Anticorrupción reclama la causa sobre el fraude fiscal de Rodrigo Rato

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado para sí la investigación sobre el supuesto fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que impulsa la Fiscalía de Madrid en un juzgado de Plaza de Castilla. Fuentes oficiales del organismo especializado en delitos económicos han señalado este viernes a este periódico que Anticorrupción ha presentado un escrito ante la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para que esta le atribuya esta causa en detrimento de la Fiscalía de Madrid, que la lleva actualmente. La fiscal general del Estado dirimirá esta cuestión de competencia el próximo lunes, según explicaron fuentes fiscales.

La operación contra Rodrigo Rato, desarrollada el jueves por agentes de la Agencia Tributaria, sorprendió en gran medida en Anticorrupción, cuyos fiscales se enteraron por los medios de comunicación, según fuentes de este departamento. Fuentes de la fiscalía madrileña argumentan, por su parte, que esta causa contra Rato no nace de un caso de corrupción derivado de su actividad pública, sino que deriva de una inspección fiscal al exvicepresidente como persona privada. Por esta razón, argumentan, la competencia le corresponde a un fiscal no especializado.

El argumento de Anticorrupción para reclamar la causa es que esta tiene conexión “de persona” con las que se siguen en la Audiencia Nacional contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir, el caso de la salida a bolsa de Bankia y la pieza separada sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid.

Al tratarse de conexión de persona, pero no de hechos, la fiscalía entiende que la investigación debe permanecer en los juzgados de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla. La causa ha recaído por turno de reparto en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dirigido desde 1989 por el magistrado Antonio Serrano, que instruyó entre otros sumarios la Operación Puerto sobre dopaje y la causa por alcoholemia contra el exmagistrado del Tribunal Constitucional Enrique López. Este magistrado todavía no había ha recibido la copia de las diligencias, que seguían en manos del juez de guardia Enrique de la Hoz, que se ocupa del juzgado de Instrucción número 35.

La Fiscalía Anticorrupción impulsó la investigación por el uso indebido de tarjetas de crédito en Caja Madrid y Bankia, a raíz de un informe que le trasladó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) sobre la entidad rescatada. Anticorrupción trasladó los hechos al juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, para que los incorporara a la causa. El magistrado abrió una pieza separada, imputó de inmediato a los dos últimos presidentes de Caja Madrid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y posteriormente a todos los consejeros y directivos que hicieron uso de la tarjeta.

A raíz de los interrogatorios a los imputados en la causa, la Fiscalía Anticorrupción quiso conocer el origen de un ingreso extraordinario de 6,2 millones de euros que Rodrigo Rato declaró a la Agencia Tributaria en 2011. El fiscal Alejandro Luzón preguntó por este hecho y el expresidente de Bankia explicó en la Audiencia Nacional que había ejecutado ese año 2011 unas opciones sobre acciones del banco de inversión Lazard, en el que trabajó dos años (2008-2009) como director de inversiones. Este dinero, sin embargo, ha sido tributado debidamente por Rato. Como presidente de Bankia, Rato encargó al Banco de Inversiones Lazard trabajos de asesoría ante su salida a Bolsa.

UPyD, partido que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha reclamado este viernes que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren, en una especie de careo parlamentario, si el Ministerio de Hacienda “puenteó” a la Fiscalía Anticorrupción al otorgar la investigación a la Fiscalía de Madrid.