Más de 80.000 funcionarios cobrarán la extra ‘burlando’ el decreto de Rajoy

Llamarla adelanto, vestirla de complemento o dividir las del próximo año son algunas de las fórmulas que han utilizado gobiernos autonómicos y ayuntamientos para no dejar a sus funcionarios sin paga extra en Navidad. En prácticamente todos los casos, el abono llegará en enero en lugar de hacerlo en diciembre. En otros, la extra llegará menguada, pero en todos ha sido una decisión política, contraria a la medida del Gobierno de Mariano Rajoy y con el fin de no hacer perder poder adquisitivo a los empleados públicos. Y de todos los colores, ya que las medidas han sido adoptadas por administraciones gobernadas por socialistas, nacionalistas, regionalistas o incluso el PP.

Más de 80.000 funcionarios, de momento, han recibido o recibirán una cantidad extra. Pero a estos pueden sumarse otros muchos dependientes de ayuntamientos que han optado por adoptar medidas voluntarias para que sea cada trabajador el que decida si cobra un adelanto, sobre todo, ante la incertidumbre de hasta dónde puede llegar el Gobierno a la hora de tomar medidas contra quienes no acaten la supresión de la paga extraordinaria.

El Ejecutivo no se ha cansado de advertir que actuará contra cualquier “subterfugio” pero el caso es que no parece haber encontrado todas las fórmulas legales para hacer cumplir, sin argucias, su decreto. Sí lo hizo con el País Vasco, que alegó el cumplimiento de su Ley de presupuestos en la que se recoge el abono de 14 pagas. El Gobierno ha presentado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, con lo que el pago ha sido suspendido. Ese ha sido el único territorio en el que, de momento, Rajoy ha conseguido atajar la insumisión a su decisión. Sin embargo, tal como señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, los servicios jurídicos del Estado “analizan todos los acuerdos de las distintas corporaciones locales y territoriales que puedan suponer un incumplimiento de la ley para utilizar, en su caso, la vía contencioso administrativo oportuna”.

Pontevedra paga un complemento de productividad igual al 85% de la extra

Sin embargo, el principal “problema” del Gobierno es que la argucia utilizada por comunidades como Extremadura (48.000 funcionarios) y Navarra (25.000) cumplen la prohibición de no pagar la extra en diciembre, ya que únicamente adelantan a enero la paga prevista para junio de 2013. De esta manera, el gasto no se efectúa en 2012 sino que se computa en 2013 y se evita que los funcionarios se queden sin un dinero de más que no podrán gastar en Navidad pero sí en Reyes.

Además de estas dos comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Fuenlabrada (1.500 funcionarios) ha decidido que todos sus funcionarios cobren por la vía del adelanto esta extra “camuflada”.

A la misma fórmula han recurrido otros grandes consistorios como Barcelona (10.000 empleados públicos), Bilbao (2.200), Getafe (860) o Vitoria (2.500) pero, en estos casos, la adhesión al cobro anticipado ha sido voluntaria y en el porcentaje que cada empleado ha querido. En Barcelona, por ejemplo, aún no ha concluido el plazo para que sus cerca de 10.000 empleados decidan acogerse o no a la medida, en Bilbao, el 75% de los cerca de 2.200 funcionarios cobrará la extra adelantada y en Vitoria solo 482 han decidido que se les abone el adelanto de la paga de junio en enero.

El Ejecutivo vigila la “desvirtuación de la efectividad de la medida”

Pero el adelanto no ha sido la única vía utilizada. El Ayuntamiento de Pontevedra (500 funcionarios) ha utilizado otra argucia. La decisión de no dejar a los funcionarios sin extra se tomó hace meses. Y el consistorio ideó una fórmula y el pago de un “complemento de productividad” que en el ayuntamiento no existía hasta ahora. Este se podía percibir trabajando unas horas extras y corresponde al 85% de la paga navideña. La mayoría de los cerca de 500 empleados que se acogieron a esta opción y a mediados de noviembre ya cobraron este plus. Otra opción, como plantea el Ayuntamiento de Úbeda (190), es la división, en tres, de las pagas previstas para 2013 con lo que los funcionarios que lo deseen cobrarán un porcentaje en enero, otro en junio y otro en diciembre.

En Tortosa se anticipará una paga de productividad que hasta ahora se abonaba entre abril y mayo y en Roses se ofrece un adelanto que se ha de devolver.

Aunque aún no se ha ejecutado, hay ayuntamientos que han estudiado la aplicación de otra vía, que es el abono de la parte proporcional de la paga extra hasta el 15 de julio en que entró en vigor el Real Decreto de Rajoy. Fue el caso del Ayuntamiento de Benidorm (720 funcionarios) que la semana pasada se echó atrás después de recibir un escrito en el que, según la concejal de Recursos Humanos, Natalia Guijarro, “amenazaba a los funcionarios de responsabilizarlos directamente de nuestras decisiones políticas”.

El Gobierno ha remitido a todos los ayuntamientos, a través de las delegaciones de Gobierno, un escrito en el que exige que se remitan las certificaciones de los acuerdos de no disponibilidad de los créditos previstos para el pago de la extra y la certificación de los conceptos retributivos incluidos en la nómina de diciembre. Tanto el adelanto de la extra de junio como la utilización de un complemento por otro concepto permiten el cumplimiento de estos dos requisitos. Posteriormente ha remitido otro en el que advierte que se observará el cumplimiento de las normas y “cualquier desvirtuación de la efectividad de la medida”.

Algunas Diputaciones han optado por pagar la extra. En el caso de Guipúzcoa se ha realizado a través de un complemento pero también otras Diputaciones, como la de Sevilla efectuará el pago. El caso es que el decreto del Gobierno hace referencia a las corporaciones locales y el sindicato mayoritario de funcionarios, el CSIF, interpreta que ni estos ni los de los parlamentos autonómicos, así como los del Congreso y el Senado están sujetos a la medida del Gobierno. Aún así, en muchos casos se ha optado por equipararlos al resto de empleados públicos y no cobrarán la extra.