Impunidad ¿para qué?

En esta Semana Negra de la economía española conviene mencionar que el principio de la gestión responsable está inscrito en los orígenes de la democracia. A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde un comportamiento impropio, incluso cuando se trata del presidente de la República, lleva a su dimisión, aquí prevalece la idea de que el único veredicto de las actuaciones públicas reside en el sufragio. Una vez obtenido este, se convierte en patente de corso, y de impunidad, no solo para el Gobierno resultante, sino para todos aquellos grupos e intereses por él protegidos. Como consecuencia, entran en quiebra uno tras otro los principios capitales establecidos por la democracia clásica en Atenas: la isonomía, el derecho del ciudadano a la participación en las decisiones políticas; la isegoría, el derecho a la expresión en la asamblea, ampliable en las circunstancias actuales al derecho a información veraz y, en fin, la eisangelía, la posibilidad de encausar ante la Boulé o Consejo a todo aquel que con su conducta, delictiva, corrupta, o incluso con su incompetencia manifiesta —el jefe de una flota que sufrió una derrota vergonzante—, hubiera perjudicado sustancialmente los intereses de la polis.

En la cuesta abajo española de los últimos años sobran los motivos para poner en práctica esa exigencia de responsabilidades, tanto por corrupción como por incompetencia manifiesta. Dispuesto a impedirla, el PP en bloque se escuda ante la prioridad de la crisis como único problema del presente y exhibe su ya probada voluntad, en tan breve período de gestión, de correr una tupida cortina destinada a ocultar la línea de actuación del Gobierno. Recordemos que hasta el estallido de Bankia, consistía atendiendo a lo dicho por Rajoy en un “los viernes, atraco”, con las medidas más importantes, como los recortes en sanidad y educación escondidas al final de una nota informativa. Ni siquiera al denunciar el exceso de déficit sobre el anunciado por los socialistas en el traspaso de poderes fue ofrecida la menor precisión, a diferencia de lo que antes, con acierto o sin él, hiciera Cospedal al sustituir a Barreda en Castilla-La Mancha. El Gobierno dice la verdad, hace en todo momento lo mejor para España, y basta. Aunque al salir del sombrero, el tamaño del conejo Bankia pase de 4.000 a 23.000 millones, no importa. Goirigolzarri advirtió de que no debían exigirse responsabilidades; Guindos fue más ocurrente: había que evitar “el espíritu de venganza”. No importa tampoco el enorme desasosiego de una opinión pública puesta al borde del abismo en un marco de crisis por errores descomunales de gestión, amén de privilegios injustificables y corrupciones.

De entrada, constituye una falacia suponer que la puesta en marcha del análisis de las responsabilidades daña al principio de unión sagrada aquí y ahora. Ni una comisión sobre el tema iba a cerrar sus trabajos en una semana, ni la imagen exterior e interior del Gobierno sufriría nada, todo lo contrario. La desinformación y los vaivenes en la respuesta a la crisis financiera son las principales causas de una justificable desconfianza. Lo insostenible es la negativa a atender al derecho democrático a la información en una coyuntura tan grave. La sociedad española, para seguir creyendo en sus instituciones, necesita saber quiénes y de qué modo han llevado las cosas hasta este punto, mientras el Gobierno se ocupa de que el litoral siga bien forrado. Catorce millones de indemnización a un gestor de caja quebrada no suscitan oficial respuesta alguna, mientras en Francia el Gobierno actuará contra los 400.000 euros del patrón de Air France.

La impunidad significa más que eso: es la seguridad de que se mantendrán en el poder y con todo privilegio los causantes de nuestra crisis. Ejemplo: Valencia. Y tal supervivencia constituye un atentado contra la democracia. Sabemos que una comisión parlamentaria no sirve de mucho, pues es obvio que el PP se opone a todo, incluso a que se explique Fernández Ordóñez. Así que una vez rechazada por Rajoy, no cabe otra salida para los demócratas que exigir una Comisión Nacional de Responsabilidades, con el máximo grado de participación de fuerzas parlamentarias —confiemos en que con presencia socialista—, similar en sus objetivos y medios a otras Comisiones de la Verdad, con el cometido de establecer un balance riguroso del proceso de huida hacia las tinieblas que ha padecido la economía española. No se trataría de emitir sentencias testimoniales, sino de vencer la oposición del Gobierno mediante una movilización democrática. Algo casi imposible, pero necesario. La indignación necesita ser encauzada.