La Infanta declarará como testigo si el juez levanta su imputación

El primer escudo protector de la Infanta en el caso Urdangarin sigue siendo su marido. En el mejor de los casos, si la hija del Rey queda libre de la actual imputación, deberá participar como testigo en la vista oral, según advierten fuentes jurídicas relacionadas con el caso. El juez José Castro no ha decidido aún si mantiene la imputación por blanqueo de dinero y fraude fiscal o archiva la causa contra la infanta, como exigen la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la defensa de Cristina de Borbón.

Si el juez instructor deja fuera de los imputados a la esposa de Iñaki Urdangarín, las dos acusaciones populares que mantienen su implicación en el proceso pueden solicitar que comparezca como testigo ante el tribunal para interrogarla y conocer su versión de los hechos. Abogados personados en la causa reconocen que esta petición no sería denegada por el mismo tribunal que ordenó investigarla.

En todo caso, la infanta será parte civil indirecta del juicio porque el fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclamará en su escrito de acusación que Cristina de Borbón abone más de 600.000 euros por ser beneficiaria, a título lucrativo, de la mitad de los 1,3 millones públicos que su marido ingresó en la sociedad común Aizoon, cuya propiedad comparte al 50% el matrimonio. El fiscal pedirá hasta 19 años de cárcel para Urdangarin y 15 para Diego Torres, en el tipo máximo de los delitos investigados.

La infanta podría anticiparse a la acción de reclamación de responsabilidad civil —no penal— de la fiscalía y retornar antes del juicio esta partida para evitar así quedar aludida durante la vista y tener que ser representada por un abogado que defienda sus intereses pecuniarios en el litigio. Sin embargo, esta táctica de compensar a la Administración, antes de conocer la sentencia, supondría, indirectamente, asumir los hechos irregulares de los que se acusa a su esposo.

Iñaki Urdangarin tiene en sus manos —y en su bolsillo—, cerrar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y abreviar o dejar como un mero trámite el futuro juicio, con una confesión, asunción de las penas solicitadas y quedar a la espera de una sentencia ajustada al pacto. De esta forma —y con la anuencia del resto de imputados— el yerno del Rey despejaría para su esposa las complicaciones de acudir al juicio, con lo que supone de deterioro de su imagen ante la opinión pública.

La asunción de los delitos, el reconocimiento de los hechos y su culpabilidad así como el retorno de los fondos malversados, unos seis millones de euros, podría rebajar para Urdangarin la posible condena a una pena de cuatro años, que debería cumplir en la cárcel.

El yerno del Rey ha protagonizado, según distintas fuentes, algunos errores estratégicos de defensa. En medios de la acusación y la defensa se considera que de haber cerrado el pacto de arrepentimiento que se le ofreció dos años atrás y se reiteró en al menos tres ocasiones hasta 2013, se hubiera acortado la duración y amplitud de la causa. Con la causa cerrada en su raíz, seguramente, se habría evitado que la investigación se dilatara y alcanzara a la infanta Cristina.

Existió, según las mismas fuentes, otra postura errónea de los acusados. Urdangarin y su socio en el instituto Nóos, Diego Torres, junto al resto de administradores de la trama de Nóos y Aizoon, fueron sometidos a un acta de inspección fiscal por Hacienda.

Según conocedores del caso, no negociaron con asesores o expertos ni recurrieron de manera adecuada la solución de sus problemas fiscales con la Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda investigaron los supuestos fraudes antes de la investigación del juez y del fiscal. Aquellos expedientes y recursos administrativos se complicaron y derivaron en acusaciones por delito fiscal y blanqueo de capitales que afectaron finalmente, por decisión del juez, a la hija del Rey.