El Gobierno presionará por vía judicial a funcionarios de la Generalitat

La disputa entre el Gobierno central del PP, con los demás partidos constitucionalistas, y el Ejecutivo en funciones catalán, con sus socios independentistas, entra en una determinante fase judicial y de recursos. Mariano Rajoy y su gabinete quieren convencer a PSOE y Ciudadanos de que ahora toca reforzar la presión sobre los consellers, altos cargos políticos y funcionarios que adopten decisiones que favorezcan el proceso independentista para que sientan “vértigo”.

Los servicios jurídicos del Estado han recomendado al Gobierno que preside Rajoy que no se deje llevar ahora por la ansiedad o la presión mediática a corto plazo y que no actúe ante cualquier medida soberanista.

Fuentes de La Moncloa respaldaron, en un principio, que los parlamentarios que se sintieran afectados por las últimas decisiones de la Mesa del Parlamento catalán interpusieran recursos de amparo individuales ante el Tribunal Constitucional. Ayer anunció esa medida, anticipándose a lo que barajaban ya el PSC y Ciudadanos, el portavoz popular en el Palament, Xavier García Albiol.

El Gobierno no desautorizará esa actuación, pero la encuentra más mediática que efectiva. Los recursos de amparo, previstos en el artículo 161 de la Constitución, no paralizan ningún proceso, se analizan por la vía ordinaria y suelen tardar años en ser resueltos. Pero al Ejecutivo le parece bien que los promotores de la deriva soberanista y los ciudadanos observen así que no se permite ningún paso hacia la independencia sin su respuesta. El Gabinete de Rajoy, sin embargo, esperará a que el pleno del Parlamento catalán apruebe (6, 7 o 9 de noviembre) la resolución pactada por Junst pel Sí y la CUP para caminar hacia la república de Cataluña para recurrirla ese día o al siguiente y directamente como Gobierno ante el Constitucional.

El lunes 9, que es además la jornada prevista para la supuesta investidura de Artur Mas, es festivo en Madrid y podría haber problemas burocráticos y administrativos para formular los trámites.

Esa vía del recurso del Gobierno, también prevista en el punto 2 del artículo 161, sí paraliza el proceso nada más ser admitida a trámite por el órgano judicial. Y, además, si ese mandato luego fuera incumplido, por la ejecución o aprobación de una ley, norma o resolución firmada por un conseller, alto cargo o funcionario tanto del Gobierno de la Generalitat como del Parlamento de Cataluña, permitiría al Gobierno recurrir a la reformada ley del Tribunal Constitucional de manera individual y personalizada. Esa polémica reforma exprés aprobada en septiembre solo por el PP da al tribunal más poderes para asegurar la ejecución de sus sentencias, con multas y hasta inhabilitaciones en sus funciones de los implicados.

El Gobierno podría actuar así, siguiendo esa estrategia, tanto contra la presidenta del Parlamento catalán como contra el secretario general de esa Cámara por permitir esa actuación.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó el viernes su comparecencia tras el Consejo de Ministros para aumentar esa presión tanto sobre los cargos políticos como los técnicos al asegurar que deberían estar sintiendo “un vértigo muy considerable por faltar al juramento que prometieron cumplir” con la ley y la Constitución.

La misma vía individual se pretende utilizar incluso más tarde contra esos responsables políticos y técnicos que incumplieran sus obligaciones según la aplicación del artículo 155 de la Lay Fundamental para asumir sus competencias.