Protesta de hambre, el último recurso

La huelga de hambre ya no es en España solo la medida extrema por la que habían optado presos y activistas, como Iñaki de Juana Chaos o Aminatu Haidar. Ahora, autónomos arruinados, alcaldes a los que la Administración no presta sus oídos ni da soluciones concretas, y ciudadanos a los que el banco ha estafado recurren a ella. Reclaman políticas de protección, que el Gobierno saque adelante planes para el sector de energías renovables o la devolución de un dinero que fue invertido en operaciones fraudulentas. En la crisis aguda de la España actual, poner en riesgo la salud se alza como un estremecedor grito ante un sistema que, en ocasiones, no ofrece respuestas.

El caso más reciente es el de Jordi Linares y Luis Fernández. Linares —de 52 años, de Vilafranca del Penedès— trabajó durante 24 años como transportista autónomo para la empresa UNECSA de electrodomésticos, hasta que esta presentó un concurso de acreedores a finales de 2011, asfixiada por "cortes en líneas de crédito" y el descenso en las compras. Entonces, Linares llevó su camión, al que bautizó “de la esperanza”, a dar vueltas alrededor del Congreso de los Diputados como forma de protesta. Fueron, cuenta, 442 las veces que lo rodeó durante ocho días.

Pero Linares tuvo que dar un paso más extremo para dar voz a sus reivindicaciones, tras sucesivas cartas y reuniones que no han cimentado en respuestas. Ahora, ha vuelto al mismo lugar. Esta vez, para llevar a cabo una huelga de hambre “indefinida y abierta”, que inició el pasado día 27 de junio, junto con su compañero, Luis Fernández, también exautónomo, del sector de la construcción. A ellos se ha unido Rafael González, de 34 años, que llegó a Madrid desde Cádiz para buscar trabajo. La pregunta a la que tratan de responder es: “¿Quién me rescata a mí?". Exigen al Gobierno, entre otras medidas, “el fin al acoso de autónomos y pymes”, la creación de un plan de rescate y el freno al recargo del 20% por impago de impuestos. Tras el desalojo por parte de la Policía Municipal la tarde del miércoles, Linares decidió dejar de tomar líquidos. Pero solo pudo hacerlo dos días y medio: por consejo médico ha tenido que volver a ellos.

Linares y Fernández habían permanecido apostados tras una mesa de información enfrente de la entrada en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, hasta que se la han tenido que llevar. Tienen dos ordenadores que alimentan desde un generador y difunden su iniciativa a través de la Red. Duermen en la calle, se asean en los baños del aparcamiento subterráneo colindante, y reciben la ayuda de aquellos que se acercan en solidaridad. Les han traído desde una palangana hasta un colchón, y una yayoflauta les deja ir a ducharse a su casa.

El SAMUR (servicio de atención sanitaria de urgencia del Ayuntamiento de Madrid) realiza chequeos regulares para comprobar su estado de salud. En el del jueves, Linares —quien dice haber perdido cuatro kilos desde el inicio de la huelga— presentaba síntomas de deshidratación. “No nos han dejado poner pancartas. El primer día de la huelga, había pleno, por lo que se apostaron tres furgones de la Policía delante de nosotros. Parecía que nos estaban gaseando”, se lamentan. Linares cuenta cómo se repitió una escena similar en el momento del desalojo, cuando se negaron a deshacerse del generador.

Ángel Vadillo, alcalde de Alburquerque (Badajoz), se plantó con su furgoneta delante del Ministerio de Industria para protestar por que el Gobierno decidiera suspender temporalmente las primas a los nuevos proyectos de energías renovables. Esto, tras recorrer los 630 kilómetros que separan su pueblo de Madrid. Llevaba ya dos meses en el paseo de la Castellana de Madrid, cuando vio que el último recurso para conseguir una respuesta era la huelga de hambre. La inició el 10 de junio. Vadillo exige la protección de un sector que considera imprescindible para el futuro de la economía de su región.

Ha enviado comunicado tras comunicado al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con la petición de que los cinco proyectos de plantas termosolares previstos para su localidad "se lleven a cabo". Algo que traería, de acuerdo con el regidor, la creación de 850 empleos directos y una inversión de mil millones de euros en Alburquerque. El pasado lunes, confirmó que sus constantes vitales son buenas, informa Europa Press; ha perdido 10 kilos de peso, pero no ceja. No tiene intención de abandonar la huelga.

La protesta ante la pérdida

La estafa Madoff y la amenaza de desahucio unieron a Francisco Cañas y José Luis Burgos en una huelga de hambre que realizaron, también frente al Congreso, desde el 12 de noviembre del año pasado hasta el día de las elecciones generales, el 20 de noviembre.

Cañas, natural de Villagordo (Jaen), decidió invertir junto con su mujer los 300.000 euros que recibieron de indemnización después de que su hijo Juan Pedro quedara tetrapléjico. Había sufrido un accidente del que no era culpable. El Banco Santander, en el que ingresaron el dinero, les propuso unos fondos de jugosos intereses. Un par de años más tarde, la estafa Madoff dio al traste con casi toda la cantidad que habían depositado.

Burgos, de 50 años de edad, y compañero de huelga de hambre de Cañas, recibió un crédito de 350.000 euros del banco Santander para la reforma de una casa en Balsareny (Barcelona) que había heredado su mujer. En la historia de este catalán, la salud ha jugado un factor fundamental, ya que padeció poliomielitis en la infancia. Parte de la rehabilitación de la casa estaba destinada a adaptar accesos para discapacitados. A los cinco años de la solicitud del crédito para su casa, una escoliosis severa le impidió continuar trabajando, y lo dejó en una silla de ruedas. Burgos insiste en que había firmado un seguro de vida que contemplaba la invalidez permanente,  por lo que el banco debía de hacerse cargo del resto de la hipoteca. Pero la aseguradora no está de acuerdo. Este mismo caso ya había llevado a Burgos a una primera huelga de hambre, durante 24 días, ante la oficina del banco de Santander del paseo de Gràcia de Barcelona, a finales de 2010.

El abogado Juan Manuel Moreno-Luque se ha hecho cargo de ambos casos. Sostiene que a Burgos se le ofreció un infraseguro a sabiendas de su enfermedad, e informa de que se ha entregado la documentación del caso a la Dirección General de Seguros. Mientras tanto, Burgos se lamenta de que el 11 de julio la entidad planea proceder a la subasta de su casa. En el caso de Cañas, el abogado declara que el Banco Santander aún no ha facilitado ningún tipo de información concluyente con respecto a la inversión que realizó del dinero, y que se ha presentado una querella, ahora admitida a trámite en un juzgado de Jaén.

José Moreno, conocido como el Pocero bueno, permaneció 17 días de marzo en una huelga de hambre que terminó por llevarlo al hospital, pero logró abrir un proceso de negociación. El constructor reclamaba los 1,6 millones de euros que su cooperativa había gastado en una operación inmobiliaria con La Caixa. La entidad cobró esta cantidad por realizar los estudios técnicos previos a la construcción de 56 viviendas que iba a financiar. Pero el banco dijo que no. Cada uno de los cooperativistas perdió 30.000 euros de media. Entonces Moreno no lo dudó y acampó delante de una sucursal de La Caixa en Fuenlabrada. Pero hasta ahora, afirma, no ha habido ninguna solución.