El PP pagó las obras de su sede con 480.000 euros de origen desconocido

La intervención general del Estado ha remitido al juez Pablo Ruz el informe definitivo sobre el supuesto fraude fiscal en las obras de la sede del PP. Entre 2006 Y 2008, según las conclusiones del trabajo realizado por la Intervención del Estado, el PP pagó 1.584.000 euros por la reforma de la sede de Génova 13 que no aparecen en su contabilidad oficial. De este dinero, 1.072.000 euros fueron abonados en efectivo con dinero de la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas, y el resto, 480.000 euros, corresponden al primer anticipo por las obras. El dinero que el PP pago en concepto de anticipo no aparece ni en la contabilidad oficial del PP, ni en la del despacho de arquitectura de Gonzalo Urquijo, autor de la reforma, ni tampoco en los papeles de Bárcenas.

La investigación de la Intervención del Estado se basa en la contabilidad oficial del PP y del arquitecto, y en los documentos que estas dos partes ocultaron al juez Ruz pero que la policía halló en los registros ordenados por el magistrado en Génova, 13 y en el despacho de Urquijo.

La intervención del Estado sostiene en su informe que el arquitecto Gonzalo Urquijo presentaba ante el Ayuntamiento de Madrid solicitudes de licencias de obra con presupuestos irreales, inferiores al coste efectivo de la obra. Además, "el examen de las facturas contabilizadas pone de manifiesto la existencia de numerosas rectificaciones de los importes y conceptos facturados que se realizan mediante facturas de abono y facturas anuladas que no se llegan a contabilizar; y que en algunos casos la facturación se produce en ejercicios diferentes a la entrega de la obra, lo que podría tener efectos fiscales".

El informe concluye apuntando una nueva infracción a las ya conocidas: el arquitecto Gonzalo Urquijo pagó menos dinero del debido por las licencias de obra que tramitó ante el Ayuntamiento de Madrid, por lo que la Intervención del Estado recomienda al juez que investigue también estos hechos.

La investigación de la Intervención General del Estado sobre las obras de la sede del PP era el último trabajo que el juez Pablo Ruz esperaba incorporar al sumario para concluir la investigación de una parte de los papeles de Bárcenas en la que, según la Agencia Tributaria, se produjeron varios delitos fiscales, atribuibles en principio al arquitecto encargado de las obras de la sede del Partido Popular.