Los funcionarios se echan a la calle en Madrid y convocan más protestas

Los funcionarios no están dispuestos a rendirse. Indignados por los recortes que el miércoles anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los empleados públicos salieron el jueves a la calle, mañana y tarde, y convocados de manera informal a través de las redes sociales, para protestar contra lo que consideran un “atraco”: la pérdida de la paga de Navidad y de los moscosos. Este viernes continuarán las movilizaciones con una concentración a las once de la mañana en la Puerta del Sol.

Tenían claro contra quién arremeter. La sede nacional del PP en la calle de Génova de Madrid fue el lugar elegido por unos 200 funcionarios de Justicia por la mañana y otro centenar por la tarde. También unos 300 funcionarios, en su mayoría bomberos y policías, que se concentraron a las seis de la tarde frente al Congreso de los Diputados, terminaron frente a la sede del PP, tras recorrer el paseo de Recoletos y el paseo del Prado y hacer una sentada frente al Ayuntamiento de la capital. “Rajoy te quiero, Rajoy, te adoro, y tengo tu foto en el inodoro” o “el Gobierno da nuestro dinero a los banqueros” fueron algunos de los lemas que coreaban los manifestantes.

En la Cámara baja se vivieron momentos de tensión. Los concentrados rodearon el paso de dos vehículos oficiales que salieron del Congreso, aunque no llegaron a producirse incidentes. Enseguida, llegaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que no tuvieron que actuar. Los asistentes decidieron de manera espontánea marchar hasta la calle de Génova provocando cortes y problemas de tráfico en algunas arterias importantes de la capital.

Frente al Ayuntamiento, un grupo de policías municipales protegió el edificio mientras los manifestantes hacían una sentada. Hacia las siete y media de la tarde concluía la protesta después de que el jefe de la UIP dijera a los responsables de la marcha que tenía órdenes de disolver la concentración. “Si nos vamos es por vosotros” y “esa UIP qué grande es”, corearon a gritos los funcionarios mientras se marchaban de la zona sin que se produjeran incidentes. Al poco el tráfico quedó restablecido.

“Los funcionarios somos personas como otras cualquiera”, que comen y que tienen familias y gastos, protestaban. La pérdida de la paga extra ha sido “la gota que colma el vaso”. “Mi paga de Navidad es para pagar el seguro del coche y la hipoteca de mi hija, que aún siendo médico con dos especialidades no para de hacer guardias para llegar a fin de mes”, contaba María H., gestora procesal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Van a ahorrar de nuestro dinero en lugar de meterse con el IBI de la Iglesia”, afirmaba indignada. “Que empiecen a recortar desde arriba”, insistía otro funcionario, mientras intentaba que los vehículos no avanzaran por el Paseo del Prado.

María y Angelines (que prefieren no dar su apellido) trabajan en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. La supresión de la paga, cuentan las funcionarias indignadas, les toca de lleno sus bolsillos. “Nos van a quitar por lo menos 1.200 euros”. Angelines se pregunta cómo va a hacer frente a la hipoteca que ella paga sola. Las interrumpe otro funcionario. “¡Que dejen de comer tantos jamones ibéricos, que comen demasiado de gratis!”. Algunos de los empleados públicos resumen su reacción al recorte de manera parca, y salen corriendo: “Muy mal”, “Estamos fatal”. Otros alzan su voz con rabia. Un funcionario que prefiere no identificarse explica que la supresión de la paga en el caso de los altos cargos del funcionariado es “una cortina de humo” que oculta “gratificaciones bajo cuerda”.

Las quejas se suceden. Los funcionarios se lamentan de los estereotipos que los persiguen, de aquello de “vivir como un ídem”. María Constanza García, del Registro General de Fomento y de 52 años, invita a que quienes los critican vayan a su oficina a realizar su trabajo y se las apañen con el dinero que les pagan. García denuncia la precariedad en la que deben desempeñar su labor, con oficinas de “ordenadores antiguos y sillas rotas”. Y son un eslabón importante de una cadena en la que se reducirá el consumo, apostilla. Su caso no es alarmante, asegura; no tiene hijos, “a Dios gracias”.

Y siguen las historias de planes rotos. Jaime, de 29 años, del Ministerio de Empleo, no podrá independizarse. “Yo solo, imposible. Aun siendo funcionario”. “El 50% de la gente de aquí cobra 900 euros al mes. Es un desastre para ellos”, se enfada Laura, empleada pública en Marina Mercante. Que hay muchos funcionarios mileuristas es algo que se debería saber, aseguran hasta enronquecer. “Gano 1.000 euros ahora. Hace 20 años ganaba 100.000 pesetas. Nos han quitado un montón”, suspira otra funcionaria.

El primer día de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha sido, cuando menos, extraño para una chica de 29 años que acaba de aprobar las oposiciones, después de cinco años de preparación. Las medidas aplicadas a los funcionarios no le parecen justas. “He pasado mucho tiempo estudiando, con el coste que ello ha supuesto para mi familia”. No es una solución para la crisis, añade, ir minando los derechos de los empleados públicos. “Nos congelan el sueldo hasta en épocas de bonanza”.

Rafael Aparicio no duda en dar hasta sus datos, hasta el número de carné de identidad en un gesto de “aquí estoy yo. No tengo nada que esconder”. Es funcionario del Ministerio de Agricultura y se enorgullece de haber acompañado a los mineros en las protestas. Aparicio emite al hablar un continuo “ya basta”. “Primero fueron a por los mineros. Ahora van a estrangularnos a nosotros", augura.

Sin embargo, los empleados públicos van a dar la batalla. O así lo garantizan muchos. Las protestas se repetirán todos los días al mediodía y a las seis de la tarde. UGT, CC OO y CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) han convocado una manifestación a las once de este viernes frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Los líderes de cada organización sindical estarán presentes. Alrededor del mediodía, los empleados públicos prevén realizar distintas concentraciones a las puertas de sus lugares de trabajo. CSI-F negocia un calendario de movilizaciones con UGT y CC OO, y estará, previsiblemente, en a la gran manifestación del 19 de julio.