Amnistía denuncia “el uso excesivo de la fuerza” contra el 15-M en 2011

El informe anual de Amnistía Internacional sobre El estado de los derechos humanos en el mundo da cuenta de las informaciones que denuncian “el uso excesivo de la fuerza” contra las manifestaciones del 15-M, también conocido como los indignados. No es el único problema citado por Amnistía acerca de España, que menciona otros casos de “torturas y malos tratos”, insiste en denunciar la “detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delitos de terrorismo” y da cuenta también de problemas de racismo y discriminación, o problemas legales en torno al derecho a la vivienda, entre otros.

En una entrevista con este diario antes de la presentación del informe anual de Amnistía, su secretario general, Salil Shetty, explicó que en un reciente viaje a España ha discutido la cuestión de los indignados con el nuevo Gobierno. "En nuestro documento subrayamos el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, como en Barcelona”, subrayó. Respecto a “los recortes en materia económica y servicios sociales, nuestra declaración después de la visita a España ha sido preguntarnos qué garantías hay de que la crisis económica no se convierte en una crisis de los derechos humanos”. “Los desahucios, por ejemplo, son una cuestión muy importante. El impacto que tiene la crisis en términos de discriminación a los inmigrantes, a los estratos mas débiles de la sociedad”, enfatizó.

El informe –un detallado compendio de abusos en materia de derechos humanos en todo el mundo–, bajo el encabezamiento Tortura y malos tratos, relata: “Hubo denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones del movimiento del 15-M celebradas en todo el país entre mayo y agosto”.

Y ofrece como primer ejemplo el desalojo de la plaza de Cataluña, en Barcelona. “El 27 de mayo se recurrió a agentes antidisturbios de la policía autonómica catalana (Mossos d‘Esquadra) para dispersar a los manifestantes concentrados en la plaza de Cataluña, en Barcelona. Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos. Al parecer, los agentes no llevaban número de identificación en el uniforme. El 8 de junio, el gobierno catalán manifestó que no era necesario abrir una investigación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza”.

El informe de Amnistía describe otros incidentes, como los golpes recibidos por Ángela Jaramillo el 4 de agosto “cuando se encontraba sola en las proximidades de una manifestación en el Paseo de la Castellana de Madrid”.

También se refiere a otros casos, como la condena dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona contra dos agentes municipales por la tortura de un estudiante de Trinidad y Tobago, la decisión de no juzgar a dos agentes de policía “acusados de causar la muerte a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007”, la absolución por el Supremo de dos agentes de la Guardia Civil que habían sido condenados por torturas a Igor Portu y Martín Sarasola en 2008 o la condena de un sospechoso de terrorismo, Ali Aarrass, “extraditado de Marruecos a España en diciembre de 2010 incumpliendo las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos”.