Podemos e IU defienden en su pacto una banca pública a partir de Bankia

Podemos e Izquierda Unida defienden en su acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio la creación de una banca pública a partir de Bankia y Banco Mare Nostrum, entidades ya nacionalizadas, y del Instituto de Crédito Oficial. Se trata de una medida que ambas fuerzas ya incluían en sus programas del 20-D y que reafirman en este documento negociado por Carolina Bescansa y el economista Nacho Álvarez, de Podemos, y Marga Ferré, dirigente de IU.

El documento programático elude la República, una de las principales banderas políticas de Izquierda Unida. Solo se recoge una referencia a un reconocimiento a quienes “defendieron la legalidad republicana”, así como la “condena institucional” del franquismo. Marga Ferré, responsable del programa de Izquierda Unida, argumenta: “IU defiende la república, pero no se ha incluido nada que no fuera de común acuerdo. Son medidas mínimas, no significa que renunciemos absolutamente a nada”. La dirigente de IU revela que se consensuó “no entrar en una negociación”. “No íbamos a discutir sobre lo que no estábamos de acuerdo. Como en el caso de la salida de la OTAN, que para IU también es una prioridad absoluta, y no se ha incluido”.

En el modelo productivo e industrial que plantean Podemos e IU, según el acuerdo, "cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público". "Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO".

La base programática se articula alrededor de 50 medidas repartidas en cinco apartados: economía, servicios sociales, regeneración, medio ambiente y política internacional. Con respecto a la celebración de referendos de independencia, el acuerdo insiste en la necesidad de abrir "un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas del ejercicio del derecho a decidir en el marco del cambio constitucional". Podemos e IU reclaman "reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España". Esto es, una "garantía constitucional del derecho de los Gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una mayoría lo pida con intensidad".

Esta medida apela al artículo 92 de la Constitución, que establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". El tercer punto de ese artículo afirma que una "ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución". Para Podemos, es suficiente para amparar la "convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España".