presupuesto y contraviene el principio de igualdad. Sin embargo, la Junta alega que la competencia sobre su personal es autonómica, según el Estatuto, y que no afecta a las medidas de estabilidad presupuestaria porque Andalucía cumple con los objetivos de déficit establecidos y dispone de suficiencia financiera para adoptarla. El coste anual previsto es de 105 millones de euros en personal para reforzar los servicios, el equivalente al 25% de la paga extra pendiente de abono a los empleados públicos y que en Andalucía se ha aplazado.
Hay una motivación política en la decisión de la Junta que ha resumido la consejera de Hacienda, María Jesús Montero: “Andalucía marcó un camino propio para aguantar los peores momentos de la crisis, sin despidos masivos y sin privatizaciones. Ahora también marca un camino distinto para que la recuperación sea justa y llegue a las familias”.
Sáenz de Santamaría se ha mostrado a favor de una “fase previa de diálogo” antes de decidir si recurre para garantizar la “igualdad”, pero Díaz se ha anticipado con una medida aplaudida por los sindicatos. El presidente de la CSIF en Andalucía, José Luis Heredia, que representa a casi la mitad de los empleados públicos se ha alineado con la Junta. “Recurrir sólo sería una medida política que conllevaría graves perjuicios a los servicios y supondría una nueva paralización de la creación de empleo”, ha argumentado.
En el caso de Castilla-La Mancha, la reducción de jornada solo duró cuatro meses, ya que el 30 de septiembre el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla incompatible con la Ley de Presupuestos y establecer que los Gobiernos autonómicos solo pueden ampliar o igualar las jornadas, pero no reducirla.
Con este precedente, el PP considera la medida de Andalucía como una “irresponsabilidad”. El presidente de esta formación en Andalucía, Juan Manuel Moreno, la ha calificado de “populismo institucional”.
La Consejería de Hacienda discrepa y defiende la decisión como legítima, de su competencia y responsable con el marco económico establecido por el Gobierno central. Por estas razones, no prevé que pueda prosperar el recurso, en caso de que se tramite. Si lo hiciera, los funcionarios volverían a la jornada actual, pero no tendrían que recuperar las horas.
Añade el Gobierno andaluz que, además, el impacto económico en el consumo y en el aumento de la recaudación compensan la medida, que pretende ser una “distribución responsable de la recuperación”. Tanto que la presidenta de la Junta ha pedido a Rajoy que, en vez de recurrirla, la aplique en todo el Estado. "Es una demanda justa y espero que Rajoy tome nota y deje que se haga en el resto de España", ha afirmado Díaz.
Cómo se aplicará la medida
La reducción de jornada beneficia desde este lunes a todo el personal público dependiente de la Junta de Andalucía, salvo a los 8.000 funcionarios de Justicia, cuya competencia transferida no incluye el régimen laboral.
Los horarios de atención al público no se verán afectados y se mantienen entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.
Para garantizar la asistencia sanitaria, los refuerzos por sustituciones de Navidad se prolongan hasta febrero, cuando comenzarán a cuadrarse los turnos con las nuevas incorporaciones.
En Educación, las horas lectivas no se verán afectadas este curso y seguirán siendo 20. La reducción de jornada de los 95.415 profesores de Andalucía se tendrá que aplicar en horas que no sean de clases. El próximo curso pondrán reducir estas en una hora y otro tanto en el curso 2018-2019.
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