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La Iglesia intenta blindar la asignatura de Religión en los tribunales

Los obispos de Oviedo y Mallorca recurren para que no se limite esta clase en los institutos

Manuel Planelles
Aula de un colegio de Valladolid.
Aula de un colegio de Valladolid. N. GALLEGO (efe)

Los obispos de Mallorca y Oviedo han acudido a los tribunales para asegurarse de que la implantación que los Gobiernos de Baleares y Asturias están haciendo de la reforma educativa no perjudica a la clase de Religión. De momento, la diócesis de las islas ha cosechado un éxito (cautelar): mientras decide sobre el fondo del pleito, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha obligado a la Administración a que a todos los alumnos de primero de Bachillerato se les ofrezca la posibilidad de cursar esta materia, algo que no ocurría con el diseño del currículo aprobado por el anterior Ejecutivo regional del PP. El obispado logró la suspensión cautelar en un tiempo récord: la demanda está fechada el 29 de junio y al día siguiente ya había un auto con la suspensión del decreto autonómico. "Nos ha sorprendido la rapidez", reconoce Miquel Gual, vicario episcopal para la Educación en Mallorca.

El obispado de Oviedo ha presentado este viernes el recurso contra el decreto del Gobierno asturiano que desarrolla el currículo de Bachillerato. En este caso, no hay una supresión de facto de la asignatura de Religión, sino que la diócesis se queja de que "en primero de Bachillerato se oferta de tal manera que imposibilita su libre elección, además de su carga horaria ínfima".

La implantación de las anteriores reformas educativas en España ya desencadenó una cascada de recursos judiciales relacionados con la clase de Religión. La Iglesia intentaba, como ahora, que no sufriera mermas. Con las anteriores leyes, aprobadas durante los Gobiernos socialistas, la batalla judicial se centró en la alternativa a la clase de Religión, que no puede ser nunca obligatoria. La Iglesia litigó para que los alumnos que no cursaran la materia confesional tuvieran una alternativa fuerte.

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Esa guerra de la alternativa la ganaron los prelados con la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el PP. Pese al éxito, los obispos se quejaron de que la reforma dejaba abierta la puerta a que la Religión desapareciera de Bachillerato cuando las comunidades desarrollaran los currículos. La redacción de la LOMCE es un tanto ambigua en este apartado. En esa etapa, encuadra la Religión en un listado de 12 materias "específicas" de las que los chicos tienen que elegir hasta tres. Pero en la ley se dice que, entre esas 12, las comunidades y los centros educativos seleccionarán las asignaturas que se ofrecerán a los alumnos. Es decir, que serán ellos los que decidan cuáles de las 12 se ofertan.

En Baleares, el Gobierno dejó en manos de los institutos la selección de estas materias específicas. Y los claustros de los centros públicos han decidido en un alto porcentaje que en ese listado no esté Religión. "Esto contraviene los acuerdos con la Santa Sede", apunta Luis Centeno, responsable del departamento jurídico de Escuelas Católicas, que ha apoyado al obispado mallorquín en su pleito. Esos acuerdos, de 1979, son los que han obligado desde entonces a que la Religión siga en las aulas. El texto de hace 36 años señala que en Preescolar, EGB y BUP se "incluirá la enseñanza de la Religión católica en todos los centros", aunque nunca como obligatoria. Esas etapas ya han desaparecido en España, pero el equivalente ahora a tercero de BUP sería primero de Bachillerato, por lo que, según los defensores de la materia, el Estado sigue estando obligado a ofertar Religión. Más dudas puede haber, según los distintos expertos consultados, con segundo de Bachillerato, que equivaldría al antiguo COU, una etapa que no aparece en los acuerdos con el Vaticano.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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